EscucharCiudad Quesada. En una pequeña bolsa plástica, Yerimar lleva galletas y dulces que ofrece en el semáforo al frente del McDonald’s de Ciudad Quesada, en San Carlos, a cambio de algunas monedas. Es mediodía. Sentados en el piso, dos de sus primos pequeños almuerzan la comida que alguien les regaló. Llevan 16 días de viaje desde Venezuela, los últimos cuatro han estado en Costa Rica. El trayecto desde el sur hasta la frontera con Nicaragua toma menos de un día, pero ellos no han podido cruzar porque les falta dinero.
“Se acaba de ir un grupo, ellos ya consiguieron el dinero. Nosotros, como somos varios, vamos a terminar de completar el pasaje para ya seguir el fin de semana, con el favor de Dios”, contó Yandreili Hernández, tía de la muchacha, a un equipo de La Nación.
Por “el pasaje”, Hernández se refiere al cobro que funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua le hacen a los migrantes en la frontera como requisito para dejarlos pasar. El peaje o multa es de $150 (poco más de ¢96.000) por persona, sin importar si es adulto o niño. Esta familia de seis, que incluye a tres menores, necesita $900 (¢577.800).
Los migrantes y las autoridades costarricenses admiten la existencia de ese cobro, pero dicen desconocer, a ciencia cierta, si es oficial, decretado por el Gobierno, o bien, si se trata de mordidas que empleados fronterizos del país vecino cobran a los cientos de viajeros que con destino a Estados Unidos y Canadá, y que se ven obligados a permanecer en Costa Rica, horas o días, hasta que consigan el dinero.
El periodista Hans Lawrence Ramírez, del diario nicaragüense La Prensa, explicó que ese cobro fue oficializado por el régimen de Daniel Ortega en agosto del 2020, por medio de una reforma a la Ley de Migración y Extranjería.
La medida legalizó los cobros en manos de la policía migratoria que antes realizaban coyotes y oficiales al margen de la ley.
Y en efecto, el artículo 122 de esa legislación, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 4 agosto de 2020 y que entró en vigor dos días después, tras su publicación en el diario oficial nicaragüense La Gaceta, fija una multa de $150 por “ingreso y salida por puesto fronterizo no habilitado”.
“Se establecen las siguientes tasas por servicios migratorios exclusivos para ciudadanos de otras nacionalidades. El monto determinado en moneda dólar de los Estados Unidos de América, se podrá cancelar en moneda nacional córdoba, aplicando la tasa oficial fijada por el Banco Central de Nicaragua a la fecha del pago”, se puede leer en el encabezado de ese apartado.
En un video publicado por la página de Instagram denominada noticiadenicaragua, se observa cómo un uniformado nicaragüense le explica a un grupo de migrantes sobre el “arancel” que deben cancelar si desean seguir.
“Estamos claros, ingresaron al país de manera irregular, verdad. La manera que ustedes tienen para seguir el tránsito en nuestro país es con el arancel de $150. Ustedes lo cancelan e inmediatamente los registramos, por si acaso en otro retén los detienen, a nosotros nos llaman, nos pasan el nombre, y si ustedes pagaron ustedes se van”, se escucha decir al hombre en el audiovisual.
Quienes no pagan, son devueltos a Costa Rica, donde recogen el dinero o esperan a que un familiar lo envíe. La otra opción es intentar cruzar de noche, cuando es más peligroso.
La Dirección General de Migración y Extranjería costarricense estima que, actualmente, la frontera con Panamá recibe unos 2.000 migrantes diarios, en su mayoría, en grupos familiares. Son principalmente venezolanos, pero también hay ecuatorianos, colombianos, haitianos, asiáticos y africanos, cuyo denominador común es el interés de llegar lo más rápido posible a Estados Unidos o Canadá.
El cobro de la multa representa un ingreso millonario para Nicaragua. En una entrevista con la Voz de América a finales de setiembre, el canciller tico, Arnoldo André Tinoco, dijo que a Costa Rica están ingresando unas 160.000 personas que van en tránsito hacia el norte. Si todos esos migrantes pagan el peaje al cruzar hacia Nicaragua, el monto asciende a $24 millones (más de ¢15.400 millones).
La Nación solicitó al Gobierno de Nicaragua una declaración sobre el arancel; sin embargo, en un correo electrónico, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, respondió solamente: “Saludos y Gracias...! (sic.)”.
Migración: solo un 10% se queda varado
Alonso Soto, subdirector de la Policía de Migración, afirmó que el 90% de las personas que ingresa por Paso Canoas, aborda autobuses y cruza hacia Nicaragua, sin problemas, en menos de un día. El restante 10%, dijo, es el que queda rezagado por no tener el dinero para pagar la multa de ingreso a dicho país.
