EscucharLa cúpula del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó a los diputados verdiblancos apoyar la creación de una comisión investigadora de los contratos por casi ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas otorgaron al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), para el manejo de la publicidad estatal.
En varios casos, los contratos fueron otorgados sin efectuar un concurso para escoger al mejor oferente. Así ocurrió, por ejemplo, con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Para Liberación Nacional, esta situación es un cuadro de corrupción muy grave, que puede responder a pago de favores políticos o al uso de esos recursos para los procesos electorales que se avecinan”, expusieron el Directorio Político y el Comité Ejecutivo en una carta enviada al jefe de la fracción verdiblanca, Óscar Izquierdo.
Según los liberacionistas, también es necesario determinar si el Sinart contrató a dedo a “personas y empresas cercanas al Gobierno” para subcontratarles los servicios prometidos a las instituciones públicas y si estos negocios cumplen con la legalidad.
La cúpula del PLN alega que la Ley General de Contratación Pública y su reglamento establecen los mecanismos técnicos y legales para este tipo de contrataciones, “con el fin de evitar el favoritismo político, la competencia desleal y el manejo dudoso de las mismas, que bien podrían estar dirigida a beneficios clientelares y ajenos a los intereses del país, así como al uso de recursos públicos para fines políticos de ciertos intereses particulares”.
La dirigencia liberacionista agregó que la situación “se une a la estrategia política que, por diversos mecanismos, tiene el gobierno para favorecer a medios de comunicación “amigos” y discriminar a otros, aplicando una forma de censura solapada, inconstitucional y antidemocrática, que ya ha sido denunciada tanto en el país como en organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión”.
El plan del PLN es que los congresistas de su fracción busquen un acuerdo legislativo que permita determinar si se faltó a la ley a la hora de hacer estos contratos.
De hecho, los verdiblancos presentarán una moción ante el Plenario. El diputado Francisco Nicolás afirmó que él impulsará la propuesta para crear la comisión investigadora.
Entre las empresas contratadas por el Sinart figura la compañía Nocaut, dirigida por Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katherine Müller, identificó como “asesor presidencial”.
La empresa de Bulgarelli, además, ganó un contrato de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para proveer servicios de comunicación a la Presidencia después de que, según la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, él ayudó a elaborar los términos de referencia del concurso junto con el asesor presidencial Federico Cruz.
El acuerdo del PLN quedó en firme este miércoles, luego de una petición realizada por Miguel Guillen, secretario general de la agrupación.
“Consideramos urgente la intervención de la Contraloría General de la República, para determinar, de existir irregularidades, las responsabilidades del caso y lograr la transparencia necesaria en el manejo de dichos recursos que, es claro, en ningún caso, han servido para mejorar la calidad y capacidad de trabajo del Sinart”, agregó el acuerdo.
