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El Poder Judicial les paga un incentivo equivalente al 97,2% del salario base a 46 altos funcionarios.
Se trata de un beneficio llamado Índice Gerencial, el cual se le desembolsa a los miembros de un grupo al que califican como "clase gerencial", conformado por las personas con los sueldos más altos de la entidad.
Es un beneficio que disfrutan los 22 magistrados, los integrantes del Consejo Superior, el director y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el jefe y el subjefe de Defensa Pública, el fiscal general, así como los directores y subdirectores administrativos.
Así lo confirmó Roxana Arrieta, directora interina del departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, tras una consulta planteada por La Nación.
Por ejemplo, con ese plus, el salario base más alto de un magistrado de la Corte, que es de ¢2,7 millones, crece a ¢5,3 millones.
El incentivo fue creado en el 2008 con la justificación de que los sueldos de esos altos mandos no eran competitivos en comparación con los de la empresa privada y con los de otras entidades públicas.
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Más pluses
Sin embargo, este no es el único plus que reciben estos altos funcionarios.
Además, perciben el Índice de Competitividad Salarial, que oscila entre el 11% y el 22,37% del sueldo base para todos los funcionarios del Poder Judicial, según el cargo, y que fue creado para que los salarios no perdieran valor adquisitivo frente al costo de la vida.
A este se suma un beneficio llamado Reconocimiento por el ejercicio de la función judicial, que va del 10% al 30% del salario base, también para todos los empleados, tan solo por pertenecer a este poder de la República.
Estos dos últimos pluses se aplican de acuerdo con el puesto desempeñado. Por lo tanto, cuanto mayor es la jerarquía, más jugoso es el monto recibido.
Los magistrados también reciben un recargo mensual de ¢800.000 por el hecho de ser magistrados.
Siempre con el ejemplo del magistrado con el mayor salario, sumándole los tres pluses antes citados, el sueldo de un funcionario de esa categoría se dispara a poco más de ¢6,7 millones.
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Lo anterior, sin tomar en cuenta los pagos extra por anualidades (cantidad de años laborados en una entidad pública) o algún otro plus que puedan cobrar, como la carrera profesional.
Para el magistrado con el sueldo más alto, una anualidad equivale a ¢52.000, cifra que se multiplica por cada año laborado. Con 10 años, serían ¢552.000.
A ello hay que agregarle el pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión, que, en el caso de los magistrados, es de un 65% del salario base. Es decir, que el monto se eleva a casi ¢9 millones.
Estos incentivos forman parte de los 21 pluses propios de que disfrutan los 12.400 empleados del Poder Judicial, monto que representa el gasto más grande dentro del presupuesto de esa entidad. Tienen un peso de ¢60.000 millones en el presupuesto anual de ¢474.800 millones de la Corte.
Restricción del gasto
Ante la crítica situación fiscal del país, el Gobierno ha tomado medidas de reducción del gasto, entre estas, las relacionadas con salarios públicos. Estas consisten en la migración de porcentajes a montos fijos o nominales, para evitar el crecimiento exponencial.
Por ejemplo, en vez del 1,30% previsto por el Ministerio de Hacienda para el incremento salarial de los empleados públicos a partir el segundo semestre de este 2018, el aumento será de ¢3.750 para todos.
El Ejecutivo también redujo a un 10% y a un 25% los porcentajes del salario base que pagará como sobresueldo a los nuevos bachilleres y licenciados, en vez del 20% y el 55% que se cancelaba antes.
Asimismo, el Gobierno también solicitó a la Dirección General del Servicio Civil cambiar el sistema de pago de anualidades de porcentual a nominal. Actualmente, se cancela un 1,94% a los funcionarios que ganan más y un 2,56% a quienes reciben menos. Todavía no se ha publicado la directriz que fijaría el nuevo monto.
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No obstante, en esta coyuntura de cambio en materia salarial, la Corte todavía no define si se acogerá a las nuevas directrices. La decisión queda en manos de la Corte Plena (conformada por los 22 magistrados), argumentó la entidad a este medio.
De momento, el Poder Judicial seguirá pagando a sus empleados una anualidad de entre el 1,94% y el 2,56% del salario base, de acuerdo con las directrices del Servicio Civil.
En cuanto a la dedicación exclusiva, la institución cancela de un 20% a un 65%, según el grado académico y la clase de puesto profesional, un porcentaje mayor al que se les reconoce a los trabajadores de las entidades públicas.
La única medida a la cual se acogerá será la del aumento salarial de ¢3.750 a los colaboradores.
