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En medio del debate fiscal que en agosto dominará las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno intentará que avance el debate del plan que castigaría las relaciones sexuales entre adultos y menores.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, dijo que la convocatoria del expediente N.° 19337 es parte de los compromisos que adquirió la Presidencia para este periodo.
Las sesiones extraordinarias se dividen en dos tramos, uno abarca agosto y el otro transcurre entre diciembre y abril.
“Lo que se busca es que las comisiones tengan trabajo y se saque provecho de los espacios de discusión legislativa”, detalló Alfaro este jueves.
La iniciativa para castigar las relaciones impropias fue presentada a la corriente legislativa por la diputada Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana, para prohibir el matrimonio a menores de edad y establecer una diferencia mínima de cinco años entre una menor y un adulto para tener relaciones sexuales.
Hoy, la ley permite esas relaciones entre adultos y niñas de más de 13 años, a menos que se demuestre que el adulto sacó provecho de su edad o medió un pago.
El plan propone que, en caso de violentarse esa diferencia entre las edades, el adulto enfrente una pena de cárcel de dos a cuatro años, por cometer el delito de “relación impropia”.
No obstante, la propuesta enfrenta la oposición de los tres diputados del Movimiento Libertario y del socialcristiano Luis Vásquez; ellos creen que la creación de esta figura pondría en riesgo de prisión a jóvenes que mantienen relaciones de pareja.
El 20 de julio pasado, Molina afirmó que la oposición de los cuatro legisladores impide que la propuesta goce de buen ambiente político; el plan necesita de al menos 38 votos para ser ley.
Alfaro no adelantó si Casa Presidencial planea establecer una negociación directa con los diputados opuestos al proyecto.
A mediados de este mes de julio, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) dio a conocer que, en Costa Rica, cada 90 minutos nace un niño de una madre que tiene entre 12 y 17 años.
Esta semana los diputados reavivaron el debate sobre esta ley luego de que La Nación publicó que en varios cantones de las regiones Huetar Caribe y Brunca hay casos comprobados de padres que explotan sexualmente a sus hijas adolescentes.
