Renta global afronta fuerte oposición de diputados en comisión

Dicho plan equipararía el cobro del impuesto de renta entre los asalariados con sueldos más altos y los trabajadores independientes. Además, las personas con más de un ingreso deberán sumarlos para pagar el tributo, en vez de hacerlo por separado.

Sin embargo, un legislador del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), otro del bloque Nueva República y una congresista independente confirmaron a La Nación su rotunta oposición al plan. Ellos se suman a la socialcristiana María Inés Solís, quien ya se había manifestado en contra del texto.

Mientras tanto, dos diputados del Partido Restauración Nacional (PRN) exigen cambios de fondo que afectarían los rendimientos previstos en el acuerdo entre el Gobierno y el FMI, y los tres representantes del Partido Liberación Nacional (PLN) aún no definen su posición.

“En esta etapa influye el consejo del candidato y aún no hemos definido línea”, admitió el verdiblanco Gustavo Viales. Los únicos que respaldan abiertamente la iniciativa son las dos legisladoras del Partido Acción Ciudadana (PAC) que conforman la comisión.

Frente a este panorama, el futuro del proyecto de renta global dual parece complejo en momentos en que la comisión de Asuntos Hacendarios estaría obligada a emitir pronto un dictamen final y hay, al menos, seis votos negativos.

El plan propone equiparar en ¢683.000 mensuales la base del impuesto de renta que pagan asalariados e independientes, al tiempo que globalizaría el cobro del tributo a personas con más de un ingreso. El Gobierno pretende recaudar una suma equivalente al 0,43% de la producción anual, o sea, ¢169.500 millones.

Actualmente, los asalariados tributan si sus ingresos mensuales superan los ¢842.000, mientras que los independientes lo hacen a partir de los ¢312.000 mensuales, lo cual representa para ellos un monto anual de ¢3,7 millones.

La primera versión del proyecto estableció que ambas categorías tributarían si sus ingresos superaban los ¢8.196.000 anuales, lo que equivale a ¢683.000 mensuales. A partir de ese momento, se cobraría una tasa de entre el 10% y el 27,5% sobre el ingreso del trabajador.

Dicho proyecto forma parte de un programa de reformas acordado con el FMI a cambio de que el país pueda acceder a un financiamiento por $1.778 millones para estabilizar sus finanzas.

Objeciones

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Eduardo Cruickshank, vocero de Restauración Nacional, confirmó que su fracción rechaza que se baje a ¢683.000 mensuales la base exenta actual del impuesto de renta, como lo plantea el texto base.

“No vamos a aceptar que se aproveche la globalización del salario para imponer más tributos. Si no se toca la base exenta, si se mantiene como está actualmente y, también, si una persona con dos salarios paga el mismo monto como si tuviera un solo ingreso, lo podríamos apoyar”, adelantó Cruickshank.

El diputado se comprometió a impulsar ajustes en esa línea, al tiempo que restó importancia al hecho de que una eventual modificación pueda disminuir la recaudación prevista con el proyecto.

Otto Roberto Vargas, diputado del Republicano Social Cristiano, consideró que la iniciativa aumentaría el tributo al globalizar las rentas personales lo que, a su criterio, fomentaría la informalidad en el empleo.

“No favorece en nada la creación de nuevos empleos ni a la reactivación económica. El proyecto es confiscatorio y, por supuesto, la carga la asumiría solamente un sector del país, el formal. No lo votaré, no son nuevos impuestos, son aumentos de impuestos para la gente que ya paga”, aseveró.

Vargas es consciente de que el rechazo de la iniciativa en la comisión de Asuntos Hacendarios afectaría el acuerdo con el FMI y agravaría la crisis fiscal del país.

“Posiblemente así sea. Sin embargo, de aprobar este proyecto nos condenaría a trabajar para darle la plata al fisco. ¿Sería eso justo? No le rescato nada al proyecto, ya la gente con la situación de nuestro país no puede pagar más impuestos, es una realidad. Así de fácil”, insistió

La independiente Shirley Díaz también reafirmó su rechazo al texto. “Costa Rica no soporta más impuestos. Requiere de un gobierno responsable que haga una mejor administración de los recursos públicos y reactive la economía”, alegó la legisladora.

Por su parte, el fabricista Harllan Hopelman ha insistido en la comisión que se opondrá al paquete de nuevos ingresos negociados con el FMI, que incluye renta global. “No incentiva la formalidad, termina recargando el tributo sobre quienes sí están formalizados”, señaló.

En la acera contraria, la oficialista Laura Guido alegó que la iniciativa, al globalizar los tributos de las personas, contiene herramientas para luchar contra la evasión fiscal.

Yorleny León, diputada del PLN, negó en el foro de Hacendarios que el texto sea un nuevo tributo, como lo afirman quienes se oponen.

‘Guillotina’ apura dictamen

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La iniciativa se encuentra en la etapa de audiencias con instituciones. Dichas comparecencias fueron aprobadas antes de que al texto le cayera la “guillotina legislativa”, al vencerse el plazo que tenía la comisión para emitir su criterio.

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Ahora, de acuerdo con el reglamento legislativo, una vez que terminen las consultas a sectores, se deberán votar las 26 mociones pendientes, sin poder leerlas ni discutirlas. En la siguiente sesión, los diputados deberán recomendar la aprobación o reprobación del plan.

Tal circunstancia significa que el proyecto pasará sin un acuerdo político previo al plenario, en donde podría ser inundado de mociones.

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Frente al panorama adverso que afronta la reforma en Hacendarios, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, se comprometió a continuar aclarando dudas de los diputados cuando el Congreso regrese de vacaciones, a principios del mes de enero.

“Y para ofrecerles, desde una perspectiva técnica, los razonamientos necesarios sobre la bondad del mismo, en el contexto de un ajuste fiscal que debe ser reforzado para que sea suficiente para el mediano y el largo plazo.

“El compromiso de la Asamblea Legislativa con el país debe liderar la aprobación, no solo de renta global, sino de los demás proyectos de ingresos, de forma que el nuevo gobierno no vaya a perder 18 meses de su gestión haciendo lo mismo que ya hicimos y que hoy está bajo la decisión del Poder Legislativo”, señaló Villegas.

La presidenta de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, explicó que al proyecto le restan cinco audiencias con colegios profesionales, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

“No veo ese proyecto avanzando en plenario hasta después de la primera ronda electoral (del 6 de febrero)”, calculó la diputada León.