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Al tiempo que las autoridades sanitarias corren para atender a los enfermos de covid-19 y reducir la curva de contagios, el gobierno, los diputados, la CCSS y el sector empresarial se enfrascan en la búsqueda de alternativas para evitar cierres de empresas y despidos masivos a causa de los efectos económicos de la pandemia.
Las opciones incluyen la flexibilización de jornadas laborales para que los asalariados trabajen una fracción de tiempo, con tal de recibir algún ingreso, así como mecanismos para aliviar el pago de las cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A su vez, se acelerarían los procesos de los patronos que están solicitando ante el Ministerio de Trabajo suspender contratos de trabajo. Eso implica que se interrumpen tanto el pago de salarios como la obligación de los empleados de trabajar, con la expectativa de retomar labores una vez que pase la emergencia sanitaria.
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Las potenciales medidas se analizan con carácter de urgencia, ante el temor del sector privado de que las empresas colapsen a causa de la reducción en el consumo, el cierre de las fronteras y la estrepitosa caída en la actividad turística.
El riesgo es que la emergencia sanitaria produzca un incremento significativo en el desempleo que, al cierre del 2019, llegó al 12,4% (309.000 desocupados).
Flexibilización de la jornada laboral
El Gobierno anuncio que presentará un proyecto de ley a los diputados para permitir, dada la emergencia, que los patronos y sus empleados se pongan de acuerdo para reducir el tiempo de trabajo y el salario correspondiente por un tiempo definido, según la afectación que experimente el negocio.
Por ejemplo, alguien que trabaja tiempo completo podría reducir su jornada a la mitad, con tal de no perder el empleo y percibir un ingreso mientras persiste el contratiempo. El ajuste no implicaría un rompimiento de la relación laboral ni demandaría al patrono el pago de la indemnización por cesantía.
De acuerdo con Pilar Garrido, ministra de Planificación, la posibilidad se habilitaría a través de una reforma al Código de Trabajo.
“Quizás eso vaya a implicar una disminución de los ingresos percibidos individualmente, pero por lo menos garantiza la continuidad de las operaciones y que no sean despedidos”, dijo Garrido.
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El periodo de emergencia podría durar tres o cuatro meses. Cuando termine, se restituirían las condiciones laborales previas, incluyendo la jornada y el salario, sin que el patrono tenga que indemnizar a los empleados afectados.
Sin embargo, si al cabo de la emergencia la empresa no tiene recursos para mantener su planilla, deberá hacer los despidos y pagar la indemnización por cesantía.
Este martes, en una sesión de trabajo con los diputados, Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, también explicó: “Ante la reducción del 20% de los ingresos de empresas, la reducción sería hasta de un 50% de la jornada laboral. Sabemos que en otros sectores, la disminución puede ser mucho mayor”.
CCSS analiza flexibilizar condiciones
El presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, confirmó que la Junta Directiva analiza posibles medidas para mitigar el efecto de esta emergencia sobre el empleo.
La meta de la institución es flexibilizar las condiciones de pago de las cuotas obrero-patronales.
“Ya en el pasado, relativamente reciente, se habían tomado unas medidas de flexibilizar las condiciones en las cuales personas y empresas pueden regularizar su condición ante la CCSS, mediante convenios o arreglos de pago. Se está discutiendo flexibilizar eso aún más”.
“Ayer (lunes), discutimos otras posibilidades, por ejemplo, aseguramiento por horas laboradas, viendo si hay un mínimo que se pueda bajar aún más. No quiero adelantar criterio. Estas son decisiones de un órgano colegiado”, reiteró.
Confirmó que solo durante esta semana se reunirán, al menos, en tres ocasiones para lograr llegar a acuerdos en esa vía.
“Nos reunimos ayer (lunes) en Casa Presidencial. Hoy (martes) también nos reuniremos y el jueves tendremos otra sesión. Serán tres reuniones en materia de empleo cuyas decisiones les informaremos”, dijo el jerarca.
Macaya no adelantó mayores detalles, pues las medidas las acordará el máximo órgano colegiado de la Caja.
También, el gobierno convocó, en el Congreso, un proyecto de ley para perdonarles multas, intereses y sanciones a trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos que tengan deudas con la CCSS, siempre y cuando los morosos se pongan al día con el pago del monto principal en el plazo de un año.
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Otra reforma legal impondría un tope de ¢4,5 millones a las facturas que la Caja les cobra a los patronos morosos, en el pago de las cuotas patronales, en caso de que uno de sus empleados necesite atención hospitalaria.
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Ese proyecto de ley que formó parte de la primera lista de iniciativas que convocó el gobierno, el lunes, para atender los efectos económicos de la pandemia. No obstante, este martes fue desconvocado.
Aceleración de procesos para interrumpir contratos
Empresas de los sectores turístico, comercio, restaurantes y bares ya están optando por suspender, temporalmente, contratos de trabajo de sus empleados. Esa medida les permite paralizar la operación, enviar al personal a casa y reanudar labores normalmente una vez que termine la emergencia.
El Ministerio de Trabajo, de momento, tramita cinco solicitudes de ese tipo.
La ministra Garrido afirmó que el Ejecutivo también procura implementar un mecanismo sumario, más breve y sencillo que el que se utiliza actualmente, para que los empleadores no recurran a despedir a las personas en planilla.
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“Se hace una suspensión temporal en razón del giro de negocio específico, para poder observar los protocolos de sanidad vinculados con la pandemia, se establece y después se restituyen (los contratos)”, explicó Garrido.
Los empresarios también piden que se les ayude a atravesar la emergencia a través de la reducción del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) de un 13% a un 6%.
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La fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) apoya que la disminución sea hasta un 6,5%.
En tanto que la posición de Hacienda es que se posponga el pago de ese tributo, así como los de renta, selectivo de consumo e importación, durante abril, mayo y junio. La condición sería que lo adeudado se pague antes de que termine el año.
