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El Partido Liberación Nacional (PLN) decidió frenar el trámite legislativo de todo préstamo internacional requerido por el gobierno hasta que el Ministerio de Hacienda le aclare el destino de cada fondo.
Así lo informó el jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, al explicar que la decisión se tomó esta tarde en reunión de bancada.
De esta forma, quedó suspendida la discusión del préstamo de $380 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Además de esos fondos, el gobierno mantiene negociaciones con otros acreedores internacionales para obtener otros $2.200 millones en créditos de apoyo presupuestario este año, según la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido.
La semana pasada, el Ministerio de Hacienda urgió a la Asamblea Legislativa aprobar los préstamos con organismos internacionales, luego de que la calificadora de riesgo Fitch degradara la nota del país debido al mayor estrés fiscal por la pandemia.
El ministro de Hacienca, Rodrigo Chaves, añadió que la decisión de Fitch se fundamenta parcialmente en una percepción de que la Asamblea Legislativa y el Gobierno tienen diferencias fundamentales sobre los préstamos internacionales
“El Ministerio hace un llamado respetuoso a los y las diputadas para que aprueben los préstamos con organismos internacionales que permitirán asegurar que el Estado costarricense pueda cumplir todas sus obligaciones, esto requiere una aprobación sin condiciones”, comunicó Hacienda.
Sin embargo, para el PLN, la ruta aún no está clara. “La fracción discutió la exigencia al Poder Ejecutivo de una hoja de ruta ante las innumerables ofertas de empréstitos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), entre otros”, dijo Chacón.
“Creemos importante que el Gobierno de la República, el ministro de Hacienda (Rodrigo Chaves) explique a esta Asamblea Legislativa el origen de estos fondos, ¿para qué los quieren, cómo los va a gastar, cómo los vamos a pagar y cómo vamos a distribuir la mitigación del covid-19, la deuda externa y todos aquellos refuerzos que requieren instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)?”, continuó.
Este lunes, estaba previsto que los diputados iniciaran la discusión del préstamo BID-AFD. El proyecto tiene dispensa de trámite, pero finalmente el debate no se dio.
Este crédito consiste en $230 millones provenientes del BID a una tasa anual del 2,75% y $150 millones del AFD a una tasa del 0,94%. El plazo es de 20 años para ambos.
Ministra de Planificación preocupada por tiempo
Por su parte, este lunes, la ministra Garrido declaró que la aprobación del crédito del BID-AFD es urgente.
“La ventana de oportunidad de aprobación de esos recursos baratos se cierra el 15 de mayo. En ese crédito, estaremos destinando el total de los recursos al pago de deuda, a la prestación de bienes y servicios del Estado y ¢33.000 millones por concepto de un primer pago comprometido por el señor presidente (Carlos Alvarado), para cubrir el diferencial de ingresos de la CCSS por el acuerdo de la base mínima contributiva”.
"El Gobierno de la República le brindará todas las explicaciones que corresponda a las y los diputados en relación a los créditos con multilaterales.
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“Los créditos de apoyo presupuestario son para hacer frente al pago de la deuda, al pago de proveedores, al pago de planilla y cargas sociales, para inyectar recursos para atender la emergencia sanitaria y para ampliar el bono Proteger al menos tres meses más”, afirmó la ministra de Planificación.
PLN expresa incomodidad
En tanto, el jefe del PLN expresó su incomodidad debido a que, según afirmó, el gobierno no le ha comunicado por la vía oficial al Congreso el interés de obtener más recursos por la vía del crédito internacional.
“Que nos explique cuál es la agenda de esos empréstitos que nos hemos enterados a través de terceros. El Poder Ejecutivo no ha hecho ninguna comunicación oficial a la Asamblea Legislativa sobre estos empréstitos que ya la prensa los maneja ampliamente”, cuestionó el verdiblanco.
El jueves anterior, en reunión del Directorio Legislativo y los jefes de fracción, se iniciaron las negociaciones para que una parte del crédito del BID-AFD se destinara a la CCSS.
La idea de los legisladores es compensar recursos que, por la crisis económica del coronavirus, la CCSS está dejando de percibir a causa de una disminución de los ingresos provenientes de las cuotas obrero patronales.
Esta cifra sería por encima de los $60 millones (cerca de ¢35.000 millones), según informaron los jefes de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez; y del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón.
El viernes pasado, la agencia Fitch rebajó la nota de largo plazo de B+ a B con perspectiva y advirtió de que “si no se aseguran los préstamos externos, se produciría una brecha de financiamiento fiscal dados los costos prohibitivos de endeudamiento del mercado externo y el limitado tamaño del mercado interno”.
El titular de Hacienda, Rodrigo Chaves, afirmó que "sería útil que las diputadas y los diputados disipen las dudas sobre la responsabilidad que tiene el país de cumplir con todos sus compromisos con las familias, las empresas, los proveedores y las instituciones del Estado”.
El gasto del aparato público costarricense se financia, principalmente, con deuda. De hecho, el 52% de los ¢10,5 billones del Presupuesto Nacional 2020 proviene de préstamos.
A finales del mes de abril Hacienda anunció que el déficit financiero del Gobierno Central ascendería al 8,6% con respecto al producto interno bruto (PIB), debido a la caída en los ingresos y en el aumento en el gasto debido a la emergencia por el covid-19.
La cifra sería la más elevada desde los 7,2% alcanzados por el país en la crisis de los años 80. Chaves advirtió, en ese momento, que el déficit podría alcanzar el 10% al final del 2020 si la Asamblea Legislativa no actúa en aprobar los proyectos pendientes.
Para afrontar la situación y tratar de dejar el déficit en 8,6%, Hacienda trazó una ruta que consiste en garantizar los créditos internacionales pendientes, obtener ¢75.000 millones del capital acumulado del Instituto Nacional de Seguros (INS) y unos ¢139.000 millones provenientes del superávit de 11 instituciones públicas.
También, el gasto del gobierno pretende nutrirse con ¢140.000 millones no ejecutados del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
