EscucharLa presidenta ejecutiva de Japdeva, Sussy Wing, acusó a un contratista de haber extraído dos vehículos institucionales, tipo pick up, mientras retiraba chatarra de los puertos.
Se trata de Cooperecicla R. L., una organización que había comprado 2.046 toneladas de chatarra mediante una licitación pública, por un monto de ¢65,6 millones.
Este remate, consignó la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), consideraba, entre otros equipos, cuatro cabezales portuarios, una lancha, 40 montacargas, dos grúas para desmantelar y 18 vehículos en desuso, entre pick up, panel y busetas.
La jerarca sostuvo que dicho remate no incluía las unidades con las placas 109-177 y 109-182, las cuales tienen un valor conjunto de ¢2,9 millones.
Wing se enteró de la pérdida de esos vehículos cuando ordenó hacer un inventario de las unidades existentes para remate. Estos carros no aparecieron y la jerarca responsabilizó directamente a este contratista.
“Esta gente no siguió sacando chatarra porque yo les prohibí el ingreso a Japdeva, porque ellos andaban con un carrito a la libre, en los ojos y en la cara de todo el mundo, cortando y sacando cosas que ellos se les ocurría que fuera chatarra, sin ninguna supervisión. Aunque ustedes no lo crean”, afirmó.
Sussy Wing expuso esos supuestos hechos en la sesión de junta directiva de Japdeva, del 11 de mayo anterior.
Sin notificación
Por su parte, Fran Hurtado, gerente de Cooperecicla R. L., dijo a La Nación que no han sido notificados sobre este presunto hecho y aseguró que más bien interpusieron una queja ante la Contraloría de Japdeva pues, según afirmó, aún tienen pendiente sacar parte de la chatarra que compraron en esa licitación pública.
“No nos han comunicado nada hasta el día de hoy. Le hemos pedido al Consejo, a la junta directiva, a todo el mundo que nos digan, porque ellos podrán decir todo lo que quieran decir, pero no tenemos absolutamente nada”, declaró Hurtado.
“Les hemos urgido que si hay algo como esto o cualquier otra cosa, que nos podamos sentar. Hemos invertido una gran cantidad de esfuerzo y ellos todavía tienen un material que no es de ellos y lo siguen reteniendo de una manera que nosotros consideramos que no es la adecuada”, agregó.
La presidenta ejecutiva de Japdeva, en esa sesión de junta directiva, dijo además, que “ellos cortaron con acetileno las estructuras de los carros y los sacaron”. Y aseguró que tenía “fotos donde ellos tienen las piezas vendiéndolas”.
Sobre esa acusación, Fran Hurtado afirmó: “Desearía tener esa información tan clara que usted tiene. Sería para mí muy irresponsable responder a algo que no nos consta. Si yo respondo a algo que no tenemos, después nos estaríamos metiendo en una situación que hemos evitado hasta el día de hoy, que es de comentarios o dimes y diretes”.
Jerarca dice haber sido advertida por un tercero
Sussy Wing relató a los demás directores de esa entidad portuaria que se enteró de este supuesto hecho por medio de una tercera persona, quien pretendía comprar las dos pick up directamente a Japdeva.
Según relató la jerarca en esa sesión de junta directiva, el interesado se presentó a Japdeva para comprar esos dos vehículos.
“Los vino a buscar y no estaban, se los habían llevado. Y (dijo) que la persona que estaba en ese momento, porque después se acogió al cese (laboral), era la que sabía dónde estaban todas las unidades y que se hacía la tonta, la desatendida, que no sabía dónde estaban las unidades”, contó Wing.
A partir de ese momento, según dijo, fue que ella ordenó hacer el inventario de los vehículos de la institución. Luego de ese proceso fue que se enteró que los dos pick up ya no estaban.
¿Qué dicen las bitácoras de Japdeva? Los documentos oficiales registraron, a medias, los ingresos y las salidas del contratista con el retiro del material de chatarra.
En cada una de las salidas debía reportarse el peso. No obstante, en algunos casos no se registra ni la firma del contratista ni la firma del personal de Japdeva encargado del proceso.
El 5 de agosto, por ejemplo, no se registró ni el peso del material extraído del puerto ni la firma de los responsables de cada parte. Únicamente en la casilla de anotación se escribió “2 pick up Frontier”.
La directora Rosalyn Corrales le consultó a Sussy Wing sobre cómo va a comprobar la empresa estatal que efectivamente Cooperecicla R.L. se llevó los vehículos si las bitácoras no llevan las firmas. Enseguida Wing dijo que al menos tienen las salidas y que ella dispone de “fotos donde ellos tienen las piezas, vendiéndolas”.
Cooperecicla R.L. sostuvo que ellos registraron en sus bitácoras cada extracción de chatarra que realizaron en las instalaciones de Japdeva. Además, manifestó que todas sus labores dentro de la institución fueron supervisadas por oficiales de la entidad portuaria.
“Lo único que le puedo decir es que nosotros, en nuestra operación, solicitamos que todo lo que nosotros hacíamos, en todo momento, tuviera los personeros y los oficiales de Japdeva”, dijo Hurtado.
Agregó que no podían sacar absolutamente nada de ahí sin la debida supervisión: “De todo lo que salió tenemos fotos y bitácoras. No porque nos lo exigieran. Desde el propio momento de entrar nosotros habilitamos una serie de básculas para que se pudieran hacer los pesajes. Tomamos las medidas no porque pensamos que pudiera pasar algo así, sino que en todo lo que nosotros hacemos tomamos las medidas de cada detalle de logística”, concluyó el gerente de la cooperativa.
Denuncias contra empresa y funcionarios de Japdeva
El director de Japdeva, Jorge Villegas, señaló una posible responsabilidad de la administración por la omisión en los procesos de control interno.
“Necesito saber si esos funcionarios están trabajando actualmente, si son funcionarios activos, para poder determinar en algún momento también un poco de responsabilidad por parte de ellos, para llevar el debido proceso, porque hay una ley de control interno que debemos tener muy clara y que se violó”, comentó Villegas.
Los jerarcas acordaron terminar de levantar el informe para enviarlo a la Asesoría Jurídica para establecer posibles procedimientos en contra de los funcionarios de la institución, así como de la empresa contratada.
