El Poder Judicial pidió a los diputados reformar un artículo de la ley que creó el Código Procesal de Familia que entrará a regir el próximo 1.° de octubre, porque la nueva norma aumentará los plazos para resolver las solicitudes de autorización de salida del país de menores de edad cuando exista un desacuerdo entre los padres sobre el otorgamiento de estos permisos.

“Bajo las reglas actuales, si un papá o una mamá necesitan salir del país con su hijo menor de edad y su pareja, o expareja, no autoriza la salida, puede venir a los Juzgados de Familia y por la aplicación de la regla actual, el modelo del procedimiento permite que, dentro de dos o tres semanas, la persona pueda tener una respuesta sobre si puede sacarlo o no.

“Este Código Procesal de Familia traslada esa solicitud de salida del país a un proceso que tiene dos audiencias, lo que impediría obtener la respuesta en dos semanas. Ahí vimos que esta nueva norma, en ese punto específico, representa un retroceso”, explicó Eddy Rodríguez Chaves, magistrado suplente de la Sala Segunda.

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Las solicitudes de permiso de salida del país tendrán que someterse a un proceso resolutivo familiar que consta de una etapa inicial escrita y dos audiencias orales.

La Corte Suprema de Justicia planteó enmendar este procedimiento antes de que entre a regir el nuevo Código Procesal de Familia, mediante el expediente legislativo 24.131.

El proyecto pretende introducir mejoras, o aclaraciones, en cerca de 50 artículos con el fin de agilizar los procesos judiciales.

La iniciativa también incluye la derogatoria del Fondo de Pensiones Alimentarias, el cual fue declarado inviable por la Corte Plena.

En cuanto a los permisos de salida de menores de edad, la enmienda se haría al artículo 16 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el cual fue ajustado en la ley que la Asamblea Legislativa avaló, en el 2019, para aprobar el Código Procesal de Familia.

En lugar del proceso con una etapa inicial escrita y dos audiencias orales, el proyecto de la Corte plantea que se mantenga el procedimiento de protección establecido en los artículos 238, 239 y 240 del Código, lo que, según Rodríguez, permitiría regresar a un plazo estimado de 15 a 22 días para resolver una solicitud de permiso.

El artículo 239 indica que una vez recibida la solicitud señalada en el numeral 238, y de considerarse procedente, se dictarán, sin mayor trámite, las medidas provisionales que la autoridad judicial considere oportunas.

Si en los cinco días siguientes a la última notificación una de las partes expresa su desacuerdo con lo ordenado, el juzgado, en un periodo de 15 días, deberá convocar a una audiencia para evacuar las pruebas correspondientes.

Una vez recibida la prueba, el juzgado procederá de inmediato al dictado de la parte dispositiva de la sentencia, cuya integralidad debe ser notificada en tres días, según lo dispuesto en el artículo 240.

Prórrogas permitieron identificar mejoras

Eddy Rodríguez aseguró que es normal que se propongan mejoras en este tipo de normativas y mencionó que lo mismo ocurrió con las reformas a los códigos procesales Penal, Civil y Laboral.

“Ahora nos está pasando a nosotros, tal vez la diferencia es que, por las dos vacancias (prórrogas para la entrada en vigor), tuvimos más tiempo para analizar a profundidad el Código”, explicó.

Rodríguez reiteró que la idea detrás de estas modificaciones es resolver aspectos puntuales que podrían ser problemáticos cuando se comiencen a implementar, ya sea por la forma en que se redactó la norma o por cómo se podría interpretar.

Igualmente, el tiempo transcurrido entre el momento en que se comenzó a redactar el Código, cerca del 2010, y su entrada en vigor, tuvo un papel fundamental en algunas de las mejores propuestas.

Ocurrió así porque hay recursos tecnológicos que se han hecho más comunes y pueden ayudar a bajar los plazos, como el uso de la firma digital o la implementación de audiencias virtuales.

Este es justamente el caso de la reforma propuesta en el artículo 51.

Una espera de 30 días

En su versión actual, el numeral le permite al abogado asistir a una audiencia judicial sin su representado y que pueda proponer un acuerdo.

Si los demás involucrados coinciden, el acuerdo se firma, pero da un plazo de espera de hasta 30 días hábiles para que la parte que no estuvo presente llegue a ratificar lo pactado.

“¿Por qué se puso en su momento 30 días hábiles? Porque se pensó en la persona que vive fuera del país, entonces para dar ese chance. Hoy, con la firma digital, Internet y todo el desarrollo de las audiencias virtuales, una de las propuestas que estamos haciendo es reducir ese plazo a cinco días”, detalló el magistrado suplente.

Rodríguez señaló que ese es el tipo de reformas que impulsa el proyecto de ley para dar efectividad al proceso y evitar que la norma se convierta en un obstáculo para la justicia pronta.

El objetivo va en sentido contrario: “Que sea una norma que facilite la respuesta rápida del sistema judicial”, dijo el magistrado.