Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pidió tiempo para poner en orden a la institución y, luego, entrar de lleno a resolver su situación económica y el pago de la deuda del Estado.
Al consultársele si hay claridad sobre las obligaciones pendientes del Gobierno con la CCSS, Esquivel dijo: “Hay temas que hay que afinar porque no nos hemos puesto de acuerdo; es más, la comisión que ha sido creada para eso no se ha puesto de acuerdo. Yo no me he sentado a ver ese tema, por ahora”.
Agregó que existe un serio problema de confiabilidad en los datos financieros de la CCSS, al tiempo que ella debe afrontar una enorme cantidad de trabajo pendiente en la presidencia ejecutiva y en la gerencia general que tiene como recargo.
“Y por favor, tengo a cargo una gerencia, una presidencia ejecutiva, no tengo datos, tengo 450 acuerdos de Junta Directiva sin ejecutar; tengo un año de actas de Junta Directiva que no están incorporadas en un libro de actas; tengo no sé cuántos temas de auditoría interna pendientes de la gerencia general.
“Déjenme afinar, déjenme ir saliendo de lo que tengo ahí y entonces hablamos de la situación económica de la Caja. Lo que sí les puedo decir es que en este momento lo que nos está dando aire es lo que no estamos ejecutando (inversiones)”, declaró a la prensa el miércoles, en la Asamblea Legislativa.
Sobre el problema financiero, la jerarca sí había dejado en claro que la Caja afrontaría problemas de liquidez a partir del 2026 si no se hacen ajustes. Precisó que el plan de inversiones terminaría por agotar las reservas de la institución.
Insistió en que el principal problema es que no existe fiabilidad en los datos que permitan tomar decisiones correctas.
Citó un estudio actuarial de agosto del 2022, el cual revela que la CCSS tendrá que utilizar, a partir del año en curso, las reservas y provisiones del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) para brindar los servicios de atención médica a los asegurados, pues los gastos superan a los ingresos.
Las reservas hasta abril del 2022 ascendían a ¢1,5 billones. La jerarca explicó que esos recursos son para proyectos de inversión, los cuales tendrán que revisar.
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En cuanto a la deuda del Gobierno con la CCSS, la diferencia entre criterios es enorme. En el 2022, mientras Hacienda sostenía que lo adeudado eran ¢280.000 millones, la Caja hablaba de ¢2,7 billones.
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“Primero déjennos poner la casa en orden. Lo que sí le puedo decir es que si seguimos con el nivel de gasto y la inversión que tenemos, a dos años, tres años vuelta, no vamos a tener liquidez y nos vamos a comer la reserva”, dijo la jerarca.
Sobre las inversiones, la presidenta ejecutiva dijo que la institución no realiza un análisis adecuado para desarrollarlas.
“Este año entra a funcionar el hospital de Turrialba y el próximo el de Puntarenas. El problema nuestro no es tanto la inversión, sino de operación. La idea es mejorar cómo estructuramos proyectos. ¿Pregunté cómo calculamos el costo operativo que es el que provoca mayor gasto y me dijeron ‘no lo sabemos hasta que entremos en operación’”, señaló.
Asimismo, sostuvo que la entidad podría ahorrar $30 millones al pasar de 145 a 45 centros de compras.
Otro de los problemas en la Caja que expuso es la falta de control sobre los implementos médicos y los medicamentos, los alquileres, la falta de inventario de las propiedades y la amplia cantidad de centros de compras.