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Un grupo de periodistas independientes nicaragüenses, exiliados en Costa Rica, se plantó este jueves frente a la embajada de su país en San José para denunciar una nueva “Ley Mordaza” que propone el gobierno de Daniel Ortega.
La iniciativa, denominada proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, busca, supuestamente, “descontaminar” la comunicación en ese país, aunque los periodistas destacan que persigue censurar toda forma de información en Nicaragua.
El presidente promulga por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad para controlar las redes sociales en Nicaragua y aumentar la censura que sufren los comunicadores en el país del norte.
Además, prepara todo un paquete de leyes que, según analistas, servirían para neutralizar posibles nuevas protestas de cara a un año electoral en el que busca su reelección.
Las iniciativas generaron duros cuestionamientos de defensores de derechos humanos dentro y fuera del país, que los calificaron como represivos y contrarios a la libertad de prensa y expresión.
“Rechazamos la Ley Mordaza y declaramos nuevamente, como lo hacemos todos los días, que Nicaragua es de Cristo”, expresó la periodista nicaragüense Lucía Pineda en la manifestación de este jueves.
El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua, integrado por propietarios y directores de medios de comunicación, editores, columnistas, camarógrafos, caricaturistas y blogueros, también denunció los nuevos ataques y agresiones contra el periodismo independiente en su país.
Apuntó que esta nueva ley busca controlar y censurar la información en Internet, “el único espacio de libre comunicación que los dictadores no pueden dominar”.
“Con esta nueva iniciativa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amenaza no sólo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país.
“Ahora, toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información, amenaza que se cierne incluso sobre los nicaragüenses residentes en el exterior”, declaró.
El artículo 25 de la Ley Especial de Ciberdelitos, castiga con penas de cinco a ocho años de cárcel a quien “revele información pública clasificada como reservada” y ponga “en peligro la seguridad soberana del Estado”.
El Foro destaca que con esto se intenta impedir las investigaciones periodísticas, violentando el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio.
El artículo 30 de la ley receta de dos a cuatro años de prisión a quien “usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, terror o zozobra en la población”.
La prensa independiente señala que este artículo deja a discreción de los operadores políticos del régimen determinar qué es una “noticia falsa”, así como la definición de conceptos como “alarma”, “terror” y “zozobra”, con el objetivo de criminalizar, atemorizar y censurar a los nicaragüenses.
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Los periodistas también denunciaron el cierre de más de 20 espacios radiales y televisivos, y la censura televisiva impuesta por el mandato de Ortega desde 2018.
“Exigimos justicia para las más de 328 víctimas de la masacre perpetrada contra la población civil por fuerzas del gobierno durante las protestas cívicas de abril de 2018, entre ellos el periodista Ángel Gahona, asesinado a sangre fría en Bluefields cuando realizaba su trabajo informativo”, agregaron en su pronunciamiento.
La situación del gobierno del presidente de 74 años “no es favorable para su permanencia en el poder y lo lleva a implementar leyes represivas en su desesperación de controlar al movimiento social, evitar una segunda ola de protestas”, según dijo a la AFP el sociólogo y analista Óscar René Vargas, exiliado en Costa Rica.
Los adversarios de Ortega lo acusan de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El exvicecanciller José Pallais opina que el presidente pretende “imponer el terror, el miedo y paralizar toda expresión de oposición”.
