EscucharEl proyecto de ley presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves para reformar la ley sobre escuchas telefónicas permitiría que hasta la policía política de la Presidencia (la DIS) participe en la intervención de llamadas y mensajes de teléfonos.
Se trata del expediente 23.690, denominado Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones, el cual fue presentado el miércoles como parte del plan de seguridad.
El artículo 10 de la legislación actual (la 7425) dice que los jueces realizarán personalmente la diligencia de intervención de los teléfonos de sospechosos de delitos, pero también pueden delegarla en miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o del Ministerio Público, quienes deberán informarle, por escrito, del resultado.
Al respecto, el proyecto del Gobierno agrega que el juez podrá delegar la diligencia en “cualquier otro cuerpo policial”.
Eso incluye a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), policía política adscrita al Ministerio de la Presidencia, así como a la Fuerza Pública, la Policía Control de Drogas, la Policía de Control Fiscal, la Policía de Tránsito y las policías municipales.
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo no justifica esta parte del proyecto.
La Nación consultó al respecto a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz. Ella afirmó que la reforma pretende incorporar a “cualquier otro cuerpo policial que desarrolle investigaciones criminales bajo la dirección funcional del Ministerio Público”. Sin embargo, así no lo precisa el texto enviado a la Asamblea Legislativa.
“A lo largo de los años, se han creado nuevos cuerpos policiales especializados, que desarrollan indagaciones en materia penal, dentro del ámbito de sus competencias, por lo que se hace necesario actualizar ese aspecto. Por esta misma razón es que el proyecto de ley presentado se denomina ‘Modernización de las Intervenciones Telefónicas’”, respondió.
Riesgos para la democracia
El abogado penalista, Rogelio Ramírez, advirtió de riesgos para la democracia con esta reforma. Confirmó que, bajo esa redacción, se permitiría el acceso de las intervenciones a cualquier policía, como lo es la DIS.
“No es aconsejable para la salud de la democracia y el Estado de Derecho ampliar esas potestades, ni siquiera que tengan acceso al material extraído la policía y menos aún cualquier policía.
“La DIS, como policía de inteligencia, responde a intereses políticos, es una institución, una herramienta, un brazo político de inteligencia”, señaló.
“El cambio pondría en riesgo el manejo de la información, pone en riesgo la democracia y el Estado de Derecho. Si se le da a una institución política, eso abre la puerta para que se persiga de manera indebida, arbitraria y por fines que no son forenses, que no son propios de la adminsitración de la justicia”, indicó el penalista.
Diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico manifestaron preocupaciones en cuanto esta reforma.
“Las personas y los cuerpos que están en este momento capacitados por ley para hacer este tipo de intervenciones son el Ministerio Público y el OIJ, tienen capacitación, tienen características específicas en el resguardo, lo cual les permite a llevar a cabo estas investigaciones.
“Al ser temas sesibles, vemos con precupación este cambio e instamos al Poder Ejecutivo para que se puedan realizar las modificaciones correspondientes”, dijo la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio.
El secretario de este foro, el diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó también sus inquietudes ante la reforma.
“No podemos de la noche a la mañana incluir a grupos que no están calificados, que no tienen el profesionalismo, expertis y condiciones. Podría darse que algunos se aprovechen de estas situaciones. Recordemos que el crimen organizado también tiene filtración en algunos de estos cuerpos. Ciertos cuerpos policiales hoy no están preparados, esto sería como el corrido de brujas”, manifestó el liberacionista.
Los diputados deberán analizar esta propuesta de ley que, a su vez, agregaría los delitos de femicidio y homicidio simple como causantes para solicitar las intervenciones.
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