EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró este miércoles que visitó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, y no observó tala de árboles en la zona de protección. Además, no consideró un daño el camino que, según la Fiscalía, se construyó sobre un humedal. En ese sitio, el mandatario vio hierbas.
El mandatario se refiere a los terrenos de la reserva que, de acuerdo con una investigación judicial, habrían sido objeto de daños ambientales gracias a aparentes permisos ilegales de tala concedidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a una sociedad del empresario Allan Pacheco Dent, conocido de Chaves.
El Ministerio Público sostiene que, además de la tala, se rellenó un humedal para hacer un camino.
“Fuimos a revisar, no se tocó el área marítimo terrestre, no se cortó un solo árbol en el área marítimo terrestre, y el camino que decía Ariel (Robles, diputado), que iba a destruir toda la costa sur del Caribe en el Atlántico, no, ahí lo que hay son hierbas y no se ve que haya habido movimiento de carros”, aseveró Chaves en Puerto Viejo.
El presidente también salió en defensa de Pacheco Dent. Argumentó que fue detenido por las autoridades judiciales, pero quedó libre porque no había cometido algún delito.
Sobre Ariel Robles, legislador del Frente Amplio (FA), comentó que dio “alaridos” por los daños ambientales, pero la finca no está dentro de ninguna zona protegida.
“La finca donde Ariel dijo cantidad enorme de basura, dice el OIJ, no pertenece al refugio natural de Gandoca-Manzanillo. Nada que ver, está fuera, dice el OIJ. Ni siquiera es parte de las tierras que requiere la ley 9.223, que es la ley que hace esto de la regulación y la protección de Gandoca-Manzanillo. No requiere que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) la expropie y la devuelva, no, no, no. Está fuera de la ley”, agregó.
La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han hecho dos allanamientos a las oficinas del Sinac, la Municipalidad de Talamanca y a domicilios de funcionarios y particulares, en medio de una investigación sobre un presunto plan para permitir la urbanización en terrenos del refugio mediante métodos ilegales.
Un allanamiento se realizó el 16 de julio y el otro, el 20 de agosto. El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.
