La Contraloría General de la República advirtió la ausencia de estudios en el proyecto de ley que exoneraría de impuestos a las empresas que inviertan en la producción de hidrógeno verde durante 15 años, al tiempo que otorgaría beneficios fiscales a la importación de vehículos, maquinarias y otros equipos impulsados por este combustible.
“En el texto en consulta, no se refiere algún estudio demostrativo de que la industria del hidrógeno verde es viable desde el punto de vista técnico-científico, y de rentabilidad económico”, indica un criterio emitido por la Contraloría el pasado 3 de diciembre.
La propuesta fue dictaminada afirmativamente el 1.° de diciembre por la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, la cual no aportó los estudios señalados por la CGR, pese a que esta institución ya había hecho notar su ausencia desde el 25 de junio de 2021.
Por otra parte, el texto dictaminado sí detalló los distintos impuestos que estarían siendo exonerados a las personas o empresas que se dediquen a esta industria, como lo recomendó la Contraloría.
Sin embargo, para la CGR, las exoneraciones incluidas representan un riesgo para la recaudación fiscal, especialmente ante la crítica situación que enfrentan las finanzas estatales.
“Es necesario precisar y justificar plenamente tal disposición normativa y evaluar las causas y motivos que la fundamentan; se reitera la necesidad de que las propuestas de incentivos deban resultar de un análisis de costo-beneficio, que incorpore los elementos técnicos necesarios para establecer su conveniencia y necesidad. Esto, con el fin de cuantificar su impacto en las finanzas públicas”, asevera el criterio.
La propuesta establece que las empresas de investigación, producción o transporte de hidrógeno estarían libres del impuesto de renta, así como de cualquier otro tributo que se determine sobre las ganancias brutas o netas y los dividendos de los accionistas.
Debido a observaciones del Ministerio de Hacienda, fueron excluidas de las exoneraciones las empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de ese combustible y los beneficios fiscales a su consumo.
En el caso de que una misma empresa produzca hidrógeno verde y lo comercialice al cliente final, esta compañía deberá hacer la separación contable entre ambas actividades para efectos tributarios. Sucederá lo mismo con aquellas empresas que tienen otros negocios no relacionados con la producción del hidrógeno.
En tanto, sí quedarían libres de impuestos la importación o compra local de bienes necesarios para desarrollar la producción de hidrógeno verde. Esos mismos beneficios fiscales se extenderían a la construcción, ampliación o remodelación de infraestructura para la producción de este tipo de energía.
En noviembre, Elian Villegas, Ministro de Hacienda, manifestó a la Comisión de Agropecuarios la necesidad de delimitar mucho más los beneficios fiscales, así como fundamentar las exoneraciones.
Actualmente el proyecto propone una exoneración escalonada; quienes ingresen a la industria en los primeros cinco años a partir de la entrada en vigencia de la ley, gozarán una exoneración de 100%. Entre los seis y 10 años de emitida el beneficio será de 75%. Las personas que inicien actividades a partir del décimo primer año y hasta el décimo quinto tendrán un descuento del 50%.
Según expone la iniciativa, esta es una tendencia global para la descarbonización, por lo que Costa Rica debe crear una economía basada en las energías renovables y limpias. El hidrógeno sirve para reemplazar los combustibles fósiles contaminantes.
El hidrógeno verde es el nombre que se le da al hidrógeno que ha sido generado con fuentes de energía limpias y renovables, como la energía solar, la energía eólica o hidroeléctrica; además, se puede usar tanto para producir energía como para materia prima en la fabricación de productos como alcoholes, combustibles sintéticos y fertilizantes.
Países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, China y la Unión Europea ya han establecido bases legales para el desarrollo de una economía a base de hidrógeno verde.
El plan de ley asigna la rectoría de dichas actividades al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), siendo los beneficiarios quienes participen en la investigación, producción, transporte y uso de hidrógeno verde.
Asimismo, autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) y cooperativas a incursionar en esta industria.
Este 3 de diciembre, Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, informó que su cartera liderará el proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, con el fin de producir energía y combustible a base de este elemento.
Datos del Minae revelan que el país genera más del 99% de su energía eléctrica con fuentes renovables, sin embargo, la electricidad constituye el 26% de la energía consumida en el país.
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