EscucharLa reforma estructural del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), anunciada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, concentra el poder en el Gobierno y politiza las decisiones en materia ambiental, según advierte un análisis que antiguas autoridades de esa institución enviaron a los diputados.
Dicha iniciativa, anunciada en conferencia de prensa del 29 de junio, busca concentrar en el Minae órganos que actualmente gozan de algunos grados de independencia en sus decisiones.
Se trata de entes desconcentrados adscritos a ese ministerio, los cuales tienen carácter técnico o administrativo en temas ambientales. Entre ellos, se encuentran la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), además de juntas administrativas de parques nacionales.
Rodrigo Chaves defendió la necesidad de concentrar más competencias en el ministerio, el cual es presidido por un jerarca nombrado directamente por el gobernante de turno y que en la actualidad es el ministro Franz Tattenbach.
Chaves alegó que “a lo largo de los años se crearon feudos dentro del Minae que se convirtieron en fines en sí mismos, afectaron la competitividad, afectaron al sector privado, que terminan aumentando el desempleo, posponiendo la inversión y creando incertidumbre”.
No obstante, anteriores autoridades de la institución consideran, por el contrario, que el proyecto “podría poner en riesgo el manejo adecuado del patrimonio natural del Estado”, así como las políticas públicas en esta materia.
También advierten de que “las decisiones ambientales se estarían politizando y centralizando, despojándolas de su carácter técnico y científico”.
La Nación envió consultas al ministro Tattenbach sobre los señalamientos al proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo. No obstante, al momento de esta publicación no había brindado una posición al respecto.
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El documento enviado a los congresistas fue firmado por el exministro y la ex viceministra de Ambiente, Edgar Gutiérrez y Patricia Madrigal, respectivamente, quienes ocuparon esos cargos durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018).
También lo suscribió la exdiputada independiente Paola Vega, quien fue presidenta de la Comisión de Ambiente del Congreso en el periodo 2018-2022.
Con respecto a los efectos de dicha iniciativa, el análisis concluye que “la concentración de poder nunca es buena, pero mucho menos en una materia que rige bienes de dominio público como lo son los recursos naturales. El sistema interno de pesos y contrapesos ha permitido hoy adecuados índices de sostenibilidad”.
Las modificaciones
La propuesta del Ejecutivo es que Setena pase de ser un órgano de desconcentración máxima al amparo de Minae, a uno de desconcentración mínima.
Tal modificación implica eliminar la Junta Directiva como órgano decisor de Setena. A cambio, el proyecto propone nombrar a un secretario general que rendiría cuentas al ministro, respaldado por un comité asesor no vinculante; es decir, dicho órgano tendría voz pero no voto en las decisiones.
En la actualidad, la Junta Directiva de Setena está liderada por el ministro de Ambiente. También la conforman otros seis representantes de universidades estatales, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como de los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, y Obras Públicas y Transportes.
Otro de los cambios propuestos es colocar al Ministerio de Ambiente como superior jerárquico de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
A su vez, Conagebio pasaría a tener una desconcentración mínima. Además, la Comisión eliminaría las representaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
A criterio de las antiguas autoridades que se oponen al proyecto, las “exclusiones de representantes de la sociedad civil, del sector privado y de las universidades públicas de la Comisión Plenaria de Conagebio serían no solo regresivas sino que disminuirían la calidad de las decisiones”.
Entretanto, Sinac, órgano técnico encargado del manejo de la biodiversidad y la materia forestal en Costa Rica, también vería reducido su rango de autonomía en las decisiones, pues pasaría a ser un órgano de desconcentración mínima.
De acuerdo con la iniciativa, se nombraría un director general que rendiría cuentas al ministro, al tiempo que se nombrarían directores en las distintas áreas de conservación, restringiéndose la participación ciudadana en la administración de territorios en las distintas regiones.
Actualmente, la estructura organizativa de Sinac está compuesta por la Secretaría Ejecutiva, las diversas áreas de conservacíon, los consejos regionales de áreas de conservación y los consejos locales de estos territorios.
Sobre esta modificación, los críticos de la iniciativa señalan que sería “un total inconveniente la eliminación de los consejos regionales de las áreas de conservación y el Consejo Nacional Ambiental del Sinac por eliminar la participación ciudadana en la gestión ambiental de nuestro país”.
La Asamblea Legislativa aún tiene pendiente la asignación de la comisión que discutirá la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.
