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La fracción de Liberación Nacional (PLN) afirmó este jueves que el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, “dinamita” la relación del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa y su propia credibilidad como jerarca.
El pronunciamiento obecede a que, el martes, Piza afirmó que el proyecto que motivó a los sindicatos a ir a huelga “no compete al Poder Ejecutivo”.
El ministro se refería a dos reformas promovidas por el PLN para evitar los abusos en los movimientos de huelga y las afectaciones a los servicios públicos.
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“Desconocer su responsabilidad ante las posibles afectaciones a la población de la anunciada huelga general en nuestro país, es negar las duras consecuencias que tuvo lo vivido en 2018 en nuestra convivencia social y situación económica”, declaró la jefa de fracción liberacionista Silvia Hernández.
Hernández recordó que, según el Banco Central, la huelga le costó al país unos ¢138.700 millones y que los estudiantes carecieron de lecciones durante 93 días, además de que 36.000 de ellos se encontraban sin recibir el servicio de comedor escolar, elemental para la nutrición y el adecuado desempeño educativo.
Agregó que las propuestas liberacionistas pretenden precisar los servicios públicos que deben ser considerados esenciales, en los cuales se debe racionalizar el ejercicio de la huelga, y detallar el procedimiento para declarar una huelga legal o ilegal.
Una de las propuestas permitiría rebajar los salarios en forma retroactiva a los funcionarios que participen en una huelga ilegal, medida que no se puede aplicar hoy.
“Se olvida el Ministro de la Presidencia de dos hechos innegables. El primero, que el Poder Ejecutivo convocó en sesiones extraordinarias, en el ejercicio de sus funciones, todos los proyectos en corriente legislativa que se vinculan con el derecho de huelga. Asimismo, pasa por alto que ninguno de los jerarcas del Poder Ejecutivo se ha opuesto a dichos proyectos”, aseveró la jefa del PLN.
“Como parte del Poder Ejecutivo, como ministro de la Presidencia, es inconcebible que no conozca u omita deliberadamente las posiciones oficiales de los jerarcas de la administración Alvarado Quesada”, añadió.
“Al ocupar un cargo público, se asume la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestro país y sus habitantes. No escapa de la competencia del Poder Ejecutivo las causas y posibles consecuencias de una nueva huelga, en el contexto económico y social que estamos viviendo. Costa Rica se vería muy afectada de repetirse lo acontecido en 2018: con una huelga que se alargó por cuatro meses donde se vieron directamente perjudicados estudiantes, policías, productores y pequeños empresarios”, dijo Silvia Hernández.
Por su parte, al consulársele si avala la declaración de Rodolfo Piza, el presidente Carlos Alvarado respondió: “Yo avalo la división de poderes, pero avalo la posición que le he compartido ahora que es la posición del Ejecutivo. Nosotros ayudaremos en auspiciar y acercar”.
“Obviamente, si hay una huelga es al Ejecutivo al que le toca resolver, nosotros tenemos interés en esto. Lo más importante es que busquemos el diálogo”.
Alvarado afirmó que, “entendiendo y respetando que es un tema que está en el Legislativo”, le pidió al ministro de Trabajo, Steven Núñez, entrar de manera proactiva en el tema.
