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El Poder Judicial aumentará en ¢2.000 millones su gasto en incentivos salariales para el próximo año, en comparación con el monto que ejecutará este año.
En el 2020, la Corte distribuirá ¢156.400 millones en pluses entre sus 14.000 empleados, lo que arroja un promedio de ¢930.000 mensuales por funcionario, aparte del sueldo base.
A solicitud del Poder Judicial, el monto fue incluido por el Gobierno en el Presupuesto Nacional que será presentado este viernes a la Asamblea Legislativa.
El aumento de ¢2.000 millones en pluses se produjo principalmente en el rubro de “otros incentivos”, el cual incluye los beneficios que son exclusivos para los funcionarios judiciales.
La mayoría de estos incentivos se pagan como porcentajes del salario.
Tal es el caso del Índice de Competitividad Salarial, el cual se paga a los funcionarios solo por el hecho de trabajar para el Poder Judicial y con el propósito de que sus sueldos no pierdan valor. Oscila entre un 11% y un 22,37% del salario base. Este plus costará más de ¢19.100 millones.
Otro ejemplo es el sobresueldo por variación de jornada de los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que equivale a un 20% del salario base y que demandará ¢7.160 millones.
Esos son los pluses que los magistrados de la Corte Plena decidieron seguir pagando en forma porcentual a los empleados antiguos, pese a que la reforma fiscal ordenó convertirlos en montos fijos para frenar su exponencial ritmo de crecimiento.
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El aumento de ¢2.000 millones se acerca al recorte de ¢2.500 millones que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ordenó hacerle al presupuesto del Poder Judicial al enterarse de que los magistrados decidieron no aplicar dos de las principales medidas de ahorro de la reforma fiscal.
El recorte corresponde a una partida que financiaría la creación de un tribunal anticorrupción. El presupuesto total de la Corte ronda los ¢470.000 millones.
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El presupuesto de ¢156.400 millones en incentivos incluye restricción al ejercicio liberal de la profesión, anualidades, salario escolar y ‘otros incentivos’.
El último de estos rubros costará ¢60.000 millones y sube en ¢1.690 millones en comparación con el 2018.
Pese al alza, el aumento para el próximo año es menor al incremento que tuvo la partida de incentivos en 2019 en comparación con la del 2018, que fue de ¢4.300 millones.
Esta vez, el presupuesto para anualidades baja en casi ¢900 millones, mientras que la restricción al ejercicio de la profesión sube en ¢760 millones.
Durante el 2018, el Poder Judicial afrontó un aumento en el número de jubilaciones debido a la reforma en su sistema de pensiones.
Crecimiento de incentivos en la Corte
¢2.000 MILLONES MÁS
FUENTE: PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL 2020 || C.F. / LA NACIÓN.
Especiales
En su mayoría, los pluses especiales del Poder Judicial fueron creados a lo interno de la institución, no los respalda ninguna ley; 11 de ellos están fijados en términos porcentuales.
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El incentivo de un 10% del salario base para los funcionarios judiciales no profesionales cuesta ¢5.000 millones.
El complemento para los profesionales que laboran en zonas alejadas, y que se reconoce con hasta 20% del salario, costará ¢2.650 millones, y los incentivos médicos ¢1.715 millones.
Un presupuesto menor, pero alto en importancia por la cantidad de funcionarios que lo reciben (unos 46), es el índice gerencial. Este sobresueldo paga hasta 97% del salario y lo percibe la cúpula del Poder Judicial. Es uno de los pluses más altos del sector público; su presupuesto es de ¢73 millones.
Otros incentivos que no están fijados en porcentajes también absorben una cantidad importante de recursos como la carrera profesional, cuyo presupuesto es por casi ¢21.000 millones.
Los 22 magistrados también recibirán ¢223 millones por el polémico incentivo de sobresueldo de Corte Plena que reconoce ¢800.000 más al mes a los altos jueces para ajustar su salario; ese monto crece años a año por el ajuste del costo de la vida.
