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La Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) se enfrenta con su bancada legislativa y con el gobierno de Carlos Alvarado por el plan de empleo público, al cuestionar la inclusión de las universidades públicas en la reforma.
El órgano partidario, encargado de definir los planes y estrategias de la agrupación, asegura que la intención de algunas fuerzas políticas de “incluir” a las universidades “violenta los límites de la autonomía universitaria”.
“Esta garantía constitucional resguarda a la educación superior pública de la influencia directa de los poderes de la República, para que su quehacer se desarrolle en condiciones de libertad y estabilidad”.
“Esta autonomía ha creado el ambiente necesario para la formación humanista de cientos de miles de personas, la construcción de nuevo conocimiento, pensamiento crítico, disenso y creatividad.
“La política salarial de las universidades es también materia de autonomía, en la medida que afecta directamente el desarrollo y alcance de sus funciones sustantivas”, asevera la Comisión Política del PAC.
El cierre del comunicado añade: “No le corresponde entonces al Poder Legislativo intervenir violentamente, sobre todo cuando ello es impulsado por fuerzas histórica e ideológicamente enemigas del papel que las universidades juegan en nuestra economía, nuestra cultura y nuestro bienestar”.
La actual administración es la principal impulsora de la iniciativa elaborada por el Ministerio de Planificación (Mideplán) hace casi dos años, y forma parte de los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Fiscal (FMI) para alcanzar un balance fiscal.
De los 2.200 funcionarios estatales que ganan más que el presidente de la República, el 9% trabaja en universidades estatales. Además, uno de cada dos pensionados de lujo proviene de estas casas de educación superior.
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En las universidades públicas, más de 3.600 funcionarios ganan más de ¢2 millones mensuales.
En la Universidad de Costa Rica (UCR), el porcentaje de funcionarios con ese rango salarial equivale al 24% del personal; en la Universidad Nacional (UNA) al 20% y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) al 31%.
Víctor Morales Mora, legislador del PAC y presidente de la comisión de Gobierno y Administración, donde se tramita el proyecto, sostienen que la reforma debe incluir a la mayor cantidad posible de instituciones.
Así reaccionó al consultarle por el incrementaron de presiones de los rectores universitarios a los diputados, para que excluyan a las casas de enseñanza del plan.
Por su parte, el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, salió este miércoles 17 de enero a desmentir una nota del Semanario Universidad que aseveraba que esa agrupación arriesga la autonomía de las universidades con tal de aprobar la Ley Marco de Empleo Público.
“Es falso y malintencionado el titular de la nota publicada hoy por el Semanario Universidad que, sin ningún tipo de fundamento, indica que el PAC pretende arriesgar la autonomía de las universidades públicas”.
“Creemos y defendemos la autonomía universitaria. Así lo hemos demostrado en diversas coyunturas en las que ha sido amenazado el financiamiento de nuestras instituciones públicas de educación superior”, reaccionó Sánchez en un comunicado, el miércoles.
Excepto a las empresas públicas en competencia como el BCR o el INS, el plan integra al resto del aparato estatal dentro de su ámbito de implementación, incluidas las universidades estatales que reciben recursos de los contribuyentes.
En esa línea, las casas de enseñanza superior estarían sujeta a la aplicación de un salario global con un monto único para evitar el incremento en remuneraciones con pluses salariales, así como a las regulaciones en convenciones colectivas que los legisladores valoran introducir.
En la bancada del PAC, con claridad, solo la diputada Paola Vega ha presentado en dos oportunidades, mociones para eliminar del texto a esas casas de enseñanza.
Durante el primer día de ajustes su iniciativas fueron rechazadas en comisión y en la segunda oportunidad, que se abrió este jueves, presentó otro grupo de propuestas con el mismo sentido.
Sánchez recordó, en su comunicado, que fruto del diálogo con los rectores y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), se encuentran en trámite mociones que respete la autonomía administrativa universitaria, sin que ello desatienda los principio de la ley en discusión.
En esa línea, los diputados de la comisión de Gobierno y Administración analizan establecer dos tipos de rectoría para evitar fricciones no solo con universidades, sino con los gobiernos locales, los poderes Judicial y Legislativo, y el Tribunal Supremo de Elecciones.
La rectoría política estaría a cargo de Mideplán y se encargaría de emitir lineamientos generales de política pública sobre el empleo en el Estado. Esta idea, dijo la ministra de Mideplán, Pilar Garrido, acoge jurisprudencia de la Sala Constitucional.
La rectoría técnica quedaría en poder del Servicio Civil, pero este órgano actuaría en la parte operativa dentro de su eje de acción definido por la Constitución.
En la definición del salario global, por ejemplo, se tomarán en cuenta a las oficinas de recursos humanos de las instituciones para, efectivamente, evitar roces de autonomía, explicó Garrido.
En el comunicado, el Comité Político del PAC, asegura que, desde luego, su defensa a la autonomía universitaria no libra a esos centros de estudio del deber de revisar a profundidad su modelo salarial.
“A efectos de corregir inequidades y abusos, así como para darle un uso más eficiente a los recursos que la ciudadanía pone en sus manos”, agregó.
El Comité Político del PAC lo integran estas 10 personas: Jorge Daniel Vega Gamboa, Mariano Salas Naranjo, Mario Alfaro Rodríguez, Lilliam Arguedas Quesada, Grace García Muñoz, Federico Picado Gómez, Marta Eugenia Solano Arias, Anthony Cascante Ramírez, José Alfredo Chavarría Fennell y Juan Gabriel Pérez Salguera.
