Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, desmintió la supuesta oposición de su bancada al crédito internacional de $700 millones solicitado por el gobierno para la restauración de infraestructura pública afectada por desastres naturales.
Contratado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), este financiamiento ha recibido críticas en el Congreso debido a su alto costo, principalmente.
Luego de las críticas de los diputados, el BCIE redujo la tasa de interés del 8,87% al 8,64% para la mayor parte del crédito. Para un segmento de $67 millones, también bajó la tasa a un 7,62% y, para otros parte de $43 millones, a 1,5%.
“Desconozco si es parte de la campaña anunciada hace algunas semanas y orquestada desde Casa Presidencial, pero se le ha hecho creer a la gente en las comunidades que Liberación Nacional y otras fracciones se oponen a este crédito; esto es una vil mentira”, dijo Ramírez.
Destacó que la Comisión de Hacendarios está despejando dudas con los jerarcas institucionales y espera tener dictaminado el proyecto antes del 13 de diciembre.
El crédito, pactado a un plazo de 30 años, cubriría la ejecución de 503 proyectos, incluyendo la rehabilitación y reconstrucción de puentes, vías, túneles, así como la reconstrucción de instalaciones educativas y obras viales.
A finales de octubre, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, hizo un llamado urgente a los legisladores para que aprueben el crédito internacional, argumentando que, después de siete meses, no se ha dictaminado en la Comisión de Hacendarios.
“Esperamos la colaboración de los diputados para lograr la aprobación de los recursos que nos permitirán abordar obras urgentes, prevenir tragedias en carreteras, garantizar la seguridad en el tren y proporcionar instalaciones adecuadas para cientos de estudiantes que regresarán a las aulas”, expresó Chaves. Además, destacó el tiempo récord con el que se obtuvo el crédito.
Ajustes se cocinan en comisión
Ramírez subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos y anunció la evaluación de propuestas de cambios en aspectos como el manejo del listado de los proyectos. “No se debe engañar a las comunidades diciendo que están incluidas y después simplemente sacarlas de ahí”, afirmó la diputada.
Respecto a las preocupaciones sobre contratación pública y gobernanza, Ramírez destacó el trabajo para encontrar un equilibrio entre la flexibilidad necesaria para agilizar los proyectos y el resguardo suficiente para garantizar un manejo adecuado de los fondos.
“En la Comisión de Hacendarios, hemos realizado un análisis bastante serio. Este proyecto apenas lo empezamos a conocer el 8 de agosto y está a las puertas de ser dictaminado”, explicó Ramírez. Concluyó: “Quien diga que nos estamos oponiendo, les está mintiendo”.