El Gobierno de Rodrigo Chaves confirmó este jueves, mediante un comunicado de prensa, que volverá a usar la red conocida como “AA Costa Rica” en nuevos estudios para determinar la viabilidad de la reactivación de la pesca de arrastre de camarón en el suelo marino.
Este instrumento de pesca fue el mismo que se implementó en los estudios del 2018, cuyos resultados fueron rechazados por organizaciones académicas y ambientalistas, al argumentar falta de rigurosidad científica durante el proceso.
La conclusión de los estudios, defendidos por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), era que por cada tonelada arrastrada en el lecho marino, se capturaba un 75% de camarón y un 25% de otras especies, como peces y tortugas, lo que se conoce como pesca incidental.
Científicos señalaron que el estudio se realizó en un periodo muy corto de tiempo (tres meses) y exclusivamente en la entrada al Golfo de Nicoya, por lo que consideran que los estudios no son representativos para la pesca a lo largo de la costa del Pacífico de Costa Rica.
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Aquellos resultados justificaron la aprobación de un proyecto de ley para la reactivación de esa pesca, en el 2020. Sin embargo, el decreto legislativo fue vetado por el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, en el mismo año.
En setiembre pasado, el mandatario Rodrigo Chaves anunció que se realizarían nuevos estudios, para la posible reactivación de esa actividad extractiva.
Este miércoles, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) e Incopesca anunciaron que se usará la misma red del experimento anterior.
Las instituciones señalaron que afinan los procesos para estudiar “una nueva arte de pesca de camarón de profundidad, conocida como AA”. Minae señaló que esa red cuenta con cuatro dispositivos excluidores de peces y un dispositivo de exclusión de tortugas.
No obstante, la Fundación MarViva recordó que, en los anteriores estudios, la academia concluyó que los análisis de Incopesca eran incorrectos y que se reportaron “altos porcentajes de fauna de acompañamiento y capturas de camarón por debajo de las tallas mínimas”.
Para el nuevo experimento, la organización considera que los estudios carecen de rigurosidad científica y que están encaminados a justificar el reinicio de la pesca de arrastre, pese al daño que produce en el lecho marino y a los pescadores artesanales.
Marviva cuestiona que los lances de las redes se realicen “en aquellos sitios donde tradicionalmente se ha pescado”, en vez de hacerlo en lugares aleatorios.
8 barcos semiindustriales
En el nuevo estudio, participarán ocho embarcaciones semiindustriales. A pesar de que se consultó, Incopesca no aclaró cómo seleccionaron dichas naves ni cuál fue el criterio científico para establecer esa cantidad.
Las instituciones informaron de que los análisis se realizarán a partir de este año hasta 2024, en la costa del Pacífico, después de cuatro millas náuticas y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas y de las Áreas de Pesca Responsable.
También, menciona que podrán participar organizaciones no gubernamentales y la academia.
Fundación MarViva denunció, en enero pasado, que Incopesca excluyó a ambos sectores de la etapa preparatoria de los estudios y que únicamente los convocó a una sesión informativa con datos escuetos.
Jorge Arturo Jiménez, director de dicha organización no gubernamental, denunció que el Gobierno pretende reactivar la pesca de arrastre en el lecho marino “de forma solapada” y en el “oscurantismo”.
“Contra viento y marea, el Gobierno va a iniciar un estudio que está predefinido para demostrar la sostenibilidad de la pesca de arrastre. Después de gastar varios millones de los contribuyentes, llegaremos en dos años a decir que este estudio demostró que es muy sostenible, sustentable toda la metodología, y que tiene que haber un proyecto de ley para reactivar la pesca de arrastre.
“Mientras tanto, durante estos dos años, se estará vendiendo camarón de arrastre con el beneplácito del Gobierno”, argumentó el científico.
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El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, aseguró, por el contrario, que el proceso se realizará de forma transparente, porque Costa Rica es un país “que cuida los océanos, el ambiente y que cree en el progreso sostenible”. Sostuvo que el Minae se cerciorará “de que sea la ciencia y la técnica quien nos guíe”.
En el comunicado de Minae, se menciona que se ha invitado a las organizaciones no gubernamentales a participar del proceso. No obstante, MarViva desmintió a las autoridades.
Katherine Arroyo, gerenta de Incidencia Política de la Fundación MarViva, afirmó: Hubiera sido valioso que los impulsores de la iniciativa buscaran la colaboración de la academia y de las organizaciones desde un inicio, desde el planteamiento de la metodología; así hubiera sido un proceso científico, transparente y participativo desde el comienzo.
“Sin embargo, contrario a lo indicado en el comunicado, las organizaciones no fuimos participadas, sino simplemente informadas en una reunión conducida por el Incopesca. Cuando el estudio fue socializado, ya había sido aprobado por la Junta Directiva de Incopesca”.