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Un proyecto de ley que se discute en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa prohíbe que se presente a la mujer como un objeto sexual en las portadas y contraportadas de los periódicos, para motivar sus ventas en el país.
Se trata del expediente 21.375, que modifica la ley 5811 de 1975, la cual regula la propaganda que utilice la imagen de la mujer. La reforma al artículo 1 incluye nuevas prohibiciones para el uso comercial de la imagen femenina.
Específicamente, se prohíbe que los periódicos difundan imágenes de mujeres como objetos sexuales, sin fines noticiosos, e impone una multa de hasta ¢6,9 millones para la persona física o jurídica responsable de ese tipo de presentaciones.
Además, si se incumple con el retiro de la publicidad que prohíbe la ley o ese tipo de imágenes sexualizadas de la mujer, las multas pueden ser hasta de ¢13,8 millones.
La discusión se ha reavivado cuando los diputados le metieron un freno al avance del proyecto que, de estar listo para su aprobación en el plenario de la Asamblea Legislativa, fue devuelto a la Comisión de la Mujer, donde ahora ha recibido críticas por parte de cámaras empresariales.
Además de prohibir el uso de la imagen sexualizada de la mujer en portadas de periódicos, prohíbe la publicidad comercial o de otro tipo, en textos y componentes audiovisuales, incluyendo plataformas digitales, de la imagen de la mujer con mensajes que atenten contra la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana, o que vulnere las libertades y derechos garantizados en tratados internacionales y la Constitución Política.
Se restringe, en la nueva redacción de ese artículo, los anuncios que usen la imagen de la mujer de forma ofensiva, discriminatoria, que reproduzca estereotipos de género, identidad u orientación sexual, utilizando su cuerpo o partes de este, en relación o no con el producto que pretende promocionar.
Adicionalmente, se prohíbe la reproducción de comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos del ordenamiento jurídico, y que contribuyan a fomentar patrones y estereotipos sexistas, y a reproducir la violencia y la discriminación.
En el proyecto, iniciativa del exdiputado del Frente Amplio, José María Villalta, se encarga a la Dirección Nacional de Publicidad Comercial de ejecutar la ley y revisar y regular todo tipo de publicidad comercial que eventualmente pueda usar la imagen de la mujer.
La propuesta también modifica la integración del Consejo Asesor de Publicidad, antes llamado Consejo Asesor de Propaganda.
Ahora estará integrado por un representante de cada una de las siguientes entidades: Dirección Nacional de Publicidad; Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu); uno de universidades públicas nombrado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare); Colegio de Periodistas; Cámara de Comercio de Costa Rica; Defensoría de la Mujer; Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y una persona representante de la sociedad civil, con voz, pero sin voto.
Oposición desde los empresarios
Mientras que la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, impulsa fuertemente el avance de la iniciativa, la Cámara de Comercio y la Cámara de Agencias de Comunicación Comercial (Comunidad) se oponen al proyecto.
Marian Bákit, presidenta de Comunidad, aseguró que “la redacción subjetiva de esa iniciativa” les inquieta muchísimo y añadió que “hay desconexión de los legisladores con la realidad nacional y el sector empresarial”.
Aseguró que el proyecto carece de definiciones y delimitaciones claras, como cuando habla de “ofensivo” o “que vulnere valores” y dijo que, en la práctica, eso podría ser subjetivo.
Bákit adujo que no se tomó en cuenta al sector empresarial y el impacto de sectores relevantes, como “mujeres modelos, anunciantes, empresas de publicidad” y alegó que aplica un modelo de control estatal “con un perfil teórico que no se ajusta a la realidad” y traería una “sobrerregulación”.
Rocío Alfaro enfatizó que la iniciativa se consultó a la Asociación Nacional de Modelaje, la Asociación Nacional de Ventas por Catálogo y a varias agencias de publicidad.
También destacó que se busca dar herramientas reales al Estado para cumplir con los derechos de las mujeres garantizados en los convenios internacionales, para lo cual se imponen multas por el uso de la imagen de la mujer de forma ofensiva, discriminatoria o que reproduzca estereotipos.
“De ninguna manera se busca quitarle a la mujer los derechos sobre su propio cuerpo y su imagen. Todo lo contrario, lo que queremos es que nadie esté lucrando a base de fomentar estereotipos o utilizar una imagen humillante o abusiva de las mujeres”, dijo.
Alfaro enfatizó que ya existe este tipo de ley y de control de la propaganda, pero se le busca dar herramientas para cumplir más con derechos humanos que con derechos comerciales.
“Este proyecto nos beneficia, tiene que ver con un cambio cultural indispensable y busca evitar que la violencia contra las mujeres siga creciendo”, indicó la frenteamplista.
La diputada Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), acuerpa el criterio de los empresarios al considerar que la reforma es abusiva. Además, cuestiona que genere más control de parte del Estado. Aduce también que va en contra de la autodeterminación de las mujeres.
