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Si tienen la voluntad de hacerlo, los diputados disponen de un amplio margen para recortar las pensiones de lujo, las cuales demandan miles de millones de colones a los contribuyentes cada año.
En el 2018, las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) y de los regímenes de Gobierno que se cargan al Presupuesto Nacional demandaron ¢740.000 millones.
Sin embargo, por concepto de contribuciones solidarias solo se les rebajaron ¢6.000 millones, lo que equivale a un 0,8%.
Al sumar estas contribuciones y las cotizaciones –ambos montos que se trasladan al Ministerio de Hacienda– las deducciones alcanzan ¢46.000 millones, que corresponde a un 6% del gasto que representan.
Entretanto, al grupo que más recibe, con jubilaciones que van de ¢1,6 millones a ¢14 millones, hoy solo se le rebaja un 12% de sus ingresos mediante el cobro de cotizaciones y contribuciones solidarias, aunque el Gobierno sostiene que es posible deducir hasta un 55% de las pensiones brutas, según un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si los diputados decidieran elevar los aportes solidarios hasta que representen un 11% del gasto total (en vez de 0,8%) por ejemplo, los contribuyentes se ahorrían ¢74.000 millones adicionales al año.
Para ello, se necesitaría que las contribuciones especiales recuperen entre el 20% y el 35% del monto que consumen las jubilaciones más caras.
El peso de cada régimen
Una eventual reducción del gasto en jubilaciones de lujo pasa necesariamente por tocar el Régimen Transitorio de Reparto, es decir, el de los docentes que entraron a laborar antes de 1992. Este es el que más dinero exige.
Si estas pensiones no son recortadas, el ahorro no será significativo.
De los ¢740.000 millones que costaron estas pensiones el año pasado, ¢600.000 millones corresponden al régimen del Magisterio y ¢140.000 millones a los de Gobierno y Exdiputados.
Así lo constató este medio al analizar las bases de datos de los 61.000 pensionados del 2018.
El régimen de Reparto del Magisterio tiene unos 43.000 beneficiarios y, de estos, un pequeño grupo de 6.200 personas se lleva más de una tercera parte del dinero: ¢225.000 millones.
Se trata de 1.860 personas con pensiones entre ¢2,7 millones y ¢12 millones, así como 4.400 beneficiarios con jubilaciones entre ¢1,6 millones y ¢2,7 millones.
Al primero de estos grupos, el más caro, solo se le deduce un 12% del gasto mediante el cobro de cotizaciones y contribuciones solidarias. Por este último rubro, el gasto apenas se reduce en un 2,5%.
El problema está en que la ley actual del Magisterio solo permite cobrarles cotizaciones solidarias a quienes tengan pensiones superiores a ¢3,9 millones, el equivalente al salario de un catedrático universitario con 30 anualidades y dedicación exclusiva.
En esas condiciones, es mínimo el grupo al que se le puede rebajar un aporte especial, solo unos 760, aunque hay más de 6.000 pensionados del Magisterio que reciben montos superiores a la pensión máxima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS: ¢1,6 millones.
Además, incide el hecho de que 325 exdocentes, con pensiones superiores a ¢3,9 millones, se libraron de pagar cotizaciones solidarias mediante resoluciones en tribunales que, ahora, el Consejo de Gobierno trata de revertir con ayuda de la Procuraduría General de la República, informó el ministro de Trabajo, Steven Núñez.
Por otra parte, al grupo más caro se le deduce un 9,4% del gasto por cotizaciones.
Al segundo segmento, el de las pensiones de ¢1,6 millones a ¢2,7 millones, se le reduce un 8,1% por cotizaciones y no se le cobra contribución solidaria.
En el grupo más caro, el ingreso promedio es de ¢4,1 millones y la deducción promedio por cotizaciones y contribuciones es de ¢530.000, mientras que en el segundo el ingreso medio es de ¢2 millones y la deducción, de ¢178.000.
En el caso de las pensiones de Gobierno y Exdiputados, unos 380 beneficiarios reciben entre ¢2,7 millones y ¢14 millones, al tiempo que unos 1.230 cobran entre ¢1,6 millones y ¢2,7 millones.
Al primero de estos grupos se les deduce más dinero en comparación con los pensionados del Magisterio. Por contribuciones solidarias, se les rebaja un 14% del gasto, según una reforma aprobada en el 2016.
Al segundo segmento no se le rebajan contribuciones solidarias.
En cuanto a cotizaciones, al grupo más caro se le descuenta un 13,4% y al siguiente, un 12%.
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Amplio margen para recortar pensiones de lujo
De los ¢740.000 millones que demandaron las pensiones de lujo en el 2018 al Gobierno, los beneficiarios hacen aportes muy pequeños en comparación con el monto recibido.
FUENTE: BASES DE DATOS DE PENSIONES DE REGÍMENES DE GOBIERNO Y TRANSITORIO DE REPARTO DEL MAGISTERIO DEL 2018 || C.F. / LA NACIÓN.
