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Gustavo Viales y Enrique Sánchez, diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), elaboran un proyecto de ley para postergar el inicio de la actividad electoral en el 2021.
La idea de ambos es liberar a la Asamblea Legislativa de cualquier “contaminación electoral” durante el primer semestre del próximo año, con el fin de permitir una discusión reposada de las reformas legales que el país tendrá que aplicar para cumplir el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Asimismo, se aplazaría por uno o dos meses el inicio de la campaña proselitista que, por ley, empieza el 6 de octubre del 2021 y termina días antes de las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de febrero del 2022.
Desde la semana pasada, los despachos de ambos diputados discuten un texto base con técnicos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Así lo confirmó a La Nación el jefe rojiamarillo, quien explicó que el proyecto incluiría aplazar toda actividad política electoral que estaba prevista para los primeros seis meses del 2021.
La decisión podría implicar, por ejemplo, posponer el inicio del proceso de renovación de estructuras de los partidos políticos y el desarrollo de las asambleas internas, en los que se designan los candidatos de las agrupaciones.
“La idea es que, durante el primer semestre del año que viene, nosotros estemos absolutamente concentrados en esa urgencia y que todos los partidos políticos estemos abocados a la atención de esa situación o en la recuperación de las finanzas públicas, y no en procesos electorales internos que distraen y complican el buen avance de las discusiones en la Asamblea Legislativa”, expuso Sánchez.
A modo de ejemplo, el jefe de la bancada oficialista citó que el PLN ratifica sus candidatos a puestos de elección popular en una Asamblea Nacional que realiza en abril, mientras que el PAC lo hace en julio.
Sobre reducir el periodo electoral formal, Sánchez cree que la campaña podría iniciar en noviembre o diciembre del 2021, en vez de octubre. Añade que así se lograría disminuir el monto de la deuda política de un 0,19% del producto interno bruto (PIB) a un 0,10% del PIB.
“No se tiene un número cerrado de lo que ese ahorro podría ser, pero creemos que rondaría unos ¢5.000 millones”, adelantó el jefe de la bancada de Gobierno.
La Nación le consultó a Viales sobre la propuesta, pero dijo que no podía responder debido a que estaba en revisión médica a causa de un quebranto de salud.
En tanto, Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia, declaró a este medio que él conversó la idea de posponer el calendario electoral con Viales hace unas tres semanas.
Además, se las reiteró el viernes anterior a los 17 diputados de la bancada verdiblanca durante una encerrona en el Balcón Verde, sede del partido ubicado en Sabana Oeste, San José.
En esa reunión, Arias insistió en que la fracción debe continuar con una labor de responsabilidad con el país.
“El énfasis fue que tenían que concentrarse en el estudio de estas medidas que hay que tomar, no solo por razones de pandemia, sino para resolver el problema fiscal y reactivar economía de todos los sectores productivos”, declaró Arias.
“Entonces, yendo a su pregunta (de si comentó o sugirió a la fracción ajustar el calendario electoral), la respuesta es positiva. Por supuesto que les mencioné que había que posponer, ojalá al máximo los procesos internos dentro de los partidos y darse un mayor espacio de reflexión para colaborar en este momento que es un momento vital para Costa Rica”, agregó el exministro.
El sábado 29 de agosto, el Gobierno le solicitó formalmente al FMI el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de asistencia financiera, por tres años, del tipo stand by.
En este tipo de acuerdos, el país solicitante propone y se compromete a cumplir un conjunto de medidas de estabilidad económica, el cual puede incluir, por ejemplo, aumento de ingresos públicos vía impuestos, reducción de gasto público o venta de activos.
El Ejecutivo todavía no ha expuesto en qué consistirá la propuesta costarricense al FMI, la cual abriría la posibilidad de recibir $1.750 millones necesarios para cubrir un grave faltante en las finanzas públicas.
“Eso nos va a tomar un tiempo porque a la Asamblea Legislativa no solamente llegará el crédito del Fondo para la aprobación, sino una serie de proyectos que concreten los acuerdos que se tomen con el Fondo y no serán proyectos sencillos y de trámite fácil”, explicó Enrique Sánchez.
“Ahí vamos a discutir proyectos que, posiblemente, tendrán que ver con activos del Estado, posiblemente habrá proyectos relacionados con reformas institucionales importantes, posiblemente relacionados con tributos; es decir, no son discusiones sencillas”.
“Nosotros estamos convencidos de que la Asamblea Legislativa y todos los actores políticos de la vida nacional tenemos que estar absolutamente concentrados en la atención de la emergencia y en la aprobación de las soluciones a esta situación, el mayor tiempo posible antes de empezar los aires electorales”, dijo el jefe del PAC.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN, confirmó la intención de postergar la actividad electoral.
“Es oportuno que, en vez de arrancar en el primer trimestre (del 2021), se quede para el segundo semestre toda esta calendarización; permitir al país plazos electorales más cortos, menos gastos y que podamos estar como país al 2022 con un gobierno absolutamente responsable, que logre resolver los problemas que este desastre de gobierno le ha dejado a Costa Rica”.
“No la hemos discutido en bancada, pero estoy seguro que, cuando se dé la propuesta, la vamos a apoyar. Más que una conveniencia electoral, es una conveniencia país”, dijo Chacón.
Consultas al TSE
Por su parte, Andréi Cambronero, letrado del TSE, confirmó que Viales y Sánchez plantearon a ese órgano, la semana anterior, el interés ajustar las fechas del calendario electoral del año entrante.
Explicó que ambos hicieron el planteamiento bajo interés de abaratar el costo del proceso electoral venidero a través de la reducción de los tiempos y de la deuda política.
“Se comentaron pormenores de la iniciativa, que es básicamente de hacer unos ajustes a algunas dinámicas del calendario electoral. La ley obliga al Tribunal Supremo de Elecciones a colaborar en la elaboración técnica de proyectos relativos a la materia electoral”, explicó el funcionario.
Un primer encuentro lo sostuvieron Viales y Sánchez con el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, el lunes 24 de agosto.
Esa reunión fue virtual y a Sobrado lo acompañaron Cambronero y Héctor Fernández, director de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal.
Posteriormente, el jueves 27 de agosto, en otra sesión virtual, los asesores de los dos diputados realizaron una discusión del borrador con Cambronero, Fernández y técnicos del órgano electoral.
El acompañamiento técnico del TSE no iría en detrimento de las consultas legales que harían los diputados a los magistrados electorales durante la discusión de la eventual iniciativa, añadió el letrado.
Una legislación de este tipo debe armonizar la aplicación de jurisprudencia electoral y los principios de autorregulación partidaria y democrática, comentó Cambronero.
Los tiempos
“En la lógica de que esos partidos se organizan y han establecido pauta a través de asambleas que son democráticas, plurales y territoriales desde las bases, según la concibe el Código Electoral, pues también son esas instancias las que deben tomar esas decisiones”, explicó el letrado.
Al analizar parte de los ajustes en el calendario expuesto por los legisladores, Cambronero piensa que se podría mantener la fecha de convocatoria de elecciones para el mes de octubre, pero cree que el periodo de proselitismo se podría posponer temporalmente.
