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El presidente Carlos Alvarado firmó este jueves la ley que aumenta las penas de prisión por portación y tenencia ilegal de armas.
Se trata del texto tramitado bajo el expediente legislativo 20.508 o reforma parcial a la Ley de Armas y Explosivos. Ahora, solo resta la publicación en el diario Oficial La Gaceta para que entre en vigor.
La ley elimina el trabajo comunal como castigo para quienes posean un arma sin haberla inscrito, y aumenta las condenas de prisión por su incumplimiento.
Por ejemplo, impone una pena de entre 2 y 4 años de cárcel a quien porte un arma lícita sin contar con el permiso, cuando en la actualidad la pena es de entre seis meses y 3 años.
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También, impone entre 3 y 5 años a quien tenga en su poder un arma permitida sin estar registrada. Hoy, esa condena es de tres meses e incluso se puede descontar con trabajo comunitario.
En cuanto a sanciones económicas, las multas irán desde los ¢446.200 hasta los ¢1,3 millones para quienes omita reportar el robo o pérdida de un arma.
La ley establece un transitorio de seis meses a los propietarios de armas de fuego permitidas que no están registradas a su nombre, para iniciar el proceso de inscripción.
También, sanciona con una multa equivalente a cinco salarios base a las casas de empeño que reciban armas de fuego en garantía de préstamo, así como municiones, explosivos y materiales relacionados.
Los negocios también podrían perder su licencia comercial.
Asimismo, la pena por poseer, comprar, vender, exportar, ocultar, fabricar o usar armas prohibidas será de entre 4 y 8 años de prisión.
Michael Soto, ministro de Seguridad, destacó que esta legislación ayudará a establecer controles más efectivos a la portación ilegal de armas, porque contiene sanciones más fuertes.
Señaló que, en la calle, el decomiso de armas ilegales de parte de la Policía es algo cotidiano. En lo que va del año la Fuerza Pública ha decomisado 863 armas de fuego, 34 menos que a la misma fecha del año anterior.
De igual forma, Soto informó que el país registra hasta hoy 207 homicidios, 47 menos que al mismo periodo del 2018.
El 67% de esos homicidios, según el ministro, ocurrieron con arma de fuego. De ahí que señaló la importancia de controlar el uso de las armas en el país.
“Hemos recurrido a acciones policiales y de contención, pero esperemos que esto (la ley) a mediano plazo pueda generar resultados positivos que puedan influir en los diferentes delitos en el país”, consideró Soto.
Por su parte, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recordó que, en años anteriores, el 70% de homicidios dolosos se cometió con armas de fuego.
“Eso significa que esta (el arma) es la herramienta o el instrumento al que recurren los criminales para potenciar su actividad delictiva”, explicó.
Con esta ley, que ofrece mayores sanciones, Espinoza considera que se desestimulará el uso de armas ilegales en el país.
Previo a la firma, el presidente destacó la vocación de paz de Costa Rica. Dijo que esa ley es consecuente con ese espíritu.
“No podemos tener un país que lucha y persigue la paz, mientras no tengamos esta regulación en materia de armas”, señaló el Alvarado.
A la actividad acudieron también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y legisladores miembros de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad que dictaminaron el proyecto.
La Asamblea Legislativa también tramita el expediente 20.509, el cual es una reforma a los artículo 7, 20, 23 y 51 de la Ley de Armas y Explosivos.
Dicha propuesta, entre otras elementos, reduce de 3 a 2 la cantidad de armas que cada costarricense puede poseer legalmente.
