PAC y seis diputados de oposición destinan ¢7.240 millones del ahorro en deuda a gasto en obras

En la discusión del III presupuesto extraordinario del 2020, el Partido Acción Ciudadana (PAC) sumó esfuerzos con seis diputados de oposición, incluido el bloque fabricista, para incorporar al gasto público ¢7.240 millones en vez de dejarlos como ahorro para atenuar el déficit fiscal, como se aprobó en un principio.

El grupo de legisladores aprobó dos mociones de fondo que destinarían esos recursos, en su mayoría, al presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención a carreteras, y un pequeño porcentaje a centros educativos de la Diócesis de Tilarán, Guanacaste.

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El PLN se opuso y señaló intereses particulares en esos avales. Las decisiones se dieron durante el debate del segundo día de mociones de revisión del III presupuesto extraordinario, en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios.

Primero, ese grupo de legisladores aprobó una moción del PAC para girar ¢7.000 millones al Conavi para la atención de vías en provincias como Alajuela, Guanacaste y Puntarenas.

Posteriormente, la bancada de Gobierno y seis legisladores de oposición aprobaron restituir ¢243 millones a centros educativos de la Diócesis de Tilarán, Guanacaste.

Ambas subpartidas eran parte del recorte de ¢44.000 millones al tercer presupuesto extraordinario que, por unanimidad, la comisión de Hacendarios dictaminó positivamente en el mes de octubre, pese a la objeción en ese momento del PAC.

En principio, el Gobierno pretendió incorporar al gasto público, en su mayoría al gasto corriente, ¢51.100 millones del ahorro de la deuda, obtenidos por el pago de tasas menores en los intereses.

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Las tiendas políticas que hoy restituyen una porción de esos recursos, en el mes de octubre decidieron aprobar una moción del PLN que ordenaba sostener la mayor parte de los ahorros para que, luego, se destinen al servicio de la propia deuda. Pero ahora se desdicen.

En aquel momento la comisión solo avaló reponer ¢7.200 millones a la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) que esa institución había dejado como anticipo para la compra de vacunas contra la covid-19, por lo que el ahorro quedó en cerca de ¢44.000 millones.

Este miércoles 3 de noviembre, las cifras cambiaron. Los legisladores Laura Guido y Nielsen Pérez, del PAC; y Oscar Cascante, del PUSC; presentaron una moción para restituir los ¢7.000 millones al Conavi.

La diputada Guido indicó que la idea era abrir la discusión sobre la necesidad de invertir recursos públicos en gastos de capital.

“Sabemos que es una herramienta estratégica para poder no solo resolver necesidades de territorios en materia de infraestructura vial, sino poder tener encadenamientos productivos que va a las comunidades y al espacio lo local”, justificó.

Explicó que parte del dinero sería para la atención de vías comunales afectadas en épocas de emergencias causadas por fenómenos naturales y otras que son de lastre que están en proceso de asfaltado.

La moción fue aprobada con 7 votos a favor y 4 en contra.

Además de Guido, Pérez y Cascante, respaldaron la propuesta Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Socialcristiano (PUSC); y Harllan Hoepelman, del Bloque Nueva República.

Se opusieron Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, diputados del PLN en Hacendarios; y María Inés Solís, del PUSC.

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Posteriormente, se aprobó una moción con 8 votos a favor y 2 en contra.

La iniciativa fue presentada por el fabricista Harllan Hoepelman y tenía la firma de los otros cinco diputados del bloque Nueva República. Esta restituiría ¢243 millones a cuatro centros educativos de la Diócesis de Tilarán.

Aprobaron la iniciativa en Hacendarios, además del fabricista, Guido y Pérez, del PAC; Avendaño y Gómez, del PRN; Cascante y Solís, del PUSC; y el republicano Vargas.

En esta ocasión solo se opusieron Hernández y Delgado, del PLN. Viales no estuvo presente en la votación.

Hoepelman, quien había aprobado el ajuste del presupuesto durante el dictamen, indicó que los recursos forman parte de las transferencias que el Ministerio de Educación Pública (MEP) hace a centros educativos administrados por la Diócesis de Tilarán. Para ello existe un convenio, mencionó.

Añadió que el programa de educación beneficia a unos 1.300 estudiantes y que este se ha mantenido funcionando pese a la pandemia.

“Pueden acarrear una demanda Estado si no se autorizan esos recursos. No es lo mismo recortar ¢44.000 millones que ¢243 millones”, dijo el fabricista, al consultarle sobre las razones de su cambio de posición.

Afirmó que, en su propuesta, no medió una negociación con los diputados de Gobierno.

La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, cuestionó que se estuviera dilapidando un ahorro que la propia comisión avaló.

"Aquí nadie ha dado el fundamento que justifique por qué variaron el criterio cuando se puso sobre la mesa el ahorro. Veo una separación entre intereses generales de los intereses de los costarricenses e intereses particulares.

“Expongo el tema porque no veo una justificación de votar algo diferente del dictamen que subió al plenario y simplemente en silencio, de forma sigilosa, volvemos a utilizar el poco de ahorro en intereses que se generó. Debería ser un ahorro que se sume al esfuerzo, a las señales que debía dar el Gobierno en momentos que nos vamos en tura de tener una deuda del 70% del PIB”, señaló Delgado.

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Ese mismo día la comisión rechazó otras 14 mociones que pretendían incrementar el gasto publico.

La mayoría pedían usar esos ahorros pese a que la Contraloria General de la República advirtió de que, ese presupuesto, a como lo planteó el Gobierno, elevaría el déficit presupuestario a un ‘alarmante’ 11,7% del producto interno bruto (PIB).

José María Villalta, del Frente Amplio, propuso mociones por ¢25.000 millones para aumentar el gasto social; y el PAC pidió variar una norma presupuestaria que permitiría flexibilizar algunas contrataciones de plazas vacantes, así como girar ¢275 millones al Sinart.

Oscar Cascante, del PUSC, pidió hacer movimientos de subpartidas en el MEP por ¢3.000 millones para destinarlos al pago de remuneraciones.

El expediente del tercer presupuesto extraordinario ahora pasa al plenario, donde los diputados pueden reiterar mociones. Si esto no ocurre, sería sometido a discusión en primer debate.