Ese porcentaje representa 200 personas varadas cada día, tomando en cuenta que los cálculos de Migración indican que, al día, por el país pasan de tránsito unos 2.000 migrantes.
“¿Eso por qué? Porque las personas tienen que esperar a que las familias, las redes de apoyo o las personas que les están haciendo llegar los recursos económicos necesarios para continuar, les hagan el depósito a través de los centros de remesa. Este proceso, en algunas ocasiones lo hemos estudiado y, en la gran mayoría, no supera las 48 horas”, detalló Soto.
Pero mientras esperan, grupos familiares enteros quedan en condición de calle. ¿Qué se hace al respecto? La atención de estas personas ha recaído en los gobiernos locales, organizaciones humanitarias y grupos de sociedad civil. Lo que hace Migración, según Soto, es brindar acompañamiento técnico para evitar que se formen campamentos y que se exponga a las personas a situaciones riesgosas.
David Picado Luna, coordinador de proyectos de la Cruz Roja, afirmó que estos grupos suelen converger en San José y Ciudad Quesada, donde es más probable que reúnan el dinero que les hace falta; o en Los Chiles, muy cerca de la frontera.
A los que ya están a punto de cruzar, la organización benemérita les brinda algunos alimentos y productos básicos de higiene personal. Y quienes necesitan curaciones o medicinas, son atendidos en el hospital.
‘Pensamos que íbamos a morir’
“Como estamos cortos de dinero, aquí gracias a Dios las personas nos han ayudado con comida, con dinero para poder seguir a los Estados Unidos”, contó Yandreili Hernández, quien trabajaba como estilista en Venezuela, especialmente haciendo trenzas y pintando uñas.
Ella y su familia, oriundos de Caracas, salieron de su país el 11 de setiembre, cuando la escasez de dinero para subsistir se volvió inmanejable. El grupo lo conforman ella, su esposo Luis, sus tres hijos y Yerimar, su sobrina de 19 años.
“No ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible, porque lo más importante y lo más duro, que ha sido la selva, ya lo pasamos. Fue una pesadilla grandísima el Darién, pero Dios nos dio la victoria y aquí estamos. Pasamos ocho días en la selva, perdidos, pensamos que íbamos a morir.
“Ahora aquí las personas nos traen comida, nos traen ropa. No nos gusta, pero es lo que hay. Con el favor de Dios vamos a llegar pronto”, afirmó Hernández.
Cuando en Ciudad Quesada se empezaron a concentrar los grupos de migrantes, la Municipalidad de San Carlos coordinó una mesa de trabajo para atender a los más necesitados, garantizar el orden de la ciudad y facilitar que el tránsito hacia Nicaragua sea lo más fluido posible.
La alcaldesa de ese cantón, Karol Salas, explicó que grupos de vecinos aportan comida, ropa y hospedaje para casos excepcionales, pues no hay posibilidad de habilitar albergues. De acuerdo con la jerarca, por el momento, la mayor necesidad es solucionar el atasco en la frontera causado por el cobro del arancel.
“Ahí es el tema complicado, porque si las personas ya vienen desabastecidas económicamente, ¿de dónde van a sacar $150 para poder continuar el viaje? Y si vienen en un grupo familiar, entonces tienen que multiplicar esa cuota, esa es la complicación mayor que tienen estos grupos, tener esa capacidad económica para pagar este peaje. Ese es el mayor desafío”, afirmó Salas.
Migración: respetamos las leyes migratorias de Nicaragua
Soto, el subdirector de la Policía de Migración, afirmó que el atasco de ese 10% de personas que no tienen el peaje de ingreso a Nicaragua, se “diluye” con el trabajo de los vecinos que les ayudan.
“Siempre va a ser preocupante, no importa que sea el 10% o 0,01%, aunque sea una persona que esté en condición de calle, yo creo que Costa Rica no es el país que quiere que una persona esté en esa condición, quisiéramos que todos tengan las mismas oportunidades y de alguna manera garantizar derechos”, agregó.
Al consultársele si el Gobierno ha buscado alguna solución al problema, el funcionario respondió que Costa Rica es respetuosa de la normativa migratoria de la nación vecina.
“No tenemos nada oficial, no tenemos comunicación, pero hemos visto y hemos notado que esto es algo que ellos vienen desarrollando y que de alguna u otra forma podría ayudar tanto en el derecho de las personas de migrar como a resguardar su propia integridad territorial. Igual lo hacemos nosotros, aunque de forma distinta”, agregó el jerarca.
Soto enfatizó en que el Gobierno no tiene forma de saber si el flujo migratorio aumentará o disminuirá en las próximas semanas o meses. Por el momento, dijo, las autoridades priorizan agilizar el tránsito y combatir a los traficantes de personas.
