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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó este miércoles una serie de decretos que derogan las tarifas mínimas fijadas por diversos colegios profesionales.
El 10 de agosto, el mandatario había puesto en consulta un plan para eliminar las tablas de precios mínimos de abogados, contadores públicos, notarios, ingenieros, arquitectos, ingenieros químicos, terapeutas físicos, geólogos, microbiólogos, químicos clínicos, biólogos, físicos y nutricionistas.
En esa fecha, anunció también proyectos de ley para derogar las tarifas de los Colegios de Médicos y Cirujanos, Ingenieros Agrónomos, Cirujanos Dentistas y Psicólogos, pues estas están fijadas por ley.
Los decretos finalmente fueron firmados durante el acto del Consejo de Gobierno en Cartago, con ocasión de la llegada de la Antorcha de la Independencia.
Las órdenes presidenciales reforman el reglamento al artículo 10 de la Ley de Tarifas Honorarias para Profesionales Contadores Públicos Autorizados, el arancel por servicios profesionales en abogacía y notariado, el Estatuto de Servicios de Microbiología y Química Clínica.
Durante la firma de los decretos, el Gobierno indicó que a partir de ahora, los profesionales de dichas áreas podrán brindar servicios de traspaso de propiedades y constitución de empresas a precios más bajos de los que estaban estipulados, sin ser sancionados por eso.
Durante la sesión, se firmó también un proyecto de ley que deroga las tarifas mínimas en otros servicios profesionales, el cual pasará ahora al conocimiento de los diputados.
De acuerdo con el Gobierno, esta medida se fundamenta en un estudio publicado, en febrero del 2022, por la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), el cual sugirió eliminar la posibilidad de que los gremios establezcan tarifas mínimas por los servicios profesionales.
La Coprocom consideró que “las tarifas mínimas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas más elevadas que, a su vez, encarecen otros bienes y servicios que utilizan los servicios profesionales como insumo”.
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Un ejemplo de una tarifa mínima es el precio por hora que, según el Colegio de Contadores Públicos, deben cobrar sus agremiados por consultoría o asesoría. La cifra es de ¢22.695.
Otro ejemplo es el monto de ¢60.500 que el Colegio de Abogados establece por el traspaso de un vehículo para un notario público.
Cuando el decreto de derogatoria fue puesto en consulta, varios colegios profesionales se pronunciaron en contra.
El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, por ejemplo, argumentó que, al jurar cumplir el Código de Ética Profesional, sus agremiados se comprometen a acatar las tarifas mínimas, pues estos precios buscan garantizar que se cubran los rubros necesarios para que los laboratorios den un servicio de calidad y buena atención.
A su vez, el Colegio de Abogados anunció la interposición de recursos legales en contra de la medida.
La Nación solicitó a la Presidencia los decretos firmados y el proyecto de ley anunciado, para conocer la lista oficial de tarifas derogadas y las que se eliminarían. No obstante, al cierre de este artículo, no se recibieron los documentos.
Alcalde y diputados reprochan ausencia de medidas para Cartago
El alcalde de Cartago y dos diputados de oposición de la Vieja Metrópoli reprocharon que el Ejecutivo no llegara a la celebración patria con propuestas o anuncios específicos para el beneficio de la provincia, como se espera que ocurra cada 14 de setiembre.
Mario Redondo, el jerarca municipal; Paulina Ramírez, diputada de Liberación Nacional; y Antonio Ortega, legislador del Frente Amplio, expresaron su decepción por el hecho de que el Gobierno no anunciara medidas para acelerar la construcción del hospital de Cartago, ni para ampliar la carretera que comunica a la provincia con San José, obras que los cartagineses les piden a los gobernantes desde hace años.
“Ninguno de los decretos tienen que ver con algo relacionado a Cartago (...) Pese a que hizo una gira en la que estuvo con sectores y algunos grupos y se mencionaron estos emas, hoy era la ocasión de anunciarlos, hoy era el momento”, dijo Ramírez.
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La legisladora dijo que horas antes, los diputados y alcaldes de la provincia firmaron una carta en la que le solicitaron al presidentes respuestas sobre la construcción del centro de salud, pero durante los actos protocolarios no hubo mención del tema.
“No creo que haya nada de sustento y lamentablemente la agenda Cartago quedó relegada”, coincidió Ortega, quien afirmó que desde el inicio de la administración tampoco se han establecido políticas públicas para atender el cambio climático, el turismo rural y a los sectores productivos, temas que, dijo, son fundamentales para la provincia.
Con ambos coincidió Redondo, quien aseguró que dará “un tiempo prudencial” para ver si empiezan a observarse propuestas específicas para Cartago.
“La etapa de aprendizaje, creo que ya transcurrieron los meses para que se haya dado y esperamos que a partir de ahora se pueden observar resultados más concretos”, dijo el alcalde de la Vieja Metrópoli.
