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La diputada y presidenta del Comité Ejecutivo del Frente Amplio (FA), Patricia Mora, asegura que el congresista Carlos Hernández debe dejar su cargo como diputado, “en el caso de que las instancias judiciales corroboren la presunta agresión doméstica” del puntarenense contra su pareja.
Así lo expuso Mora anoche, en un mensaje a través de la aplicación WhatsApp, ante consulta de La Nación .
La legisladora, quien está de viaje en México, aseguró que Hernández tendría que poner su curul a disposición de la agrupación política, una vez comprobado el hecho que lo tiene ahora con medidas cautelares, entre ellas, mantenerse alejado de su casa.
Además, la jerarca frenteamplista adujo que, mientras se esclarecen los reclamos presentados por la pareja del parlamentario, él se debe separar de sus funciones en el Congreso.
Según Mora, ya el Tribunal de Ética partidario se reunió este lunes para analizar el caso. Indicó que le toca a ese órgano tomar una decisión sobre su continuidad como diputado del FA.
Renuncia. En tanto, el jefe de la fracción parlamentaria, Gerardo Vargas, aseguró que ha buscado insistentemente a Hernández para que le explique los hechos y le entregue una copia de la denuncia en su contra, pero el puntarenense no ha dado señal alguna.
Al jefe legislativo se le consultó por qué no proceden con Hernández tal como lo hicieron con el excongresista Ronal Vargas, a quien, en febrero del 2015, se le exigió renunciar a la curul por una denuncia de acoso sexual.
“Estoy tratando de ver cómo logro conversar con él, para ver su reacción y ver si podemos conseguir una copia de la denuncia, que solo la tienen las partes involucradas”, indicó Vargas.
En el caso de Ronal Vargas, él presentó su renuncia luego de tener un encuentro con el líder del FA, José María Villalta; el jefe de la bancada y el secretario general, Rodolfo Ulloa.
Según Gerardo Vargas, la diferencia con el caso de Hernández radica en que ni siquiera han podido hablar con él ni con la denunciante, como sí sucedió con la asesora legislativa que se quejó de Ronal Vargas, quien, según el vocero del Frente Amplio, “presentó pruebas del acoso”.
Gerardo Vargas censuró el hecho de que, en el caso de Hernández, los canales de comunicación estén cortados y que, a pesar de los intentos de tener un diálogo a través de terceros, a la noche del lunes, 60 horas después de la detención –ocurrida el sábado–, no se había dado la comunicación.
El jefe legislativo dijo que tiene informado a Villalta sobre el asunto y añadió que él no puede tomar una decisión solo. Se buscó conversar con este último, pero no respondió a las llamadas.
Notificado. Ayer se intentó tener detalles sobre el procesamiento que se le dio a Hernández en instancia judicial, pero la oficina de prensa del Poder Judicial indicó que no tenían informes de que las partes ya hayan sido notificadas sobre las medidas cautelares.
Carlos Hidalgo, periodista del Ministerio de Seguridad Pública, informó de que el legislador fue notificado sobre la resolución de medidas cautelares el sábado, antes de ser puesto en libertad.
Incluso, la presunta víctima fue escoltada por la Fuerza Pública ante la jueza que vio el caso, pero ella solo pidió las medidas de protección, según lo establece la ley sobre violencia doméstica.
La pareja del frenteamplista solamente mostró las pruebas de la agresión ante la jueza, pero declinó acusarlo penalmente.
