Escuchar
La Presidencia de la República atribuyó una declaración errónea del mandatario Rodrigo Chaves, sobre las penas por posesión de armas de guerra, a una confusión del ministro de Seguridad, Mario Zamora.
El 16 de noviembre, en su habitual conferencia de prensa en Casa Presidencial, Zamora dijo equivocadamente que poseer un arma automática es una “mera contravención” que solo se sanciona con una multa.
De inmediato, el presidente dijo que andar con un fusil de asalto AK-47 equivale a “andar borracho en un evento público y hacer escándalo”.
Desde el 17 de noviembre, La Nación consultó a Casa Presidencial por qué el mandatario y el ministro pronunciaron tales afirmaciones, si los artículos 89 y 90 de la Ley de Armas y Explosivos son claros en que la posesión de este tipo de armas es un delito castigado con una pena de 4 a 8 años de cárcel, con lo cual la persona puede ser detenida y pasada al Ministerio Público.
Zapote respondió este lunes 11 de diciembre: “Por una confusión del ministro de Seguridad Pública, sobre el marco normativo, se brindaron datos equivocados”.
“Lo que realmente se quiso expresar es la inconformidad con el proceso que se le da a los detenidos por delitos como la portación ilegal de armas, pues la persona que comete este delito no necesariamente va a la cárcel de manera inmediata”, agregó.
En la conferencia, los dos jerarcas hicieron otra declaración errónea. Dijeron que era urgente aprobar el proyecto de armas que el gobierno presentó, en abril, ante la Asamblea Legislativa.
Chaves preguntó: “¿Nosotros presentamos hace nueve meses al Congreso una ley para convertir en eso en un delito ojalá mayor?”. Zamora le respondió: “Sí señor”.
Sin embargo, el proyecto de ley sobre armas del Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con armas automáticas de guerra.
El expediente 23.689 en realidad haría modificaciones sobre la regulación de armas permitidas. Por ejemplo, plantea elevar hasta en un tercio la pena por posesión ilegal de armas permitidas, cuando esta se encuentre inscrita a nombre de un tercero, haya sido reportada como extraviada o sustraída o haya sido utilizada en un delito. La pena actual va de tres a cinco años.
Chaves renunció a impulsar este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
La Nación también consultó a Presidencia si existe algún otro proyecto de ley, presentado por el Gobierno, que plantee regular el tema de armas y que contenga lo indicado por los jerarcas. No obstante, no hubo respuesta al respecto.
LEA MÁS: Rodrigo Chaves renuncia a sus proyectos de ley sobre seguridad ciudadana
