EscucharEl comisión política del Partido Acción Ciudadana (PAC), acordó crear un grupo investigador que determine quiénes fueron los responsables del pago de ¢277 millones a favor del dirigente, Jorge Sibaja Rodríguez, por certificar firmas de manera innecesaria.
Dicha labor se le encomendó al fiscal de la agrupación, Mario Ramírez, quien junto a otras tres personas, -aún por nombrarse-, deberán emitir un informe en el cual se sienten responsabilidades tanto a lo interno como a lo externo de la agrupación.
Incluso, la comisión política no descarta elevar el caso a los estrados judiciales sí fuese necesario, en aras de reponer el monto que se pagó.
Según Ramírez, para determinar los responsables primero se debe aclarar cuáles documentos debían autenticarse, cuáles eran innecesarios y cuál fue la cadena de comunicación entre el PAC y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para saber en qué momento se dio el error.
“Estamos recabando la información, revisando actas y contratos. Acudiremos a la vías penales sí se comprueba que hubo una disminución a propósito (pérdida) del patrimonio del partido. Mediante acciones en el ordenamiento jurídico buscaremos reponer ese dinero”, dijo el Fiscal rojiamarillo.
Si bien las labores de investigación ya arracaron, la comisión debe obtener el visto bueno de la Asamblea Nacional del PAC, que sesionará el próximo sábado.
Ese día, de acuerdo con Ramírez, el objetivo es que los asambleístas acuerpen esas propuestas y propongan nombres de sus integrantes, junto al comité ejecutivo y la comisión política.
El tesorero del PAC, Anthony Cascante, asegura que Sibaja los indujo al error y por ese se autenticaron firmas para trámites ante el TSE que no eran necesarios.
“La comisión debe ser integrada por personas expertas, quienes con criterio establezcan responsabilidades y además determinen la vía legal para recuperar lo pagado, aquí sin duda Sibaja nos indujo al error”, expresó Cascante.
Esta semana, la cúpula del PAC tildó de "vergonzosos" los pagos y decidió excluirlos de la liquidación de gastos que se presentó este jueves al TSE para reclamar su porcentaje de la contribución estatal por las pasadas elecciones.
