Allan Castro Tassara, presidente de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio), afirmó este jueves que mandos medios del BN lo presionan a él y a sus compañeros directivos para que dejen de denunciar los créditos irregulares que Asebanacio otorgó entre el 2013 y el 2017.

Castro aseguró que, en su caso, sufre acoso y persecusión por parte de la Subgerencia de Riesgo y Crédito del Banco Nacional (BN), así como del área de Recursos Humanos.

“Dejan de procesar nuestras tarjetas, nos dan plazo para salir del BN, nos quisieron cerrar la línea de crédito, nos cerraron el correo electrónico, nos sacaron del sistema de extensiones telefónicas del Banco, nos están sacando del sistema de pago electrónico. ¿Por qué la Junta Directiva del Banco Nacional guarda silencio?”, dijo Castro.

Añadió que un exdirectivo de Asebanacio lo ha acosado y él lo denunció ante el Ministerio Público. Según su dicho, “esos hechos fueron corroborados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)".

La actual Junta Directiva de Asebanacio compareció, bajo juramento, ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.

Solo quedan dos integrantes de la Junta que entró en octubre del 2017, la cual abrió procedimientos para determinar qué pasó con una serie de créditos aparentemente irregulares.

Los directivos de esa época que permanecen con Allan Castro Tassara e Isabel Bonilla Herrera, secretaria de Asebanacio. De acuerdo con el presidente de la organización solidarista, los demás renunciaron debido a las presiones provenientes del Banco Nacional (BN).

“Vale la pena investigar de cuál subgerencia han venido las presiones para la mayoría de renuncias de Asebanacio. Ha habido acoso y agresión de magnitudes inigualables”, manifestó Castro.

“Ningún miembro de la Junta ha acusado a nadie. Hemos puesto denuncias para que se investigue. También se han puesto denuncias ante Recursos Humanos, sin que haya respuesta”, dijo Castro.

El presidente de Asebanacio sostuvo que lo han presionado para que él se acoja a la pensión y que él denunció la situación ante la Subgerencia de Desarrollo para que lo protejan, pero no ha tenido respuesta.

“También, fui sujeto de acoso y persecusión por parte de la Subgerencia de Riesgo y Crédito, en el primer semestre del 2019. Se hizo una reestructuración del departamento, en la que participo, y se me indican que no me quieren como jefe de crédito”, dijo Castro.

Aseguró, ante los diputados, que él cuestionó de quién venía la orden y nadie le dio respuesta; el 28 de junio del año pasado, un correo de Recursos Humanos le habría indicado que podía seguir en su cargo.

Pero Castro no quedó ahí. Añadió que la Subgerencia de Crédito y Riesgo lo citó, el 8 de julio, para “marcarme la cancha, como dijo él”, y le dio una carta con una disminución de categoría o para que renunciara.

“Todos esos actos están denunciados ante la Fiscalía de Fraudes. Sabemos de investigaciones en Recursos Humanos para ver si encuentran algo y hacernos desistir de la acusación”, insistió.

Entre otras acciones que ha habido de parte del Banco, relató que hubo una nota ofensiva y amenazante de una funcionaria de Recursos Humanos y que ya hay una denuncia contra ella, para que se determine desde dónde viene el acoso y la discriminación.

El exdirectivo que lo acosa, continuó el presidente de Asebanacio, ha dirigido correos a terceros, diciéndoles que él denunció ante el Ministerio Público, y también sugiriendo preguntas para una comparecencia.

Aunque el diputado independiente Erick Rodríguez Steller trató de que dijeran quiénes acosan, los jerarcas de Asebanacio prefirieron reservarlo para la investigación de la Fiscalía.

Revisión de créditos

Una revisión de la firma KPMG, a solicitud de la Junta Directiva de la asociación solidarista, detectó que créditos por ¢16.876 millones fueron otorgados a diferentes compañías, por medio de procesos en los que detectaron 15 tipos de deficiencias de control y seguimiento de operaciones de crédito.

Ese informe data de mayo del 2018, en que se revisó una cartera de financiamiento empresarial administrada por la organización solidarista, entre el 2013 y el 2017.

Los créditos carecían de análisis de capacidad de pago de clientes, además de que había préstamos otorgados sin garantías suficientes o que excedían el límite máximo autorizado. Por otra parte, Asebanacio hizo desembolsos previos a la autorización de la Junta Directiva.

