EscucharLa diputada Pilar Cisneros, jefa del partido oficialista, defendió la idea de adjudicar contratos de obra pública, aunque sea “a dedo”, mediante un proyecto de ley duramente criticado por la contralora general de la República, Marta Acosta.
Esa fue la reacción de Cisneros después de que sus pares Rocío Alfaro y Francisco Nicolás, del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN), expresaron preocupación por las observaciones de la contralora sobre el proyecto, expuestas el miércoles en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Marta Acosta cuestionó la reforma legal propuesta por el gobierno para permitir que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financie y construya los edificios de Ciudad Gobierno sobre terrenos públicos, por $450 millones, y luego cobre al Estado por el uso de los inmuebles durante 25 años.
La contralora advirtió de que el plan crearía una figura llamada “arrendamiento alternativo”, la cual abriría la puerta para contratar obras públicas escogiendo a las empresas contratistas a dedo, sin acatar los controles legales y constitucionales vigentes que ordenan encontrar la mejor oferta.
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La diputada frenteamplista hizo énfasis en el riesgo de las adjudicaciones discrecionales, sin respetar concursos. Entonces, Cisneros dijo: “Yo no sé por qué la diputada Alfaro se preocupa por eso; yo estaría saltando en un pie, porque el hospital de Cartago ya está financiado, pero no hay financiamiento para el hospital de Guápiles ni para el hospital de Limón. Con este esquema, perfectamente lo podríamos desarrollar y dejaríamos de pagar..., a dedo o no a dedo. A ver, hay que resolver el problema de la obra pública”.
Alegó que, en el caso de Ciudad Gobierno, el proyecto “es una inversión a cuenta y riesgo del BCIE que Costa Rica no va a tener que pagar”. Sin embargo, los terrenos son públicos y el Estado sí tendrá que pagar por el alquiler de los inmuebles.
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La jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) dejó ver que se pretendía utilizar ese mecanismo de excepción no solo para el proyecto de Ciudad Gobierno, sino también para construcción de hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, ha dicho que con este mismo sistema podría construir ya, por ejemplo, el hospital de Limón y el de Guápiles”, insistió Cisneros.
Por ese comentario de Cisneros, la frenteamplista Rocío Alfaro expuso su preocupación.
“Me despierta una alarma que se diga que el proyecto también está pensado para las contrataciones de construcción de hospitales. Me preocupa mucho que se estén haciendo números para hacer obras tan importantes para la población sin concurso público”, dijo Alfaro.
A esa preocupación se unió Francisco Nicolás, también por la posibilidad de que se hagan aeropuertos. “De todo, porque la norma sería demasiado abierta, desafectaría en forma genérica bienes demaniales”, señaló.
Ya la contralora le había advertido al presidente de la República, Rodrigo Chaves, de que no se puede utilizar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para que un tercero construya un inmueble sobre bienes públicos y luego se los alquile al Estado, por lo que el gobierno pretende entonces reformar ese numeral, y emplearlo como un traje a la medida para esa obra, financiada por el BCIE.
El proyecto 24.100 reformaría los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública.
Marta Acosta señaló que el mecanismo planteado carece de asidero legal y podría ser inconstitucional. Dijo que abriría un “boquete” en la normativa, permitiendo usar la figura para obras en carreteras, aeropuertos, hospitales, solo con una autorización administrativa, sin necesidad de aval de la Contraloría o de la Asamblea Legislativa, en caso de que se financie por empréstito internacional.
El proyecto agregaría tres párrafos al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, el cual regula la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
En el último párrafo, se crearía la figura del arrendamiento alternativo. Además, dice que el arrendamiento de bienes por construir podrá pactarse para obras que se desarrollen sobre bienes públicos, ya sea en propiedad de la administración arrendataria o de otros entes y órganos públicos.
