EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, emitió una directriz a ministros y presidentes ejecutivos para que cada uno reporte los alquileres de oficinas y edificios en los que incurren los ministerios, instituciones públicas y empresas estatales.
De acuerdo con la instrucción, emitida en la sesión de Consejo de Gobierno del 18 de mayo, los jerarcas deben incluir en sus reportes el costo anual del alquiler, vigencia y antigüedad del contrato, así como el nombre físico o jurídico del arrendatario.
Asimismo, el mandatario giró una directriz al canciller Arnoldo André y la ministra de Planificación, Laura Fernández, para que realicen un inventario “que constate todas las membresías en los distintos organismos internacionales, el costo anual y definir la existencia de deudas”.
Las indicaciones del mandatario constan en el acta del Consejo de Gobierno. No obstante, no se detalla el tiempo máximo para que los jerarcas entreguen la información a Presidencia.
El plan de gobierno del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) planteó reducir el costo de los alquileres. Sin embargo, no detalla la vía.
La administración de Carlos Alvarado dejó listos los estudios de factibilidad para construir Ciudad Gobierno, un gigantesco complejo de más de 153.000 metros cuadrados en el que se ubicarían 16 ministerios en ocho edificios.
La megaobra, que se construiría mediante una concesión a 30 años, generaría ahorros en alquileres y mantenimientos de inmuebles por los que el país paga alrededor de $42,5 millones anuales, según el planteamiento.
En un reciente informe de auditoría, divulgada en diciembre anterior, la Contraloría General de la República (CGR) detectó que algunas instituciones públicas siguen suscribiendo contratos de arrendamientos sin acatar directrices de control de gasto.
El órgano contralor señaló que existe una débil labor de dirección del Ministerio de Hacienda, institución encargada del tema.
Una directriz presidencial, emitida en 2018, prohibió el alquiler de edificios en moneda extranjera y estableció que los reajustes de precio no deben superar los índices de inflación del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Pese a ello, la auditoría detectó instituciones que todavía firman contratos de alquiler en dólares y con reajustes superiores a la inflación.
En la Administración Central, la Contraloría encontró que casi el 10% de los contratos de arrendamiento contemplan reajustes superiores al establecido en la directriz del Gobierno; mientras que en el sector descentralizado, el porcentaje ascendió a un 65%.
Asimismo, halló que un 27,5% de los alquileres fueron pactados en moneda extranjera en las instituciones descentralizadas, mientras que en el Gobierno Central el porcentaje fue de 3,5%.
