EscucharLas bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) se enfrascaron, este martes, en una discusión con el Partido Liberal Progresista (PLP) en torno a un proyecto impulsado por esta última fracción, para romper el monopolio en la producción de alcohol que está en manos de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) desde hace más de un siglo.
El enfrentamiento tuvo lugar en la comisión legislativa de Asuntos Económicos, donde se discute una iniciativa para abrir el mercado de la producción y distribución del alcohol industrial para usos médicos o la producción de alimentos, no así de los destilados como licores.
Dicho proyecto propone, además, dejar en manos de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) el control de la calidad de los alcoholes destinados a la exportación, con excepción de productos no considerados mercancías estancadas como la cerveza o el vino.
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Los diputados del PLN y FA manifestaron su oposición al plan bajo el argumento de que el cambio afectaría a pequeños productores que dependen del monopolio, así como a iniciativas como el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que reciben recursos de las ganancias de Fanal.
Por un lado, los liberacionistas Óscar Izquierdo y Francisco Nicolás señalaron como un tema recurrente el hecho de que el PLP insista en la apertura del mercado sin que antes se haya discutido sobre cómo fortalecer a Fanal, institución sobre la cual admitieron que tiene algunos problemas.
“Fanal ha sido durante muchos años un bastión de la producción nacional con un impacto directo en la acción social,” señaló Nicolás.
Para el legislador, la propuesta de abrir el monopolio tiene como trasfondo la intención de mezclar alcohol con combustible, un negocio lucrativo que hace tiempo quieren establecer grandes capitales en este país, según manifestó.
Además, el liberacionista sostuvo que “considerar que el 14% del tributo de estas empresas beneficiará a los productores es un espejismo”.
Izquierdo agregó que no es justo poner a competir a la Fábrica con las restricciones que enfrenta el sector público en Costa Rica. Advirtió que su bancada rechazará el proyecto hasta que se asegure la compensación por los recursos que perdería el Consejo Nacional de la Producción (CNP) con la apertura del monopolio.
Entre tanto, la frenteamplista Sofía Guillén, además de señalar eventuales riesgos para la salud pública, señaló que el plan beneficiaría a latifundistas y oligarcas.
Guillén indicó que, como empresa pública, Fanal vende alcohol al costo y de alta calidad a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Añadió que, con la apertura del mercado, el país podría enfrentar problemas de contrabando de ese producto.
En este sentido, aseguró que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) no tiene la capacidad para garantizar la calidad del alcohol que se produciría tras la apertura del monopolio.
También destacó que el mercado del alcohol genera $200 millones anuales, lo que podría convertirse en un negocio lucrativo para los pocos ingenios que controlan el 65% del mercado de la caña.
Al respecto, la diputada Kattia Cambronero, del PLP, respondió que es un sinsentido mantener el actual modelo de monopolio y negó que su plan pretenda vender Fanal, como aseguran los productores. Sostuvo que la apertura representaría una oportunidad para aumentar la producción para el mercado nacional y exterior, y bajar costos de productos.
Cambronero indicó que actualmente Laica vende a Fanal el litro de alcohol a $1,33, mientras que esta última lo distribuye a los industriales a $2,30. Según la diputada, el dinero generado no llega a los productores.
Su compañero de bancada, Gilberto Campos, cuestionó que el Estado mantenga dicho monopolio mientras financia programas contra el alcoholismo. Según indicó, lo que debería hacer el Estado es mejorar la competitividad del sector agropecuario.
Pequeños productores acudieron, este martes, a presenciar la sesión con pancartas con la consigna “Fanal no se vende”.
Proyecto sobre monopolio entró en guillotina legislativa
El proyecto entró en la etapa de guillotina legislativa, lo cual implica un plazo definido para que una comisión dictamine sobre el asunto.
Si existen mociones de cambio que no fueron discutidas, los congresistas deberán votarlas sin haberlas leído ni debatido cuando el proyecto entre en el orden del día de la comisión; solo podrán votar a favor o en contra.
En la sesión siguiente a esta etapa, cada diputado tendrá la oportunidad de hablar durante 10 minutos y luego se procederá a votar el expediente.
