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Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) definirán internamente, el próximo lunes 18 de enero, sus posiciones sobre el proyecto de reforma al empleo público que se discute en el Congreso.
Al texto dictaminado el 10 de noviembre del 2020, en la comisión de Gobierno y Administración, aún le quedan dos procesos de revisión vía mociones de fondo antes de entrar a la discusión previa al primer debate, en plenario.
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A la fecha, como parte del inicio del primer proceso, los diputados han presentado más de 120 mociones de ajuste al texto.
Luis Fernando Chacón, jefe del PLN, anunció que su fracción definirá posiciones sobre tres grandes temas: salario global, regulación de convenciones colectivas y la rectoría de la materia.
“Se estarán analizando el próximo lunes a nivel de fracción”, puntualizó.
Lo mismo anunció el jefe de fracción del PUSC, Rodolfo Peña. “Tendremos que conversar con los compañeros diputados para ver la decisión que tomemos, porque hay que escuchar todas las opiniones”, agregó Peña.
Ambas fracciones tienen fisuras internas sobre el proyecto.
El socialcristiano Pedro Muñoz y el liberacionista Roberto Thompson propusieron un texto alternativo que dejaría en poder del Servicio Civil la rectoría de empleo público.
Al mismo tiempo, podría incrementar el gasto de remuneraciones al permitir una migración inmediata, hacia el sistema de salario global, a los funcionarios actuales que queden por debajo de los futuros sueldos.
La versión actual del proyecto abriría la puerta para que más de 28.000 empleados del Estado, en esas condiciones, reciban un súbito aumento de salario.
El Ministerio de Planificación Nacional (Mideplán) advirtió que esa redacción implicaría un incremento de poco más de ¢32.000 millones en el gasto público solo en el primer año, entre el Gobierno Central y el resto de instituciones estatales.
El salario global consistiría en una remuneración con un monto único dentro de cada escala salarial, sin los pluses que hoy disparan el gasto público. Aplicaría para actuales y futuros trabajadores.
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La jerarca de Planificación, Pilar Garrido, propone a los diputados permitir que los 28.000 trabajadores emigren de forma gradual al nuevo esquema salarial.
Es decir, que estos funcionarios sigan ganando su salario compuesto de una base más pluses hasta que alcancen al nuevo sistema.
Además, Garrido propuso tomar en cuenta la regla fiscal que congela dos años el incremento por el costo de vida del salario base cuando la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB), lo cual ocurrió en el 2020.
Las fracciones analizarán si se permite a esos empleados emigrar en poco tiempo al nuevo esquema o si se les establece un traslado gradual que duraría unos 10 o 12 años.
En reuniones extraoficiales de la comisión, Peña habría propuesto que el país se endeude internacionalmente para financiarle el aumento salarial a ese grupo.
Sin embargo, Peña dijo este jueves 14 de enero que la posición de su bancada es que si se buscan fondos para sufragar ese gasto, “deben ser de cualquier otra manera menos en empréstito”.
Donde hay más avance en la comisión, sin que aún haya un acuerdo definitivo, es en regular las negociaciones de convenciones colectivas en el sector público.
La idea es impedir que esos acuerdos generen aumentos salariales o pluses, ni comprometen al Estado a abrir nuevas plazas.
Pero, a la vez, los legisladores buscan evitar que la reforma provoque litigios de los trabajadores.
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En cuanto a la rectoría del empleo público, los legisladores discuten si esta debe quedar en poder de Mideplán, como lo estableció la reforma fiscal del 2018 y lo indica la actual redacción; o bien, si se crea un ente con la participación tripartita de Planificación, Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
