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La propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de distribuir equitativamente el 20% de la deuda política entre todos los partidos políticos mediante la compra de espacios publicitarios, no cayó bien en las tiendas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP).
Estas agrupaciones temen que este financiamiento indirecto provocaría una proliferación de partidos de escasa base atraídos por la oferta.
La idea del TSE es administrar un fondo para comprar franjas electorales en medios de comunicación y repartirlas equitativamente entre los grupos políticos en competencia, a fin de que den a conocer sus propuestas. Se trataría de fondos no reembolsables, para los cuales no se exigiría garantías económicas.
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El TSE apostó por las franjas como una forma de corregir el acceso desigual al financiamiento electoral, el cual ha sido una de las principales críticas del sistema electoral del país en los informes de la Organización de Estados Americanos, así como del Estado de la Nación.
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Si se toma como referencia la contribución estatal definida para las elecciones nacionales del 2022 y las municipales del 2024, ese 20% se acerca a los ¢8.000 millones.
Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó que dicha facilidad crearía una “igualdad odiosa” al equiparar a los partidos con más trayectoria y estructura con los partidos “taxi”, aquellos que solo aparecen durante el periodo de elecciones. Alegó que tal decisión perjudicaría a agrupaciones más estables.
Para Juan Carlos Hidalgo, presidente del PUSC, la reforma representaría una “receta para el desastre” porque se les garantiza a todas las agrupaciones el mismo monto, sin criterios de por medio. Precisó que es necesario endurecer primero los requisitos para inscribir partidos.
El TSE también presentó al Congreso una reforma para elevar las exigencias en la formación de un grupo político. Uno de esos cambios recaería sobre la cantidad de adhesiones necesarias para solicitar la inscripción, pasando de 3.000 firmas al 0,15% del padrón electoral, unas 5.300 firmas si se toma como base el padrón electoral 2022, en el caso de los partidos de escala nacional.
Eliécer Feinzaig, diputado y presidente del PLP, agregó tener dudas sobre este cambio por las mismas preocupaciones. “Si los partidos políticos van a tener acceso igualitario con financiamiento público, sin una trayectoria, se va a fomentar la aparición de más partidos”, indicó.
Contrario a sus opiniones, las presidentas de los partidos Progreso Social Democrático (PPSD) y Frente Amplio (PFA), Luz Mary Alpízar y Patricia Mora, están de acuerdo con este adelanto.
“La creación de franjas horarias le da mayor espacio publicitario a los partidos de forma más equitativa, eso aumentará la visibilización con partidos con menos recursos”, señaló Mora.
No fue posible obtener una primera impresión de Fabricio Alvarado, diputado y secretario general del Partido Nueva República (PNR).
Dudas sobre rebaja de “deuda política”
La reducción del aporte estatal para las elecciones del 0,19% del producto interno bruto (PIB) a 0,11%, mediante una reforma constitucional, genera opiniones divididas.
Guillén, del PLN, declaró su oposición a tal propuesta porque considera que podría debilitar la base partidaria. “Los partidos políticos son la base del sistema democrático; partidos permanentes, serios y con claridad ideológica requieren inversión”, dijo.
Hidalgo, del PUSC, también consideró necesario escuchar los argumentos del TSE, pero consideró que Costa Rica es una de las democracias más sólidas del planeta y el financiamiento partidario debe verse como una inversión. “No existe una democracia sólida sin un sistema fuerte de partidos políticos, necesitamos ver los números que justifiquen la reducción”, dijo.
Esa iniacitiva representaría una ventaja económica para el erario público porque la reducción se traduce en miles de millones de colones menos, como se ha hecho bajo reformas legales transitorias para procesos específicos, como los comicios 2022 y las próximas elecciones municipales 2024.
Con los cálculos que se hicieron en esa ocasión, la contribución estatal pasaría de ¢68.400 millones a ¢39.600 millones, al pasar de 0,19% a 0,11% del PIB.
Esa cifra es todavía superior a la estimación que en realidad se aplicó para el proceso electoral anterior, cuando se fijó el aporte estatal en un 0,085%, unos ¢30.500 millones.
Otro cambio propuesto en cuanto al financiamiento para partidos políticos es el adelanto de la contribución estatal para que, previo a las elecciones, las agrupaciones tengan acceso al 50% de la “deuda política”, una propuesta vista con buenos ojos por las agrupaciones, aunque el porcentaje podría ser un poco alto, de acuerdo con el PUSC.
Los cambios para prohibir el uso de troles, así como el endurecimiento de requisitos para inscribir partidos políticos, cuentan con el respaldo de la mayoría de estos partidos.
Estas propuestas fueron recibidas en el Congreso, el pasado miércoles.
