EscucharEl Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se quedó sin dinero para pagar a cerca de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) que tienen a su cargo la protección o cuido de 13.000 menores de edad, como auxiliares del Estado.
Gloriana López, presidenta del PANI, afirmó que la institución debe girar al menos ¢2.000 millones mensuales a estos centros y que no será posible posible hacerlo en este mes de agosto.
Estas ONG viven principalmente del dinero que les gira el PANI, además de aportes de la Junta de Protección Social (JPS) y de donaciones privadas.
Sonia Calderón, quien trabaja en el Hogar Infantil de María, en San Pedro de Montes de Oca, dijo que su centro tiene recursos para mantenerse en pie durante un máximo de dos meses (agosto y setiembre). Allí se atiende a 14 niños.
Según dijo, una situación similar viven otros centros, aunque algunos podrían tener más apuro.
Gobierno pide presupuesto extraordinario
El pasado 18 de agosto, el Gobierno le solicitó a la Asamblea Legislativa un nuevo presupuesto extraordinario que cubriría el faltante del PANI para estos hogares que funcionan como redes de cuido o, incluso, como residencia permanente para poblaciones vulnerables. No obstante, los recursos se requieren a partir de este mismo mes de agosto.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios conocieron la solicitud el pasado martes.
La jerarca del Patronato aseguró que, desde su nombramiento en mayo de este año, inició gestiones frente al Ministerio de Hacienda para alertar sobre el faltante que quedó desde que se aprobó en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2022, el año pasado.
Lo solicitado en el presupuesto extraordinario asciende a ¢34.000 millones, de los cuales ¢13.000 millones son para atender a los menores de edad.
El resto es para otras instituciones incluidas en el presupuesto, por lo que los diputados acordaron llamar a audiencia a la presidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López; a la presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León; al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador; así como al titular de Hacienda, Nogui Acosta; y la contralora general de la República, Marta Acosta.
La Nación consultó a la ministra sobre la condición de operación para estas organizaciones y prefirió no hablar en nombre de ellas. Señaló que los responsables conocían de la situación y, en algunos casos, tomaron previsiones.
La jerarca reconoció que la comunicación con estas organizaciones ha sido por escrito, incluida una circular general enviadas a todos, el oficio PANI-PE-CIR-0011-2022.
Recién el miércoles anterior, un grupo de líderes de estos proyectos se manifestó frente a Casa Presidencial para pedir la presentación del presupuesto extraordinario que, para ese día, no había sido presentado.
Recaudación de recursos
Según argumentó López, con mucho esfuerzo, la institución logró ajustar lo suficiente para cubrir el mes de julio (no contemplado en el presupuesto ordinario), pero sabiendo que no podría estirar más el presupuesto para los meses siguientes. Agregó que también hubo afectaciones por la regla fiscal y el hackeo.
López manifestó que el dinero solicitado para el presupuesto extraordinario saldría de partidas del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, aseguró que harán lo posible para avanzar rápido con la propuesta, pero adelantó que los plazos legislativos impedirían tomar una decisión antes del 12 de setiembre.
“El Gobierno sabía de este faltante desde antes, pero hasta la semana pasada lo presentó. Desconozco desde cuándo el Gobierno tiene conocimiento de algún faltante presupuestario en el PANI. El momento de la presentación de un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa es algo que solo compete al Presidente de la República junto con el ministro del ramo”, se sacudió Ramírez
El martes, el jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, aseguró que sabe de la urgencia de avanzar con los recursos para el PANI, pero que, de forma diligente, cumplirán con las audiencias convocadas.
Por tratarse de un presupuesto extraordinario, el proyecto toma prioridad en la Comisión de Hacendarios.
