EscucharAlberto Vargas Zúñiga, el creador del trol Piero Calandrelli, acudió este jueves al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar las amenazas que, según asegura, empezó a recibir después de su comparecencia del miércoles en la Asamblea Legislativa.
Vargas denunció que, tras declarar ante la comisión que investiga el financiamiento de los partidos en la campaña pasada, se intensificaron las intimidaciones que recibe desde que reveló, a finales de diciembre, que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le pagó por atacar a periodistas y personas críticas de su gestión.
Indicó que las amenazas de las últimas horas provinieron, en particular, de un número de WhatsApp y de varios usuarios de Facebook, mediante el chat Messenger.
Reportó, además, que en la noche del mismo miércoles un sujeto desconocido llegó a buscarlo a su casa. La denuncia la presentó el jueves por la mañana, en San José, ante la Sección de Delitos Varios del OIJ y se tramita bajo el expediente N.° 23-001107-0042-PE.
Vargas les entregó a los investigadores del OIJ capturas de pantalla de varios de los mensajes intimidatorios que recibió en las horas posteriores a su comparecencia. Una provino del número de WhatsApp 8881-9482. El texto dice: “Muerdase porque vamos por usted pilas de una (sic.)”.
Entre los mensajes recibidos por el Messenger de Facebook, el usuario Dani Obando le dice: “Te estamos buscando”, junto a un emoji de una calavera; y otro procedente de Salazar Brayan, quien escribió: “Hey bastardo de mierda si me lo topo de frente pidale a Dios solo a él de que no lo reviente todito Bastardo (sic.)”.
El administrador de Piero Calandrelli no identificó a la persona que, según dijo, fue a buscarlo a su casa: “Al ser las 19:30 horas aproximadamente, según me indicó una vecina, un sujeto llegó a buscarme a mi casa, solo preguntó por mí y mi vecina al decirle que no había nadie en mi casa, él se fue”, se consignó en la denuncia, de la cual Vargas entregó una copia a La Nación.
El creador de contenido en redes sociales aseguró que las amenazas empezaron a llegar desde que su caso se hizo público: “Me indicaban que no siguiera denunciando al Gobierno por medios de comunicación o habrían consecuencias”, se puede leer en la denuncia que tramita la Policía judicial.
Ante la consulta que le remitió este medio, le oficina de prensa del Organismo indicó que, en apego al Código Procesal Penal, la información sobre las denuncias que recibe la institución es privada.
Medidas de protección
Durante la audiencia del miércoles, Vargas declaró bajo juramento que desde la Casa Presidencial se dirige la operación de una red de troles progobierno, quienes hacen propaganda a favor del Poder Ejecutivo y lanzan ataques contra medios de comunicación, periodistas y diputados de oposición, principalmente.
El trol también reveló que recibió la instrucción de endurecer los ataques contra Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, luego de que esta denunciara que recibió un ofrecimiento del oficialismo de cargos o embajadas a cambio de su voto para el proyecto de eurobonos.
Además, contó que pasó varios días fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), por seguridad, a causa de las amenazas que ha recibido. Ante estas declaraciones, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio solicitaron brindarle protección.
Por medio de una moción aprobada este jueves, los legisladores de la comisión que investiga el financiamiento de la campaña pasada le pidieron a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, interceder para que el Gobierno brinde “protección a la integridad física del señor Vargas Zúñiga”.
El Poder Judicial cuenta con una Oficina de Atención a la Víctima del Delito, a la cual se remiten personas desde el OIJ, la Fiscalía y dependencias del Poder Ejecutivo, como el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y la Fuerza Pública.
José Ángel Peñaranda Chaverri, fiscal adjunto de la oficina, explicó, en diciembre pasado, en el espacio radiofónico Frecuencia MPR, de la Fiscalía, que los usuarios de dicho programa, por lo general, son víctimas o testigos de delitos de violencia contra la mujer; o de amenazas agravadas, en los que haya riesgos para la vida del usuario o de sus familiares.
De acuerdo con Peñaranda, cuando se declara que la protección es necesaria, se pueden dictar medidas como el traslado de domicilio, la asistencia de la policía o la emisión de recomendaciones específicas.
