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El diputado socialcristiano Pedro Muñoz denunció este jueves que seis legisladores de Liberación y de Unidad fueron los que impulsaron, el miércoles, en votación secreta, un candidato sorpresa para el cargo de magistrado de la Sala III, el cual no había participado en el concurso para el puesto.
Del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló a los alajuelenses Roberto Thompson, María José Corrales y Daniel Ulate, a quienes atribuyó haber votado por el juez del Tribunal de Juicio de San Ramón, Gregorio José Briglia Peralta, en la primera ronda de votaciones, para magistrado penal. Se trató de una votación secreta.
En cuanto al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Muñoz dijo en el plenario: “Comienzo por aceptar la responsabilidad mía, porque tres votos de la Unidad se fueron a favor de don Gregorio Briglia. Preocupa la dirección que está tomando esto. Por eso, les pido a las otras fracciones que tienen responsabilidad, que se responsabilicen”.
En ese primer acto, el juez de San Ramón de 39 años recibió 12 votos, pese a que no participó en el concurso para elegir al sustituto del exmagistrado penal Carlos Chinchilla, y pese a que fue descalificado en otro concurso para la misma Sala por no presentar la documentación requerida.
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“Tengo de bueno conocimiento que el diputado Thompson Chacón, el diputado Ulate y la diputada María José Corrales votaron a favor del señor Briglia. También tengo conocimiento de que diputados de Nueva República también lo hicieron de esa manera”, dijo el socialcristiano.
Agregó que tampoco acepta que, a raíz de ese acto de sacarse un candidato de la manga, que ahora “vengan a rasgarse las vestiduras y proponer o apoyar la solicitud del PAC de que las votaciones sean transparentes”.
Corrales: ‘Tenga los pantalones de demostrar que yo voté por un nombre que no fue el que le dije a mi jefa de fracción’
La primera que reaccionó a las palabras de Muñoz fue María José Corrales, quien desde el plenario le exigió al socialcristiano las pruebas de su acusación, pues alegó que ella tiene, como prueba de su voto, una fotografía que tomó en ese momento: en ella aparece el nombre del candidato Álvaro Burgos.
“Tengo la fotografía de mis votos, porque como fracción tomamos un acuerdo. Que su fracción no cumpla sus acuerdos, no es mi problema. Pero esta fracción ha sido firme, se ha mantenido como un bloque. Si usted tiene argumentos para decir que esta diputada se levantó y anotó un nombre, que no fue el que mi jefa de fracción y yo conversamos, demuéstrelo", reclamó airada la sancarleña.
“Si no, hágame el favor y no tenga... No, no lo voy a decir como lo iba a pensar... No, se merece respeto y es una persona, pero tenga los pantalones de demostrar que yo voté por un nombre que no es el que le dije a mi jefa de fracción”, añadió Corrales.
Thompson, quien estaba fuera del plenario cuando Muñoz lo acusó, refutó el señalamiento a través de su cuenta de Twitter.
“¡Falso! Que lo demuestre el diputado Muñoz. Y adelanto, votaré a favor cualquier iniciativa que elimine el secretismo en la votación, incluyendo el pendiente del próximo martes. Entrémosle ya a la reforma reglamentaria”, apuntó el diputado verdiblanco.
A través de un mensaje por WhatsApp, añadió que se trata de una cortina de humo de Pedro Muñoz, para “evitar asumir la responsabilidad de votar la reforma para eliminar el secretismo de las votaciones”.
Daniel Ulate, diputado originario de San Ramón, negó que él haya votado por Briglia y menos haber gestionado esos 12 votos para el candidato a magistrado misterioso. Incluso, dijo que respeta a Pedro Muñoz.
“Parece que él tiene alguna bola de cristal dentro de sus argumentos. Creo que es un show político, que están tratando de generar. Si tuviéramos una reforma, en una realidad, habría transparencia y el ciudadano se daría cuenta de las votaciones con total transparencia”, dijo.
Ulate alegó que espera que los jefes de fracción tomen una decisión, la próxima semana, sobre la posibilidad de replantear el mecanismo para las votaciones. Además, negó que conozca personalmente a Briglia y adujo que solamente sabe que trabaja en San Ramón.
Aunque haya negado que hubiera votado por él, reconoció que sabe dónde trabaja y apuntó que únicamente se ha dedicado a “revisar los atestados de todas las personas”.
El miércoles, luego de cuatro rondas de votación, ningún candidato alcanzó los 38 votos necesarios para ocupar el cargo de magistrado de la Sala de Casación Penal.
En la última votación, Álvaro Burgos obtuvo 32 votos, Sandra Zúñiga, nueve; Gustavo Jiménez, siete; Gregorio Briglia, dos; y Gerardo Alfaro, uno.
El surgimiento del candidato inesperado, que no estaba entre los recomendados y evaluados por la Comisión de Nombramientos, desató la indignación entre las bancadas legislativas.
El proceso se llevó a cabo en secreto. El presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, argumentó que el reglamento legislativo así lo establece, aunque diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) reclamaron que el voto fuese público con base en un reciente fallo de la Sala IV que declaró inconstitucional el secretismo en los procesos en los votos de censura y sanciones a funcionarios, así como en el trabajo de la comisión de honores.
