Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), afirmó que a su institución llegó una propuesta de intercambio de información con la Presidencia de la República que no fue tramitada.
“En efecto, el pasado martes, fui informado por un funcionario de la Superintendencia de que, al correo electrónico de otro compañero de uno de los compañeros de la Sugef, había llegado una propuesta de un convenio de intercambio de información entre Casa Presidencial y Sugef, relacionado con la Central de Información Crediticia (CIC), que es la central en la cual almacenamos la información de los créditos de todas las personas que tienen operaciones de préstamo en el sistema financiero regulado”.
“Dado que no ingresó por los canales oficiales de la Superintendencia esta propuesta, ni nunca llegó al despacho, no se le dio trámite; no se respondió absolutamente nada sobre la propuesta”.
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“En todo caso, si ese borrador de convenio hubiera llegado directamente al despacho o por los canales oficiales, la respuesta habría sido que esa información está protegida por ley y, por lo tanto, es imposible para la Superintendencia legalmente brindar esos datos a menos que se cuente con la autorización de cada una de las personas propietarias de la informacion”, explicó el superintendente Alfaro.
La Fiscalía General investiga si una oficina de asesores del presidente Carlos Alvarado accedió a información confidencial de los habitantes en manos de instituciones públicas.
La investigación surgió luego de que un decreto publicado el 17 de febrero y derogado el día 21, para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), pretendía darle acceso a esa oficina datos confidenciales resguardados por entidades públicas.