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El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) desechó un fideicomiso por $25 millones de dólares que tenía como destino la construcción de 24 oficinas locales, 13 albergues y una dirección regional. La institución descartó utilizar este dinero debido al atraso de 18 meses en la ejecución, así como la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que encareció el proyecto.
Así lo reconoció la presidenta ejecutiva del PANI y ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo, a la comisión legislativa encargada de estos temas, tras consultas del diputado Jonathan Acuña Soto.
La jerarca explicó que la orden de inicio del fideicomiso se dio el 2 de diciembre del 2019, sin embargo, la unidad ejecutora comenzó labores hasta el 1.° de noviembre de 2021, dos años después, por atrasos en los trámites de contratación pública.
No obstante, tras comenzar labores, la unidad ejecutora le informó al PANI que habría un atraso de 18 meses en el proyecto, según detalló la gerente administrativa de la institución, Guiselle Zúñiga.
“Los recursos (para costear el atraso) están con presupuesto ordinario del patronato, y la institución no tiene contenido presupuestario para dar este recurso adicional en los próximos años”, justificó Zúñiga.
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A esta problemática se sumó que, cuando el fideicomiso se planeó, en 2019, no se contempló que el PANI estaría sujeto al pago del IVA, tras la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018.
Esto, añadió Zúñiga, elevó el precio del proyecto, y los $25 millones ya no serían suficientes.
La ministra López argumentó que, cuando ella entró a sus funciones, en mayo de 2022, solamente se había ejecutado un 4% del presupuesto del proyecto.
Tras todos estos inconvenientes, ella propuso a la Junta Directiva del PANI “cambiar el rumbo” del fideicomiso, pues prefería apostar por un “modelo de desinstitucionalización”.
En este momento se realiza el proceso de cierre de contratos.
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El diputado Acuña aseguró que le preocupa que no se ejecutaran los $25 millones que tuvo a su disposición el PANI, debido a que hay graves carencias en la infraestructura de los albergues.
“Preocupa que la jerarca nos indique que han frenado un fideicomiso destinado a inversiones de este tipo. A fin de cuentas, se afecta a las personas menores de edad. Por eso daremos seguimiento al accionar del PANI para solventar estos graves problemas. Existen personas menores de edad institucionalizadas y van a seguir estando ahí. Las condiciones hoy no son las óptimas”, alertó el congresista.
Durante la comparecencia, Acuña le solicitó a la ministra López que le envíe, por escrito, la planificación de obras que realizará el PANI para suplir las carencias que aún existen en infraestructura.
Además, el legislador invitó a la comisión legislativa a presentar un proyecto de ley para eximir al PANI de la obligación de pagar el IVA.
La Nación consultó al Banco Nacional (BN), entidad encargada del fideicomiso, si el cierre de este conlleva alguna responsabilidad monetaria para el PANI.
No obstante, el banco explicó que “es imposible de conocer, al día de hoy, los costos totales que puede representar, para el Patronato la terminación anticipada de Fideicomiso”.
El BN señaló que el monto total ejecutado hasta el 28 de febrero de 2023 es de ¢535 millones, aproximadamente un millón de dólares.