El problema de fondo
Todas estas jubilaciones tienen el problema de que conceden beneficios muy altos en cuanto al cálculo de la pensión y la edad de retiro.
Además, carecen de un fondo de ahorro, por lo que todos los contribuyentes terminan pagándolas con sus impuestos aunque no se beneficien de ellas.
No es que los beneficiarios no hayan cotizado o no coticen. Sí lo hicieron y los que aún no se pensionan lo hacen, pero existen dos problemas.
El primero es que sus cotizaciones jamás alcanzarían para pagar pensiones con condiciones tan ventajosas, como recibir hasta el 100% del mejor salario.
Los del régimen de Reparto del Magisterio le cotizan al Gobierno a partir de un 8,75% del salario en forma escalonada: a mayor salario, mayor cotización. En el último tramo, por ejemplo, se paga un 16%.
Sin embargo, estudios recientes de la Contraloría General de la República señalan que, en general, las cotizaciones para las pensiones cargadas al Presupuesto Nacional solo cubren el 8% del gasto. El 92% restante se paga con impuestos.
El segundo inconveniente es que, ante la falta de un fondo de pensiones, muchos beneficiarios de los regímenes de Gobierno cotizaron para el régimen de IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y este no le transfiere al gobierno el dinero que aportaron.
Proyecto permitiría gravar más de 2.900 pensiones de lujo
Uno de los proyectos más avanzados para reducir el gasto en pensiones de lujo es el de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional.
El expediente 21.035 propone cobrar contribuciones solidarias a todas las jubilaciones que estén por encima de ¢2,2 millones.
En el caso del régimen de Reparto del Magisterio, este cambio permitiría gravar unas 2.300 pensiones que hoy están fuera del rango para pagar aportes solidarios, pues son inferiores a los ¢3,9 millones.
En el caso de los regímenes de Gobierno, el cambio abriría la puerta para gravar unas 600 jubilaciones que están por debajo de los ¢2,7 millones, monto a partir del cual se cobra aporte solidario en estos sistemas.
El plan de la diputada Rodríguez permitiría exigir contribución especial a más 2.900 personas con pagos superiores a los ¢2,2 millones.
Este proyecto también es extensivo al régimen de pensiones del Poder Judicial, en donde los aportes solidarios se pagan a partir de los ¢4 millones.
Los aportes especiales se cobrarían sobre el monto que se exceda más allá de los ¢2,2 millones. Mientras más alta sea la pensión, más se pagaría. Sobre los primeros ¢550.000 que se excedan, por ejemplo, se cobraría un 25% y, sobre cualquier monto por encima de ¢5 millones, un 65%.
La legisladora Rodríguez relató que la Dirección Nacional de Pensiones prometió hacer un cálculo del ahorro que generaría este proyecto.
Esta información fue confirmada por Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones
Mora afirmó que sí es posible aumentar la cantidad de personas que deben pagar contribuciones solidarias, siempre que las deducciones no superen el 55% de la pensión bruta tomando en cuenta también cotizaciones, impuestos, seguro de salud y cualquier otra reducción ordenada por ley.
“No hay problema siempre y cuando se respete el principio de no confiscación”, dijo el funcionario.
Traslado al IVM
Otro proyecto, presentado por el actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, pretende pasar al régimen de pensiones del IVM a los funcionarios públicos que todavía podrían pensionarse mediante alguno de los regímenes de Gobierno.
La idea es que se jubilen con las condiciones del IVM porque cotizaron para este sistema.
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El cambio evitaría que el Gobierno tenga que recurrir a impuestos o a deuda pública para pagarles pensiones mayores, fijados en regímenes antiguos, con el agravante de que el IVM no le pasa el dinero que estas personas aportaron durante su vida laboral.
Para ello, se habilitaría un periodo de 18 meses, a partir de la publicación de la ley, en el que solo podrían pensionarse con los viejos regímenes quienes tengan 65 años de edad y 30 años de servicio. Pasado ese plazo, nadie más entrará y todos serán pasados a la CCSS.
Si alguien cotizó más de lo que exige el IVM, se le devolverá la diferencia con intereses.
Mora dijo que el proyecto es posible porque lo que estos funcionarios tienen es una “expectativa de derecho”.
Tope de ¢1,6 millones
Un tercer texto, de la diputada liberacionista Franggi Nicolás, propone que, al recibir cualquier pensión, nadie podrá superar el monto de la pensión más alta pagada por el IVM. Actualmente, este régimen tiene un tope de ¢1,6 millones en condiciones ordinarias, y unos ¢2,2 millones si la persona posterga el retiro.
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala IV ha establecido que los topes no pueden aplicarse si la jubilación fue concedida antes de que se fijara el techo.
El plan de Nicolás, además, dice que nadie podrá pensionarse antes de los 60 años.
Nicolás dijo que, recientemente, recibió a una delegación del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) preocupada por el proyecto.
“En lo personal seguiré avanzando con el proyecto, pero también creo que es necesario dialogar para buscar que los ajustes que finamente se aprueben sean justos y proporcionales”, dijo.
