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El presidente de la República, Carlos Alvarado, defendió la inclusión de ocho categorías de empleo público en una propuesta de ley elaborada por su administración, a pesar de que la Contraloría General de la República ( CGR) advierte de que estos mantendrían la disparidad salarial en el Estado.
Si bien el mandatario acogió las críticas del órgano contralor como parte del proceso de construcción de una ley en una democracia, señala que, en la práctica, es difícil homologar reglas y sueldos de los empleados públicos de la salud, educación, policías y hasta de los músicos.
Por consiguiente, según el mandatario, estos tienen que diferenciarse, a pesar de que mantendrían categorías distintas de pago a los empleados estatales.
“Hay una posición que dice que debe haber un único régimen y no haber diferenciaciones, y eso en principio parece ser oportuno.
"No obstante, en la realidad, choca con la implementación de eso, porque estamos hablando, por ejemplo, por un lado de regímenes de educadores, y muchos educadores históricamente se han manejado o por lecciones o por otro tipo de formas. Por otro, lado hablamos de policías, todo lo que son estatutos policiales”, manifestó el mandatario.
La iniciativa de ley, que se analiza en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, fue redactada por el gobierno con la finalidad de ordenar y modernizar la estructura de contratación y remuneraciones de futuros empleados estatales.
El texto establece un salario global que procure nivelar las desigualdades existentes en este rubro; crea un régimen general de servidor público y siete subregímenes diferenciados los cuales son: trabajadores de la salud, policiales, de educación, del servicio exterior, de universidades públicas, del Poder Judicial y de confianza.
También, ordena realizar pruebas técnicas para nuevas contrataciones, así como evaluaciones sobre el desempeño, entre otros elementos.
Sin embargo, la Contraloría advierte de que esa categorización de empleos mantendría sueldos diferenciados en el Estado, y por lo tanto, sugiere mayor equidad en el texto.
Además, demanda más claridad en la definición del salario global.
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Al respecto, el mandatario explicó: “El proyecto busca generar un salario global para que el salario base sea el que contenga el beneficio, y no como lo hemos venido construyendo, que son los pluses salariales los que van haciendo la consolidación del salario. Eso genera muchas distorsiones.
“Parte de la discusión va por ahí. Esa no es una discusión en blanco y negro, es una discusión que, como país, hay que dar”, dijo Alvarado, la tarde de ayer.
La CGR realizó sus cuestionamientos, primero, en un criterio elaborado a finales de agosto por Luis Diego Ramírez, gerente de División Jurídica; y María Gabriela Pérez, fiscalizadora de la División Jurídica de la entidad.
Luego, hace dos días, la contralora general, Marta Acosta, reiteró la advertencia en una comparecencia en la Comisión de Gobierno.
Por su parte, Alvarado recordó que el objetivo del texto redactado en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) es garantizar la eficiencia en el servicio público.
