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Casa Presidencial nombró como directivo, en el Consejo de Transporte Público (CTP), a un autobusero cuyas empresas acumulan deudas por ¢270 millones en la Aresep, al grado de que afronta cobros judiciales. Además, una de las compañías está cerca de perder una ruta por haber estado morosa con la CCSS.
Se trata de Esteban Ramírez Biolley, conocido como Orlando Ramírez Biolley, quien compró bonos de la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, por ¢8 millones.
Casa Presidencial escogió al financista de Progreso Social Democrático (PPSD) el 1.° de junio, para colocarlo en el CTP, después de que el sector autobusero le envió una terna con candidatos para el cargo.
Desde junio pasado, La Nación consultó a Presidencia qué criterios utilizó para escoger al representante, pero a la fecha no ha contestado.
Después del nombramiento, el financista abogó por un subsidio para los autobuseros en el precio del diésel, ante autoridades del Gobierno.
Deudas con Aresep
Cinco autobuseras vinculadas a Ramírez no pagan desde hace años el canon de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el cual es exigido por ley a los operadores de transporte público.
Tres de las empresas (Cesmag, Autotransportes Zapote y La Unión) adeudan el canon desde el 2018 y las otras dos (El Carmen de Tres Ríos y Magasoso Lomas Sur), desde el 2019.
En conjunto, estas compañías adeudan los ¢270 millones a la Aresep, sin considerar intereses y multas, que se encuentran en cobro judicial. Tampoco se contabilizan las sumas correspondientes al 2021, porque se concedió una prórroga para pagar, a más tardar, este año. Igualmente, los cánones del 2022 no han sido cubiertos.
El canon de regulación es un requisito de operación que se carga a las tarifas de bus. Su pago es trimestral y tiene como propósito financiar la regulación del servicio.
Ramírez emprendió una batalla legal contra la Aresep, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual dictó una medida cautelar que frenó los procesos de cobro judicial en su contra.
Según la Autoridad, las firmas asociadas al empresario presentaron tres demandas contra la institución.
Ramírez se negó a sostener un intercambio de preguntas y respuestas con La Nación. Mediante un mensaje escrito, alegó que las empresas recibieron menos pasajeros por la pandemia y esta circunstancia impidió recaudar el monto del canon. No obstante, según la Aresep, los incumplimientos en el pago del canon vienen desde el 2018.
El autobusero alega que la Autoridad Reguladora pretende que el operador de rutas pague el canon de su patrimonio y que, ante la negativa de la institución para negociar, decidió judicializar el conflicto para evitar los cobros.
Lío con concesión de Zapote
Las empresas relacionadas con Ramírez controlan buena parte del transporte público del sector este del área metropolitana de San José.
Sin embargo, en agosto pasado, el Tribunal Administrativo de Transporte resolvió que Autotransportes Zapote incumplía con los requisitos para que se le renovara la concesión en el 2021.
La razón es que, para el momento de la renovación, la empresa estaba en deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Luego de la resolución del Tribunal Administrativo, la Junta Directiva del CTP, de la cual Ramírez es parte, tendrá discutir si deja en firme la revocatoria de la concesión de Zapote.
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E-mail al Gobierno
El legislador del Frente Amplio, Ariel Robles, divulgó un correo electrónico, del pasado 11 de junio, en el que el empresario Ramírez les sugiere a autoridades de Gobierno un mecanismo para subsidiar el diésel que usan los autobuseros, mediante un ajuste a la metodología tarifaria de la Aresep.
El mensaje iba dirigido a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; y a la viceministra de Transportes, Laura Ulloa.
Ramírez proponía un subsidio del 15% al diésel con el argumento de que, así, se salvaguardaría la continuidad del servicio de transporte público.
Al respecto, Ramírez dijo que dicho correo “no tenía otra intención más que exponer lo que le sucedía al sector autobusero ante un aumento del 94% de los costos del combustible”.
Agregó que por “solicitud del Gobierno” y por sus credenciales como directivo, hizo la exposición de la fórmula matemática que utiliza la Aresep para reconocer el costo de combustible en las tarifas y el impacto que estaba teniendo en los empresarios.
“Esas acciones ante el Gobierno permitieron visibilizar el problema para que no se tuviera un aumento del 21% en las tarifas, sino, en su lugar, del 6,39% aprobado”, indicó.
Para el diputado del Frente Amplio, el autobusero impulsó el decreto que cargó a los consumidores de gasolina el costo de un subsidio al precio del diésel.
El beneficio les costó ¢8.000 millones a los usuarios de gasolina desde mediados de junio hasta principios de agosto. Básicamente, el mecanismo frenó una rebaja en las gasolina súper y regular para atenuar el precio del diésel.
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Antigüedad de buses
Además, las rutas de Orlando Ramírez tienen una flotilla que, en parte, incumple con la antigüedad máxima de 15 años que permite la ley para el transporte público.
El pasado 30 de setiembre, la Junta Directiva del CTP rechazó una solicitud de Cesmag de extender la operación de nueve unidades que tenían más de 15 años. La compañía argumentó dificultades económicas arrastradas desde la crisis sanitaria.
También, la empresa Transporte El Carmen de Tres Ríos pidió más tiempo para sustituir siete unidades; mientras que Magasoso Lomas Sur hizo lo mismo con otros dos buses.
En la actualidad, en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley que ampliaría la antigüedad máxima de los buses de 15 a 20 años. Dicha iniciativa, que cuenta con el visto bueno de la Junta Directiva del CTP, beneficiaría a casi 160 empresas, incluidas varias de Ramírez.
El plan ya fue dictaminado positivamente en Comisión de Asuntos Económicos y ahora será discutido en plenario.
