EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que vetó la ley que pretendía liberar de la regla fiscal al Sistema de Emergencias 9-1-1 porque él recientemente presentó un proyecto a la Asamblea Legislativa para exonerar a “un paquete” de instituciones de esa norma que limita el crecimiento del gasto público.
Chaves aseguró que, dentro de esa lista de entidades y programas, justamente se encuentra el 9-1-1. Por ello, alegó el mandatario, no va a aprobar leyes individuales para liberar a instituciones que “tienen padrinos y madrinas” en el Congreso.
“No significa que no queremos darle esos ¢600 millones que necesitan al año, lo que pasa es que en este país hay miles de leyes. Nosotros presentamos al Congreso una exención de la regla fiscal que incluye a 9-1-1, Procomer y otras entidades que generan recursos propios.
“Lo que nosotros estamos solicitando a los diputados es que no hagamos una ley para cada cosita pequeña; arreglemos esto en un paquete para que no inundemos a Costa Rica de leyes y decretos que confunden a la gente. Entonces, se los devolvimos con mucho respeto”, aseguró Chaves.
Enseguida, el mandatario agregó que “ahí hay algo que incluye al 9-1-1 y otras instituciones, en lugar de ponerse a hacer una ley para las instituciones o programas que cuentan con padrinas y madrinas; o hay pa todos o hay patadas”.
Esta posición, externada este viernes en Puntarenas, se contrapone con los argumentos que el mismo presidente manifestó cuando vetó otra ley que pretendía exonerar del cumplimiento de la regla fiscal a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), a inicios de su administración.
En aquella ocasión, el mandatario aseguró a los diputados que su decisión buscaba “garantizar finanzas públicas sanas”. En el veto enviado al Congreso, agregó que “resulta sumamente inconveniente para las finanzas públicas generar una excepción a Procomer de la regla fiscal, a la vez que no envía un mensaje correcto y oportuno de responsabilidad y estabilidad fiscal que el país requiere en estos momentos”, dice el oficio del 18 de mayo.
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Cuatro meses después de aquella decisión, el presidente Chaves ahora pide a los diputados liberar a un grupo de instituciones de la regla fiscal.
Esa norma es un mecanismo legal que le impone un tope de crecimiento al gasto público. Conforme mayor es el endeudamiento público y menor sea el ritmo de la economía nacional, más estricto es el techo.
Proyecto del Gobierno aumentaría el gasto corriente
El Gobierno pide a los diputados liberar de la regla fiscal a empresas públicas o instituciones autónomas con actividades comerciales que no forman parte del régimen de competencia, como el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Todas estas instituciones quedarían libres del tope al crecimiento del gasto público.
La solicitud incluye, también, a 52 entes públicos no estatales, entre estos el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), los colegios profesionales y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
La propuesta, asimismo, abriría la puerta para aumentar el gasto corriente del Gobierno Central. Si la reforma hubiese sido aprobada para el Presupuesto Nacional del 2023, por ejemplo, este tipo de gasto habría podido crecer en casi ¢140.000 millones.
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El plan enviado a la Asamblea Legislativa implica liberar los intereses de la deuda pública y el gasto de capital (obras y equipamiento) de la aplicación de la regla fiscal, lo que propiciaría más espacio de crecimiento para los montos destinados a salarios, servicios y transferencias a instituciones y personas.
Cuando el mandatario anunció la iniciativa, en conferencia de prensa del 7 de setiembre, señaló que era necesario hacer reformas a la regla fiscal porque esa norma “ha estado dando problemas innecesarios que más bien obstruyen el buen manejo de los recursos públicos”.
Además, alegó que su propuesta “de mero sentido común” pretende liberar de la norma a instituciones o programas “con actividades comerciales o ingresos de otra naturaleza que no sean gastos fiscales”.
