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La bancada de Liberación Nación (PLN) acudió ayer a la Sala IV para objetar el acuerdo del Directorio de la Asamblea Legislativa que restringe la entrega de información a los periodistas en el Primer Poder de la República.
Rolando González, diputado liberacionista, se encargó de presentar un recurso de amparo para solicitar la anulación de dicha directriz, la cual impide a cualquier funcionario del Congreso entregar información pública a periodistas de manera directa. La cúpula ordenó que cualquier consulta debe ser tramitada mediante el director ejecutivo, Antonio Ayales.
“Es una amenaza a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libertad de prensa en este país”, expresó Rolando González en conferencia de prensa.
Actualmente, la cúpula del Congreso la ocupan Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), como presidente, y los legisladores Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), como primer y segundo secretario.
El diputado del PLN agregó que este acuerdo, tomado el 10 de diciembre pasado, no ha sido la única medida que han adoptado el Directorio legislativo y el gobierno de Luis Guillermo Solís para “limitar el acceso a la información”.
Entre otros casos, citó la directriz que emitió la Casa Presidencial según la cual toda campaña publicitaria, comunicado o conferencia de prensa sobre “temas importantes”, que se programara en cualquiera de las oficinas del Gobierno, debía contar con el visto bueno de la Dirección de Comunicación.
Esa política, anunciada en octubre, fue descartada posteriormente, cuando recibió críticas tras salir a la luz pública.
Argumento. La cúpula del Congreso niega que su acuerdo limite el acceso a la información. Alega que lo garantiza y que, más bien, lo ordena mediante una vocería.
En tanto, acompañado del jefe de fracción, Juan Luis Jiménez Succar, y por el diputado Carlos Arguedas, Rolando González también anunció que presentó ante la Sala IV otro recurso de amparo contra el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.
González recurrió el hecho de que el jerarca se negó a entregarle una lista de las personas que habían visitado la Casa Presidencial entre diciembre y enero pasados, tal como él se lo había solicitado formalmente.
“Que sea la Sala Constitucional la que diga ahora si esa información es confidencial o no”, dijo el legislador alajuelense.
Por su parte, el PUSC salió ayer a desmarcarse de una declaración dada anteayer por el diputado Jorge Rodríguez, quien sugirió al Gobierno que compre acciones en los medios de comunicación. Rodríguez dijo que su recomendación se fundamenta en el modelo ecuatoriano.
