EscucharAltos funcionarios de Casa Presidencial idearon un plan para ocultar la orden del mandatario Rodrigo Chaves, girada a los jerarcas del Gobierno, de suspender “toda publicidad” estatal en cuatro medios de comunicación: La Nación, Canal 7, CRHoy.com y el programa radial Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda.
Un audio facilitado a este diario por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, evidencia cómo buscaron “una ruta legal” para no admitir la existencia de la directriz girada el 8 de julio del 2022 mediante un chat de WhatsApp, en el que estaban los ministros y presidentes ejecutivos que conformaban el gabinete.
La orden, además, implicaba “no participar en entrevistas” en el programa radiofónico Hablando Claro, de la periodista Vilma Ibarra, ni en el de Amelia Rueda.
Se trataba de una orden “reiterada” de Chaves que también se hizo verbalmente. “Aquí no sale nada, si no es una orden del presidente”, dijo Navarro, mientras que el entonces jefe de despacho de Chaves y actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que se había buscado la forma “de no dejar rastro”.
La periodista Ibarra había obtenido un pantallazo de la instrucción enviada en el chat de ministros y solicitó a Presidencia una “copia o transcripción por escrito de la directriz”.
El 15 de julio del 2022, un grupo de altos personeros de Zapote discutió cómo contestarle a la reportera. Gabriel Aguilar, en aquella época asesor y hoy jefe de despacho de Chaves, propuso responder que no podían suministrar esa información porque versaba sobre comunicaciones de carácter privado, y que estas se encuentran protegidas por la Constitución Política.
La entonces ministra Navarro le preguntó: “¿Pero no nos puede llevar a un juicio o algo así?”
De seguido Aguilar le contestó: “No, no, ella puede ir a la Sala Constitucional. De que puede hacerlo lo puede hacer, lo que pasa es que nosotros también deberíamos armarnos bien y saber qué es lo que se le va a contestar realmente. La directriz no existe, no existe la orden, no existe la instrucción de manera formal, fue un mensaje de WhatsApp, únicamente”.
Justo esa respuesta recibió Ibarra 12 días después, el 27 de julio del 2022, de parte del entonces director de Prensa de la Presidencia, Armando Gómez.
Gómez le indicó a la periodista que su consulta se encontraba sustentada “en la captura de pantalla de una supuesta conversación privada de WhatsApp” y que, como el artículo 24 de la Constitución Política protege las comunicaciones privadas, “no sería prudente de mi parte referirme al respecto, en detrimento de mis garantías constitucionales”.
Posteriormente, cuando Vilma Ibarra llevó el caso a la Sala Constitucional, Navarro y Gómez declararon bajo juramento, el 17 de agosto del 2022, que “el Ministerio de Comunicación está imposibilitado a concederle dicho acceso, toda vez que no ha emitido ningún acto administrativo formal con carácter de directriz, orden o instrucción dirigido a los jerarcas del Gobierno de la República”.
Ambas respuestas coinciden con lo expresado por Gabriel Aguilar en la reunión efectuada un mes antes.
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‘Hay que buscar la ruta legal’
En aquel encuentro del 15 de julio del 2022, Jorge Rodríguez Vives dijo que la filtración de ese mensaje de WhatsApp sobre la directriz del mandatario no era un ataque a Patricia Navarro, sino al Gobierno.
“Hay que armar una cuestión muy coherente, de todo lo que se ha leído, de libertad de expresión (…). Hay que buscar la ruta legal para contestar lo que queremos contestar”, afirmó Rodríguez.
Propuso reconocer que la parte de publicidad sí era cierta, pero de inmediato Navarro le dijo que no, porque “si estamos diciendo que una parte es cierta, la otra no puede ser mentira, porque está en el mismo mensaje, en el mismo pantallazo”.
Luego de descartar esa idea, la hoy exministra comentó que ya se había hablado con el Colegio de Periodistas (Cólper) y la Cámara Nacional de Televisión (Canatel) sobre la intención de modificar la pauta publicitaria.
Rodríguez insistió: “Lo que hay que ayudar a construir es una ruta legalmente muy sólida para decirle ‘vieja estúpida, cállese’”.