Otro documento, el Informe de Análisis de Expedientes de Créditos a Asociados, elaborado también por la firma KPMG, señaló una carencia de una política adecuada para el manejo de los conflictos de interés dentro de la asociación.

Al revisar los préstamos otorgados entre esos años, la firma encontró operaciones aprobadas a exdirectores de apellidos Prado Mendoza y Picado Villalobos, en sesiones en las que ambos participaron.

La investigación por esos créditos irregulares está en manos de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y están bajo investigación 10 empleados del Nacional, cinco hombres y cinco mujeres.

Los investigados son de apellidos Prado Mendoza, Ortega Guevara, Bermejo Barrantes, Escalante Soto, Cordero Hernández, Murillo Boniche, Agüero Alvarado, Jiménez Matarrita, Palacino Castillo y Ureña Monge.

¿Por qué es un caso bajo investigación legislativa?

La Asebanacio tiene más de 5.000 asociados y, para la constitución de esa asociación, no solo se emplearon los aportes de los trabajadores, sino que se hizo un traslado del fondo de cesantía de los trabajadores por ¢60.317 millones.

Que sea una entidad privada generó fuertes choques entre el diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y los demás legisladores.

El problema se generó cuando Carranza quiso atacar a quienes señalan al gobierno de Luis Guillermo Solís y a los directores bancarios que esa administración nombró como responsables por la debacle en los créditos irregulares de la Asebanacio.

“Tenemos de frente a una asociación estrictamente privada en una Comisión de Ingreso y Gasto Público. El Banco traslada el caso a la Sugef. Es evidente una organización irresponsable, que para efectos de los compañeros y compañeras, se ha dicho que es del PAC, pero el primer crédito se hace en el 2013, de 2.181 millones en el gobierno de Laura Chinchilla, para que lo apunten, del PLN, a El Toro Bonito ZV”, dijo Carranza.

Añadió que el siguiente crédito cuestionado, por ¢600 millones, se dio en mayo del 2014, entrando Luis Guillermo Solís.

“No es un asunto partidario, hay una evidente asociación privada, que le ha causado un gran daño al Banco Nacional. El Banco Nacional es víctima y tanto así que los que estaban cumplían rigurosamente todo lo que estipula el BN. A veces nos confundimos buscando culpables”, agregó.

Las declaraciones de Carranza generaron indignación en Yorleny León, Luis Fernando Chacón y Franggi Nicolás, de Liberación, así como a José María Villalta, del Frente Amplio.

“Yo quisiera creer, diputado Carranza, que usted se equivocó y que por error dijo lo que dijo. Me extraña y me duele escuchar de un diputado del PAC, que todo el tiempo han tomado la bandera de defender la bandera de los derechos de los trabajadores, que diga que estamos frente a un caso privado, que no deberíamos conocerlo y parte sin novedad”, dijo León.

La liberacionista enfatizó que se trata de colaboradores de una institución pública, cuyos préstamos se dieron porque había fondos trasladados del Banco a la organización, que pasaron a ser recursos privados, pero añadió que no por eso hay que dejar desprotegidos a los trabajadores de una entidad tan relevante con el Nacional.

El independiente Erick Rodríguez machacó y dijo que es poco serio decir que a uno no le pueden hacer un parte por estar en raya amarilla, porque otro también lo está.

“Yo no comparto lo que dijo el diputado Carranza”, agregó Chacón, quien enfatizó que se dieron créditos entre el 2014 y el 2017 a personas y empresas que no tenían nada que ver con la asociación, sin garantías, totalmente laxas y sin ningún respaldo.

Villalta comparó lo que dijo Carranza con los argumentos que excongresistas como Jorge Rodríguez, de la Unidad; Otto Guevara, del Movimiento Libertario, cuando decían que el caso del cementazo era privado, que Juan Carlos Bolaños era una empresa privada y no tenía nada que ver con el Congreso.

“Diputado Carranza, yo no lo esperaba de usted, es una vergüenza lo que usted dijo. Dijo una cosa cierta, todo lo demás es mentira. Lo único cierto es que esto empezó en el gobierno de Laura Chinchilla”, dijo el frenteamplista.

La comparecencia de la actual Junta de la Asebanacio terminó con una moción para recibir en audiencia a los anteriores directores de esa entidad.