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La presidenta de la Asamblea Legislativa, la liberacionista Silvia Hernández Sánchez, será la encargada de fijarle un plazo a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para ajustar el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, luego de la opinión emitida el sábado por la Sala IV sobre ese expediente.
Así lo establece el Reglamento de la Asamblea Legislativa para el trámite de las opiniones consultivas que emitan los magistrados sobre proyectos de ley consultados.
Este lunes por la mañana, en Cartago, la legisladora liberacionista respondió ante la prensa que, para empezar el proceso, es “imprescindible tener el fallo integral y no únicamente el por tanto”.
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“Es a partir de que se reciba ese fallo integral que se puede proceder con lo que sigue en ese camino procedimental”, comentó.
A la Comisión de Consultas de Constitucionalidad le tocará resolver los vicios encontrados por la Sala Constitucional en cuanto a la rectoría que el proyecto le atribuye al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) sobre el Poder Judicial, las universidades públicas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Vía telefónica, Hernández agregó que, una vez tenga a mano la opinión consultiva completa, ella asignará un “tiempo prudente, pero razonable” para que la comisión emita un informe.
Enfatizó que hay un proceso establecido, reglamentariamente, que le da a la Asamblea la posibilidad de seguir con este trámite, a partir del momento en que la Sala Constitucional emita su fallo integral.
“Me pongo a disposición del tribunal constitucional para que podamos tener esa opinión en un tiempo razonable, por la importancia de continuar con este trámite”, dijo.
La ruta del trámite parlamentario establece en el artículo 146 del Reglamento que, una vez que la presidencia legislativa notifica al plenario la opinión consultiva recibida, envía el documento a la Comisión de Consultas por el plazo que considere prudente.
La costumbre ha sido que la presidencia le asigne entre 15 y 22 días hábiles al foro sobre consultas para que construya su informe, según la complejidad del fallo que tengan entre manos.
El foro constitucional lo integran la liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta del órgano; la independiente Zoila Volio, secretaria; Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN).
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Dentro de la comisión, los diputados pueden presentar la cantidad de mociones que consideren necesarias para acoger las observaciones de constitucionalidad de los magistrados.
Esas mociones pueden ir en la vía de quitar o agregar frases, precisamente para resolver los vicios advertidos por los miembros de la Sala Constitucional.
El inciso 2 del artículo 146 dice que, si la Comisión de Consultas tiene dudas sobre la opinión consultiva, puede solicitar aclaración o adición al tribunal constitucional, pero que se podrá emitir el informe sin esperar esa respuesta.
Concluido el plazo que le fije la presidencia legislativa, esa comisión emitirá un informe que llegará al primer lugar de los asuntos de régimen interno del Congreso.
Tan pronto como llegue la recomendación, el proyecto se discutirá en el plenario. Para eso, cada congresista tiene 10 minutos para hablar por el fondo del dictamen y, automáticamente, se ampliará el lapso de la primera parte de la sesión del plenario.
Usualmente, esa primera parte se desarrolla entre 3 p. m. y 4 p. m. Si la lista de oradores no se hubiere agotado a las 6 p. m., la presidencia legislativa dará por discutido el asunto y lo pondrá a votación de inmediato.
Si la recomendación del foro sobre consultas fuese enviar el plan para que se trabaje en la comisión dictaminadora o en plenario, de todas formas entraría al primer lugar de la agenda respectiva.
En caso de que la Comisión de Consultas le haga cambios al texto, deberá ir directo al primer lugar del capítulo de los primeros debates, para su discusión por el fonto y nuevamente votación, pues así lo ordena el Reglamento legislativo.
En el panorama de que el foro no recomendara cambios, iría directo al capítulo de los segundos debates, lo cual parece improbable para este caso.
Solo en el caso de que el plenario considere que las inconstitucionalidades señaladas por la Sala no puedan ser jurídicamente subsanadas, entonces el expediente iría al archivo.
