El proyecto de ley de reducción de jornadas laborales cubriría a unos 48.000 funcionarios públicos, mucho más de lo estimado por el Gobierno al presentar el texto a la Asamblea Legislativa.

Así lo muestran datos suministrados por el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual contiene actualizada la información de todas las planillas del país.

Según el Sicere, 63.830 funcionarios públicos perciben salarios superiores a los ¢1,5 millones, lo que equivale a casi el 20% de la planilla total del Estado, que es de 324.300 personas.

El proyecto planteado por el Gobierno, con el fin de ahorrar recursos ante la caída de ¢1,2 billones (millones de millones) en la recaudación de impuestos, consiste en reducir en un 15% la jornada laboral a los servidores públicos con salarios por encima de ese margen, lo que les reduciría el sueldo en un porcentaje similar.

Sin embargo, el texto excluiría de la medida a los empleados de la CCSS, de la Policía, del Cuerpo de Bomberos, del sistema penitenciario, del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

De acuedo con Sicere, excluyendo a unos 15.000 funcionarios de esas instituciones, la cifra de personeros públicos con salarios superiores a ¢1,5 millones es de 48.000.

Los ministerios de Planificación (Mideplán) y Hacienda habían estimado que el plan cubriría a 35.000 empleados, 13.000 menos de los reportados en el Sistema Centralizado.

El proyecto del Ejecutivo busca que la medida se aplique por 12 meses para generar un ahorro de unos ¢130.000 millones, cifra que bajaría a ¢90.000 millones si se decide compensar a la CCSS y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por la caída que habría en la recaudación de cuotas obrero patronales.

Según el Mideplán, la estimación del proyecto se hizo con una base de microdatos que cada institución les proporcionó.

Porcentajes por institución

En dos instituciones públicas, más de la mitad del personal gana más de ¢1,5 millones. Ese es el caso del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que tiene adscritas a las Superintendencias y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Allí, el plan cubriría al 70% de los colaboradores.

Le sigue el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con el 56%.

El tercer puesto es para el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), en donde el 48% de la planilla está por encima de la base planteada en el proyecto.

En el caso de la Universidad Nacional (UNA), el Mideplán, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Seguros (INS), Hacienda, la Cancillería y la Universidad de Costa Rica (UCR), los porcentajes superan el 30%.

En cambio, en los ministerios de Obras Públicas, Seguridad y Justicia, los porcentajes son inferiores al 10%.

En el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP), el porcentaje es del 12%, pero por ser la mayor planilla del Estado, el número de funcionarios cubiertos por el proyecto sería el más alto, con más de 10.100 trabajadores.

El texto del proyecto de ley indica que deberán acogerse a la medida el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios.

También se sometería al Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como la administración descentralizada, la cual está compuesta por instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y las municipalidades.

El pasado jueves 16 de julio, la contralora general, Marta Acosta, explicó a los diputados que el faltante de recursos generado por la pandemia es algo nunca antes visto para la magnitud del gasto público.

Desde el mes de marzo, los diputados aprobaron una ley para permitir a los empresarios reducir las jornadas hasta en un 70% a todos los trabajadores; ahora, algunos congresistas se oponen a la idea de disminuir el 15% a los empleados públicos con altos salarios.

El Partido Liberación Nacional (PLN), por ejemplo, cuestiona las excepciones del proyecto.

Entre las instituciones que quedarían exentas, por estar en la primera línea de atención de la pandemia, está la CCSS, en donde casi 13.900 empleados están por encima del monto planteado por el Gobierno.

En la Policía, solo 424 oficiales ganan más de ¢1,5 millones y, en los centros penitenciarios, 329.

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