Patricia Navarro entonces leyó un mensaje que le envió Belisario Solano, quien para esa época presidía el Cólper. Se trataba de un mensaje que Vilma Ibarra le había enviado al propio Solano, junto con el pantallazo de la orden presidencial.
El mensaje decía: “Estoy asqueada y ojo, espero que no me vengas a enfrentar con respecto a la directriz de la ministra de Comunicación del viernes, a ministros y presidentes ejecutivos, de no aceptar entrevistas en Hablando Claro”. La ministra interpretó que Ibarra estaba enojada porque la habían vetado.
‘Aquí no sale nada, si no es una orden del presidente’
En la reunión en la que los funcionarios discutieron cómo ocultar la orden del mandatario, también estaban presentes el publicista de la Presidencia, Alexánder Castilla; y la jefa de despacho de Navarro, Hazel Mora.
“A mí (los ministros) también me han preguntado en estos días y yo les dije: ‘Hagan lo que quieran, ustedes hablen con el presidente, ustedes se comen la bronca con el presidente’. Yo me salí de esto porque tampoco quiero, yo ya hice lo que tenía que hacer, no voy a insistir, que se coman la bronca con el presidente, no conmigo”, dijo Navarro, y se dio el siguiente intercambio:
—Alexánder Castilla: “¿Pero eso fue una orden del presidente?”
—Patricia Navarro: “Claro, aquí no sale nada, si no es una orden del presidente. Sí, fue una orden del presidente y es una orden reiterada, que viene y se les hizo verbalmente”.
—Jorge Rodríguez: “Patricia solo ha venido tratando de manejar la forma para no dejar rastro. Llamó a todo el mundo; mucha gente no hizo caso”.
—Patricia Navarro: “Mandé chats privados a algunas personas diciéndoles que recordaran la necesidad de redireccionar la pauta. Eso se les ha dicho por los chats, a cuatro, cinco personas”.
—Alexander Castilla: “¿En Consejo de Gobierno?”
—Patricia Navarro: “Esa es la vía que debí escoger, decirles en Consejo de Gobierno, debí decirles ‘el presidente se dio cuenta y les llamó la atención a todos’”.
—Hazel Mora: “Usted lo envió porque a usted la estaban presionando, nadie envió la información que usted estaba pidiendo”.
—Patricia Navarro: “Incluso, doña Esmeralda (presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS) me preguntó que dónde estaba el oficio. ‘Puta mae, no hay oficio’. No hay oficio, punto, porque no queremos hacer oficial esto que sabemos puede filtrarse a la prensa”.
Resolución de la Sala IV
Ante la reticencia de confirmar la veracidad de la orden del mandatario, Vilma Ibarra presentó un recurso de amparo el 5 de agosto del 2022. Dos meses después, el 4 de octubre, la Sala IV declaró parcialmente con lugar el amparo, al no comprobarse que Navarro, Gómez o cualquier otro funcionario de la Presidencia “giraran alguna orden o directriz en los términos indicados por la amparada”.
Cuando la Sala Constitucional le preguntó a Navarro sobre esa directriz, ella argumentó por escrito que no se había emitido “ningún acto administrativo formal con carácter de directriz, orden o instrucción dirigido a los jerarcas del Gobierno de la República, con contenido restrictivo o discriminatorio, ni en relación al programa Hablando Claro, ni a ningún otro programa o medio de comunicación”.
La respuesta concuerda con la recomendación del actual jefe del despacho presidencial, Gabriel Aguilar.
En la resolución N.º 23107-2022, los magistrados rechazaron el reclamo de Ibarra, quien había alegado que la directriz era una actuación ilegítima de las autoridades del Ministerio de Comunicación que afectaba y amenazaba gravemente los derechos fundamentales de acceso a la información pública, derecho de petición y respuestas, así como la libertad de expresión y la libertad de prensa.
No obstante, la Sala le recordó a la Casa Presidencial la importancia de la libertad de información. Le señaló las consecuencias de realizar cualquier tipo de práctica que obstaculice ese derecho o que impida el libre ejercicio del periodismo y que la población esté enterada sobre el quehacer del Gobierno.
“Las prácticas que obstaculizan el acceso a la información”, dijeron los magistrados, incluyen “impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta”.
