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San José
La Casa Presidencial afina un nuevo estudio con el que pretende darle otra estocada al proyecto de ley que limitaría el pago de beneficios salariales en el sector público. Alega que el texto en discusión no generaría el ahorro esperado para las finanzas públicas, pero no ofrece ningún plan alternativo que sí recorte gastos en estos pluses.
El presidente Luis Guillermo Solís y su ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, afirmaron a La Nación que Zapote prepara un estudio que ya arroja diferencias significativas con las cifras de ahorro que estimó la contralora general, Marta Acosta, sobre todo para las instituciones descentralizadas.
El 17 de enero, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, ella afirmó que el proyecto de ley de la liberacionista Sandra Piszk (expediente 19.506) generaría un ahorro de unos ¢270.000 millones en el sector descentralizado (1% del PIB) y unos ¢13.500 millones en el Gobierno central.
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No obstante, el mandatario Solís dijo a La Nación este martes 24 de enero que la Presidencia probará que la Contraloría General de la República estaría equivocada en su estimación sobre las instituciones autónomas.
"El tema de empleo público se ha desmitificado mucho, me parece, en un debate en el que los medios han participado. Nosotros creemos que el proyecto de empleo público no tiene el peso para la resolución de los temas fiscales que el algún momento se le atribuyó. Eso es lo que hemos dicho", afirmó Solís.
Marta Acosta había manifestado que el proyecto no ayudaría a paliar el déficit fiscal del Gobierno central, de un 5,1% del PIB, porque el ahorro se generaría sobre todo en las descentralizadas, cuyas cuentas no forman parte del cálculo del déficit.
"Lo dijo la señora contralora y nosotros tenemos unos números que son ajustados por el Ministerio de Hacienda y hay una discrepancia entre esos números que usó la contralora y los nuestros. Nosotros hemos revisado los nuestros y creemos que son los correctos", adelantó Luis Guillermo Solís.
Un día después de la contralora, el ministro Alfaro dijo a los diputados que, en vez de provocar un ahorro, el plan de empleo público aumentaría el gasto estatal.
¿Hay alternativa? Entonces, al consultársele a Solís si su Gobierno va a plantear una propuesta alterna al proyecto de empleo público que provoque ahorros mayores que el que redactó la diputada Piszk, el gobernante dijo que todo depende de cómo evolucione la realidad política y social del país.
"En eso estamos todavía (pensando en alternativas). Hay un espacio que tenemos antes de que se materialice, si es que se materializa, una huelga general que este país no necesita y que este Gobierno no quiere, porque me parece que le haría muchísimo daño a Costa Rica en estos momentos una huelga donde se puedan juntar diferentes representantes de sectores públicos, que al final lo que van a generarle al país es una situación muy onerosa desde el punto de vista del tiempo, del trabajo y de las condiciones sociales", apuntó Solís.
Esa posición sobre la eventual huelga ha sido calificada por diputados opositores y por el sector empresarial, representado en la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), como un signo de que el presidente y su Gobierno tienen un pacto con los sindicatos para no aprobar ninguna reforma a los pluses salariales y a la forma en que se califica el desempeño de los empleados públicos, requisito para pagarles el beneficio de la anualidad.
"Seguimos trabajando y matizando el énfasis que le ponemos a esos proyectos (empleo público y reforma fiscal) a partir de la realidad. Aquí lo que hay no es un abandono de una tesis (necesidad de la reforma fiscal), lo que hay es un balance objetivo de la realidad", continuó el mandatario.
La oposición mantiene en firme su condicionamiento de que no aprobará el incremento de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, pretendido por Solís, mientras no se apruebe un proyecto de ahorro en empleo público.
Ante esa realidad, el presidente reconoció a este diario que ese plan de impuestos se desvanece. Agregó que ahora algunos sectores le exigen que no abandone su reforma tributaria para que él asuma el costo político en la campaña electoral.
Este miércoles por la tarde trascendió que 20 diputados firmaron una carta dirigida al gobernante solicitándole que retire de la corriente legislativa el expediente 19.506.
Víctor Morales Zapata, diputado de Acción Ciudadana (PAC) afín a Zapote, reiteró lo que ya había dicho a La Nación la semana pasada: que hay que descartar el proyecto como "un peaje" que debe pagar el Gobierno para entrar en el debate del aumento de la carga tributaria.
Por su parte el diputado Gerardo Vargas Varela, del Frente Amplio (FA), dijo que no debe tardarse la Casa Presidencial en frenar el avance de la propuesta de ley. Tanto Vargas como Morales Zapata defienden la tesis sindical de que el proyecto vendría a golpear derechos laborales adquiridos por los gremios de empleados públicos.
"Hoy (este miércoles), 20 diputados y diputadas firmamos una carta en contra del proyecto 19.506 sobre empleo público. El presidente debe retirarlo ya de la corriente legislativa", afirmó el diputado de izquierda.
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En tanto, el ministro Sergio Alfaro no ofreció ninguna fecha para la presentación del nuevo estudio sobre los efectos del proyecto de ley de empleo público en el déficit fiscal.
Algunos diputados, como Sandra Piszk y el oficialista Ottón Solís, han insistido en que es inútil estimar ese impacto económico, pues el verdadero espíritu de la propuesta es acabar con el desorden que existe actualmente en el empleo público, donde hay diversos regímenes salariales, homologándolos en uno solo.
Mientras la Presidencia prepara el estudio, los diputados oficialistas y Hacienda exploran hasta dónde ceder con la reforma tributaria.
3 PREGUNTAS SOBRE EL TEMA
¿Qué propone el proyecto de empleo público?
Regular el otorgamiento de ocho beneficios salariales que se pagan en las instituciones del sector público, como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y auxilio de cesantía. En el caso de las anualidades, por ejemplo, se equipararían los pagos de las instituciones descentralizadas con los de los ministerios. Los primeros pueden ser hasta cuatro veces mayores. Actualmente, algunas instituciones como la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico (TEC) suman a los salarios base un 5,5% y un 6%, respectivamente, por cada año laborado.
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¿Por qué la Presidencia consideró que el plan más bien subiría el gasto?
Alega que en el caso de las anualidades, el plus de mayor peso, el proyecto subiría el costo del beneficio al introducir un nuevo mecanismo de evaluación de los funcionarios.
Actualmente, el beneficio se le paga a funcionarios buenos, muy buenos y excelentes. El texto de Piszk propone pagar el plus solo a los empleados muy buenos y excelentes y que el porcentaje dependa de la calificación: entre 1,94% y 2,56% anual sobre el salario para excelentes; y entre 1,45% y 1,92% para muy buenos.
Sin embargo, según Presidencia, ese cambio daría pie para que se empiece a calificar a prácticamente todos los funcionarios como excelentes, y eso les subiría el pago a empleados que hoy no llegan a eso. No obstante, hoy más del 99% de los funcionarios reciben las anualidades.
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¿Por qué la contralora dijo que el proyecto no ayudaría a bajar el déficit fiscal?
Marta Acosta sostiene que, si bien el plan generaría un ahorro equivalente al 1% del PIB en las instituciones descentralizadas, ese dinero se quedaría en esas entidades y no beneficiaría al Gobierno central, en donde calcula que el ahorro no llegaría ni a un 0,05% del PIB. Agrega que los ahorros de las descentralizadas no inciden en el cálculo del déficit del Gobierno central, que llegó a un 5,15% del PIB el año pasado.
