EscucharRóger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), avaló el proyecto de ley para atraer inversionistas extranjeros al mercado de bonos de deuda interna mediante una equiparación de impuestos. En su criterio, la iniciativa reduciría las tasas de interés que paga el Gobierno a sus acreedores, dejaría más recursos al sector privado y reduciría la presión sobre el tipo de cambio.
El plan, presentado por la administración de Carlos Alvarado y acuerpado por la de Rodrigo Chaves, eliminaría la doble imposición tributaria que actualmente pesa sobre los extranjeros si invierten en deuda interna. Se eliminaría el tributo del 15% por el envío de remesas al exterior cuando trasladen las ganancias desde costa Rica hacia sus países de origen.
Así, inversionistas locales y foráneos tendrían el mismo trato: pagarían un 15% de renta del capital inmobiliario.
“Por el momento, el criterio de la presidencia (del BCCR) es un criterio positivo, aunque vimos unos detalles que se podrían mejorar o aclarar”, les dijo el jerarca a los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El Ministerio de Hacienda busca un mercado interno más dinámico, con más competidores que ofrezcan mejores plazos y tasas de interés, y así presionar menos el crédito para el sector privado.
En ese sentido, Róger Madrigal consideró positivo exonerar el 15% de impuesto por remesas al exterior. En su criterio, el proyecto incrementaría la base de ahorrantes que dispondrían de más recursos para financiar la deuda pública.
Explicó que los inversores extranjeros están acostumbrados a invertir su dinero a plazos más largos, lo que abre la posibilidad de reducir las tasas de interés que debe pagar el Gobierno, al tiempo que el Estado demandaría menos ahorro interno.
“Una menor presión sobre el ahorro interno tendería a bajar las tasas de interés (de los créditos), lo que favorecería y dejaría mayor cantidad de recursos para el sector privado, todo lo cual es coherente para el estímulo de demanda agregada y llevaría mayor inversión, empleos”, subrayó.
Al mismo tiempo, la llegada de recursos externos en moneda extranjera facilitaría el acceso del Banco Central a más reservas internacionales y mitigaría la presión del sector público no bancario por esas reservas. “Solo el hecho de que eso ocurra ayuda a estabilizar expectativas, favorece la formación de precios y decisiones en el resto de la economía”, enfatizó.
LEA MÁS: Gobierno pide equiparar impuestos a extranjeros para que compren bonos de deuda interna
Además, resaltó que una mayor oferta de recursos externos en el mercado local disminuiría las presiones sobre el tipo de cambio.
Madrigal dijo estar de acuerdo con que la iniciativa autorice a la Bolsa de Valores a organizar mercados secundarios de deuda pública. “El artículo 23 abre una gama de participantes en el mercado de valores, reduce costos de transacción y, por tanto, reduce costos de colocación de deuda”, añadió.
El jerarca también avaló que ese tipo de compras esté excluida de la Ley de Contratación Administrativa, así como la contratación externa para su custodia local e internacional. Se mostró a favor de que solo se rijan por los principios de la legislación, dado que no ve posible que los inversionistas compran y vendan deuda pública a través de una plataforma de compras públicas.
De someterlos al proceso de esa legislación, según aseveró, los inversionistas externos estarían expuestos a apelaciones.
Sin embargo, el jerarca planteó algunos ajustes al texto. Entre estos, propuso que se aclare que el BCCR estará excluido de las regulaciones de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
También, planteó que se elimine el trato diferenciado que se plantea a los inversores extranjeros. Para los ahorrantes locales, existe la obligatoriedad de registrar el titular o beneficiario final de los valores adquiridos, mientras que para ahorrantes extranjeros el registro sería en una cuenta agregada.
“El registro individualizado de los ahorrantes responde a una buena práctica, en la lucha contra la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la que debería aplicarse a todo tipo de ahorrante, ya que esta diferenciación generaría un precedente para que el ahorrante local exija ese mismo trato”, propuso el jerarca.
