El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, anunció en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa que esa organización sindical se opone rotundamente a que la educación sea declarada como un servicio esencial.

Así se refirió a un proyecto que pretende crear una lista específica de aquellos servicios públicos que se podrían considerar esenciales y, en consecuencia, en los que no podría haber huelga.

“El hecho de que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho, aunque es un servicio sumamente importante”, dijo el sindicalista frente a los legisladores.

En cambio, reconoció que “es diferente cuando se habla de los derechos a la alimentación y a la salud”, aunque junto con estos dos calificó a la educación de “derechos fundamentales”.

Cascante argumentó que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la educación no es un servicio esencial porque “no deteriora la calidad de vida” de las personas.

A nombre de la ANDE, el vocero argumentó que la única intención de que se incluya la educación como servicio público esencial es que se les prohíba a los trabajadores de ese sector recurrir a las huelgas como medida de presión.

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Por eso, la organización gremial califica el plan de la diputada Yorleny León como “altamente regresivo” y amenazó con ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Comisión sobre Libertad Sindical de la OIT en caso de que se apruebe la ley.

Es más, dijo que es inadmisible extender la lista de servicios esenciales porque aseguró que sería una “violación a los principios de razonabilidad” y que sería “desproporcionado”.

“Pretender menoscabar su ejercicio, mediante la prohibición en educación y otros servicios públicos, antes excluidos de la restricción, implica una regresión en materia de derechos humanos y, por ende, sería una violación al principio de progresividad”, indicó Cascante.

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El sindicalista hizo referencia a una sentencia de la Sala Constitucional de 1998, en la que ese tribunal dijo que los servicios en los que se limita la huelga son los de transporte marítimo, ferroviario, aéreo, labores de carga y descarga en muelles, así como los que causen grave o inmediato daño a salud y economía públicas.

“Educación no se encuentra en ese grupo de servicios esenciales antes indicados y, en consecuencia, es válido el ejercicio de este derecho fundamental, más aun cuando se trata de la defensa de intereses colectivos que, finalmente, pretenden proteger los derechos laborales”, manifestó el sindicalista.

‘Ojalá que se hiciese servicio esencial los comedores’

Ante una pregunta de la diputada Nidia Céspedes, del bloque de legisladores independientes, Gilberto Cascante negó que haya ninguna responsabilidad de los educadores en la suspensión del servicio de comedores escolares.

Es más, diferenció que hablar de comedores escolares es poner en juego la alimentación de los niños y las niñas, pero insistió en que “el educador no es el que ofrece ese servicio, sino el Ministerio de Educación Pública (MEP)”.

“Ojalá se hiciese un servicio esencial los comedores, porque así podríamos ver que la alimentación, la infraestructura y las personas que están ahí tienen la más alta calidad para ofrecer el servicio”, dijo el sindicalista.

Ante los criterios de Cascante, la legisladora Céspedes cuestionó que, si bien le traslada la responsabilidad de los comedores a las juntas de educación, qué pasa entonces con las cocineras que se van a huelga, gremio que también se une a las huelgas.

“Ese es un servicio muy esencial, el de los comedores", comentó Céspedes. Agregó que no entiende que, si las cocineras se van de huelga, “¿quién le va a dar comida a los niños?”.

“Una huelga de 89 días afectó los comedores y la comida de los niños. A mí que no me vengan a decir que ese no es un servicio esencial”, dijo.